El gobernador de San Luis pidió remover a una jueza por honorarios millonarios

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El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, pidió el juicio político y la remoción de la jueza Cynthia Liliana Fernández Paz, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, por una resolución que fijó honorarios millonarios contra el Estado provincial.

El mandatario anunció que instruyó a la fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, a presentar una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La presentación apunta contra una decisión dictada el 2 de marzo de 2026 en un incidente de regulación de honorarios vinculado a la causa "Asamblea Ciudadana por el Vulpiani c/ Gobierno de la Provincia de San Luis, Serving S.R.L. y/o otros s/ acción preventiva de daño ambiental".

Según la denuncia, la magistrada fijó una base regulatoria de 93.000 JUS, equivalente a casi $4.000 millones, y reguló honorarios por más de $1.198 millones a favor de dos profesionales que intervinieron en una etapa inicial del proceso.

En diálogo con Cadena 3, Zárate aclaró que el planteo del Gobierno no cuestiona la acción colectiva ambiental ni la cautelar que frenó la obra proyectada en la zona del Parque Acueducto Vulpiani, en Juana Koslay. "Se trataba de un proceso colectivo ambiental que tuvo su resultado en base a una cautelar por la cual se detuvo el avance de la obra para proteger el bosque nativo y el ambiente", explicó la fiscal de Estado.

En ese sentido, remarcó: "No cuestionamos la acción colectiva ambiental ni su resultado". Sin embargo, sostuvo que se trataba de una causa de monto indeterminado y que, pese a eso, la jueza resolvió fijar una base económica para calcular los honorarios.

Zárate señaló que Fernández Paz tomó como referencia el doble del valor de la obra que se proyectaba realizar, pese a que esa obra nunca se inició. "Antojadizamente determinó ese monto del proceso, lo transformó en JUS y hoy son casi $4.000 millones", indicó.

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Instruí a la Fiscal de Estado de la Provincia, Dra. María Fabiana Zarate, a que realice la denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento solicitando la remoción del cargo de la Jueza Titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la 1º Circunscripción Judicial, Dra.…

— Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) June 23, 2026

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Para la fiscal de Estado, esa decisión implicó transformar arbitrariamente un proceso ambiental sin monto económico concreto en una causa con valor determinable. "Se ha apartado del derecho vigente claramente, tanto al estimar el monto del proceso en un juicio que no tenía monto como al regular los honorarios", afirmó.

La funcionaria también explicó que los abogados beneficiados por la regulación "no tenían la tarea completa", ya que habían renunciado cuando el juicio todavía estaba en trámite. Además, sostuvo que incluso los propios profesionales habían solicitado una suma menor a la finalmente fijada por la jueza.

"El juicio perseguía la protección del ambiente. Eso se consiguió: proteger el bosque nativo de la zona del Parque Vulpiani. Pero luego se debía regular reconociendo la tarea de los abogados, que no cuestionamos, aplicando la ley de honorarios y el código de procedimientos", planteó.

Para el Gobierno provincial, la resolución fue "estrafalaria, desmedida y grotesca". Poggi sostuvo que el expediente estaba relacionado con un supuesto daño ambiental derivado de una obra pública que nunca se realizó y que, por lo tanto, no produjo daño ambiental.

Zárate insistió en que el objetivo de la denuncia es proteger los recursos públicos. "Esta denuncia tiene por objeto proteger realmente los recursos del Estado", sostuvo.

Y agregó: "Nosotros, como Fiscalía, tenemos la obligación de defender los intereses del Estado, que no es ni más ni menos que ese Estado que va a concretar los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos: la salud, la educación y la seguridad. ¿Con qué? Con los recursos. Y los recursos no son otra cosa que los impuestos de los contribuyentes".

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La fiscal advirtió, además, que el caso podría generar un precedente grave para otros expedientes. Señaló que los honorarios cuestionados corresponden sólo a algunos profesionales que ya renunciaron, pero que en la causa aún intervienen otros abogados y peritos. "Esto sería un precedente gravísimo para situaciones posteriores, atentos a que estos profesionales han renunciado y hay más profesionales en la causa, más abogados y más peritos", sostuvo.

El escrito presentado por Fiscalía de Estado encuadra la conducta de Fernández Paz en tres causales previstas por la Ley de Jurado de Enjuiciamiento: desconocimiento inexcusable y grave del derecho, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y graves irregularidades en el procedimiento que habrían provocado desprestigio del Poder Judicial.

"Presentamos la denuncia por tres causales. Una es el desconocimiento grave e inexcusable del derecho; la otra, irregularidades en el procedimiento que afectan el prestigio del Poder Judicial; y la tercera, incumplimiento de deberes", precisó Zárate en Cadena 3.

Además de pedir la remoción, Fiscalía de Estado solicitó la suspensión preventiva de la magistrada mientras dure el proceso. El argumento es que en el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 tramitan 37 causas en las que el Estado provincial es parte, por lo que su permanencia al frente del tribunal podría representar, según la presentación, un riesgo institucional y procesal para la defensa de los intereses públicos.

El escrito también cuestiona el impacto económico de la resolución. Según los cálculos incorporados por Fiscalía de Estado, la base de casi $4.000 millones equivaldría a 61 viviendas familiares, 54 camionetas patrullero, 38 ambulancias de mediana complejidad, 5.642 computadoras o 230 respiradores artificiales. En tanto, los honorarios regulados por más de $1.198 millones representarían el equivalente a 18 viviendas, 39 patrulleros, 11 ambulancias o 69 respiradores.

En la entrevista, Zárate también dimensionó el monto al señalar que la suma discutida representa "un mes de recaudación provincial del impuesto inmobiliario" o la construcción de viviendas sociales, entre otros bienes esenciales para la prestación de servicios públicos.

Poggi vinculó el caso con la defensa del patrimonio público. "Cuando un funcionario público, en este caso una jueza, atenta contra el bienestar de todos los sanluiseños, asaltando los fondos públicos con acciones que ponen en riesgo el patrimonio de todos los contribuyentes y la normal prestación de los servicios del Estado, debe ser denunciado y enjuiciado dentro del estado de derecho", sostuvo.

La fiscal de Estado aclaró que la protección ambiental lograda con la cautelar fue correcta y necesaria. También señaló que el Estado debe tener presente el impacto ambiental de las obras públicas, pero sostuvo que eso no habilita una regulación de honorarios que, a su criterio, resulta arbitraria y desproporcionada.

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"Es correcta una cautelar para evitar el daño ambiental. Nosotros hemos estado en esa postura: evitar el daño ambiental. Pero eso no significa que luego le acarree al Estado un perjuicio tan grande como abonar regulaciones de honorarios que nada tienen que ver con la dimensión de la tarea profesional", afirmó.

La denuncia también incorpora otros antecedentes judiciales con los que Fiscalía de Estado busca demostrar un presunto "patrón de conducta" de la magistrada. Entre ellos, menciona una denuncia previa tramitada bajo el expediente JUR 95/26 y otras causas en las que se cuestionan decisiones de Fernández Paz por presunto apartamiento del derecho aplicable.

Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento deberá analizar la admisibilidad formal de la denuncia. Según explicó Zárate, el organismo tiene hasta cinco días para pedir la ratificación de la presentación. Una vez ratificada, comenzará a correr un plazo de 15 días para decidir si hay motivos para abrir formalmente el proceso. "Recién ahí se abre el juicio propiamente dicho", precisó la fiscal de Estado.

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Entrevista de Miguel Clariá.

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