Paro policial y saqueos: la noche de los lobos sueltos

Juan Federico

Hace ocho años, Córdoba comenzaba a lacerarse como sociedad. Una huelga policial sin antecedentes desde hacía mucho tiempo, dejaba toda una ciudad indefensa de sí misma. Fue la noche que nos dejaron solos... con nosotros mismos. Y la imagen que vimos, que vivimos, aún es difícil de procesarla.

En los cuatro puntos cardinales donde el contrato social fue saqueado, casi desde aquel mismo momento nadie quiso hablar más. De aquella lucha de todos contra todos. De aquellos sueños rotos. De aquellas promesas vacías. De la víctima sin victimario y de los miles de despojados por sus propios vecinos.

Fue un paro policial. Hubo mucho condimento político. Pero lo que más quedó al desnudo fue una fragmentación social como hacía mucho que no se reconocía. Una sociedad que en realidad está conformada por capas superpuestas de personas que sólo comparten un paisaje geográfico en común, pero que se ignoran de manera mutua.

El germen del estallido había comenzado meses antes, en septiembre, cuando explotó en la Justicia federal de Córdoba lo que en aquel momento se llamó el "narcoescándalo", a raíz de una denuncia presentaba por un personaje aún indescifrable, como Juan Francisco "el Francés" Viarnes.

La cúpula de Drogas Peligrosas de la Policía quedó presa, uno de los agentes bajo sospecha apareció muerto de un balazo en la cabeza y el poder político apuró la salida del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de la fuerza, Ramón Frías, dos comisarios que durante años habían marcado el pulso interno de la principal fuerza de seguridad de la provincia.

En un contexto de elecciones legislativas nacionales en las que el kirchnerismo cordobés mostraba lo que terminó por ser su músculo más robusto hasta hoy, las denuncias por el "narcoescándalo" coparon la agenda mediática y la desconfianza social hacia la Policía se acrecentó.

El entonces gobernador José Manuel de la Sota rearmó de apuro la estructura de seguridad: Alejandra Monteoliva, una especialista en temas de análisis de seguridad y violencias que había llegado de la mano de Paredes, fue ungida como nueva ministra. César Almada y Carlos Galbucera, dos policías "troperos" con demasiados años de calle y comisarías, pasaron a ocupar los principales sillones de la Jefatura.

Pero los cambios no trajeron tranquilidad. El fiscal Enrique Senestrari continuó ordenando allanamientos en sedes policiales, incluso en la misma Central azul, y las sospechas por la muerte de Alós giraban en ese momento hacia la peor de las hipótesis. Y a través de la televisión, continuaban reproduciéndose denuncias que luego se comprobarían armadas.

El final judicial del "narcoescándalo" aún no está escrito, ya que se demora la palabra final de la Corte Suprema de la Nación. Alós, determinó la Justicia años después, se suicidó. Pero en aquel momento, todo parecía mucho más grave y complejo de lo que finalmente se comprobó.

Apenas asumió, Monteoliva ordenó una purga en Drogas Peligrosas que involucró a más de 100 agentes. Uno de ellos, pistola en mano, amagó con quitarse la vida en medio de la base. "¡No somos todos narcos!", gritaba. Y comenzaba a expresar un malestar generalizado.

En los policías comenzaba a hacer mella toda la deslegitimación pública asociada al "narcoescándalo". Y, sin que las autoridades lo advirtieran a tiempo, empezaba a germinar el estallido de diciembre. Primero fue un grupo inorgánico de mujeres. Luego, mensajes anónimos en redes sociales. Los reclamos eran coherentes: mejores sueldos, mejores condiciones edilicias, mejor reconocimiento. El estado interno de la Policía era bastante parecido a lo deplorable.

Monteoliva tenía varios frentes abiertos simultáneos: mientras intentaba recomponer el ánimo interno, recibía denuncias por graves desmanejos de las finanzas policiales (desde el cloro de los baños hasta los repuestos), lo que ahondaba en el desprestigio; en el medio, llegaba de imprevisto el secretario de Seguridad K Sergio Berni y todo se revolucionaba aún más; y también tenía que lidiar con el frente político interno: ella no era una militante y su ascenso no era digerido por los viejos caciques del peronismo cordobés.

