Advierten que bajar la edad de imputabilidad violaría estándares internacionales
El abogado penalista Pedro Despouy Santoro sostuvo en Cadena 3 que la iniciativa del Gobierno entra en conflicto con la Convención sobre los Derechos del Niño y alertó sobre sus efectos criminógenos.
27/01/2026 | 14:17Redacción Cadena 3
FOTO: Bajar la edad de imputabilidad, ¿puede traer complicaciones al Estado?
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El abogado penalista y profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba, Pedro Despouy Santoro, cuestionó la iniciativa del Gobierno nacional de reducir la edad de imputabilidad penal a los 13 años y advirtió que la medida podría generar planteos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad contra el Estado argentino.
En declaraciones a Cadena 3, el académico afirmó que la propuesta "entra en pugna con los estándares internacionales", al recordar que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó en 2019 que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a los 14 años. Según explicó, avanzar por debajo de ese umbral contradice compromisos asumidos por la Argentina en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Despouy Santoro fundamentó su postura también en evidencia científica. Señaló que, de acuerdo con estudios de neurociencia, a los 12 o 13 años la corteza frontal del cerebro aún se encuentra en desarrollo, lo que limita la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto. En ese sentido, sostuvo que "es poco probable que a esa edad exista una comprensión plena de la criminalidad del acto y de sus consecuencias", y defendió los 14 años como un punto mínimo razonable para atribuir responsabilidad penal.
El profesor de la UNC calificó la iniciativa como una expresión de "punitivismo simbólico" y remarcó que, desde la criminología crítica, está demostrado que el endurecimiento de penas o la ampliación del sistema penal no tiene un efecto disuasorio significativo ni reduce de manera efectiva la delincuencia juvenil. Por el contrario, alertó sobre el riesgo de incorporar niños y adolescentes al sistema penal a edades tempranas.
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En ese marco, advirtió que muchos establecimientos de encierro terminan funcionando como una "escuela del delito". "Lejos de resocializar, estos espacios reproducen trayectorias criminales y favorecen la reincidencia", afirmó, al tiempo que cuestionó la idea de que el castigo temprano sea una solución al problema.
Para Despouy Santoro, el eje del debate debería desplazarse de la edad de imputabilidad a las causas estructurales del delito juvenil. Identificó entre los factores centrales a la exclusión socioeconómica, el abandono escolar, la violencia intrafamiliar y el consumo problemático de drogas. "La discusión sobre la edad no tiene demasiada entidad si no atendemos verdaderamente a las razones por las cuales un niño comete un delito", sostuvo.
El penalista propuso priorizar políticas de prevención social, fortalecer la contención familiar temprana y avanzar en mecanismos de justicia restaurativa que permitan al menor comprender el daño causado y repararlo.
Para los casos de delitos graves, planteó la necesidad de dispositivos especializados con equipos interdisciplinarios, y no "cárceles depósito". Según indicó el abogado, la respuesta debe ser una política de Estado sostenida en el tiempo, basada en la evidencia jurídica y empírica, y enfocada en la prevención más que en el castigo.
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