De septiembre a diciembre hubo un suspiro. En un abrir y cerrar de ojos, los reclamos de las mujeres de los policías continuaban sin que apareciera una solución. En la madrugada del 3 de diciembre, apenas se cerró la puerta del avión que iba a llevar al gobernador De la Sota a Colombia, para participar de un congreso, la base policial del Distrito 5, en barrio Cerveceros, de la ciudad de Córdoba, se paró.

Durante toda la mañana y la tarde, cada vez más policías se iban plegando a la protesta. Ya habían designado al abogado Miguel Ortíz Pellegrini como su representante ante el Gobierno. El derecho a huelga para los policías no existe. Pero ya no había nada que permitiera resolver rápido la situación.

Las horas pasaban y mientras en un café de la zona sur Ortíz Pellegrini y el entonces ministro de Gobierno Oscar González intentaban conciliar posiciones, las calles comenzaban a convulsionar. Un mozo se acercó a aquella mesa y los invitó a retirarse: había rumores de saqueos e iban a bajar las persianas.

Taxistas y remiseros denunciaban en la radio que en diferentes esquinas grupos de jóvenes y más grandes ya les impedían pasar. Antes del anochecer, saquearon el primer supermercado. Los reportes ciudadanos advertían que los lobos estaban sueltos. Pero nadie se podía imaginar lo que se vería horas después: enjambres de motociclistas que copaban el Centro y Nueva Córdoba para saquear todo lo que encontraran a mano.

Fueron miles de comerciantes, grandes, medianos y pequeños, los que perdieron todo. Cientos los que armados decidieron treparse a los techos para defender lo suyo. Grupos especiales de la Policía, con algunos comisarios aún de pie, salieron a intentar contener lo que ya no tenía freno. En la base de barrio Cerveceros, continuaban entrando más policías. Ya en la madrugada del 4, Almada y Galbucera intentaron la última jugada: fueron hasta allí a pedirles que volvieran. Los silbidos les dieron la pauta de que su historia en la fuerza ya estaba jugada.

De la Sota se enteró del desmadre mientras aguardaba el trasbordo en Panamá. Sacó pasaje de inmediato para regresar a Córdoba. Cuando arribó, después de la medianoche, hizo dos pedidos públicos: que los policías volvieran a trabajar y que el Gobierno nacional atendiera las súplicas para enviar fuerzas nacionales. Intentaba mostrar autoridad en el peor momento.

La noche fue larga. Los gendarmes nunca llegaron y ya en la mañana del 4 todos sabían que Córdoba no podía soportar una noche más igual. Treinta horas después del inicio de la huelga, el abogado Ortíz Pellegrini ingresaba en la base de barrio Cerveceros y anunciaba un acuerdo que en realidad aún no estaba firmado. Pero a esa altura, ya había movimientos al interior de los huelguistas para prolongar el paro.

A todo esto, el Gobierno cordobés ya comenzaba a denunciar una operación del Gobierno nacional, que nunca atendió los pedidos de auxilio para enviar gendarmes.

Javier Alejandro Rodríguez (20) fue la única víctima fatal: un balazo nueve milímetros (similar al que utilizan las fuerzas policiales) lo atravesó en medio de un saqueo a un súper de barrio Deán Funes, al sudeste de la ciudad. Nunca se supo quién lo mató.

Miles de comerciantes quedaron destruidos. Toda una sociedad padece las secuelas de una ruptura sin antecedentes. Las clases fueron suspendidas hasta el año siguiente y los niños cuyos padres habían saqueado celebraban el adelanto de la Navidad.

A nivel judicial, no hubo responsables. Cincuenta y ocho policías fueron enviados a juicio por el fiscal Raúl Garzón que los acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de los caudales públicos e instigación a cometer delitos. Hubo 52 condenados: la pena más alta fue para un agente que recibió un año de prisión condicional.

La entonces fiscal federal Graciela López de Filoñuk, hoy jubilada, entendió que la Nación había abandonado a Córdoba a su propia mala suerte. Pidió imputar al jefe de Gabinete nacional de aquel entonces, Jorge Capitanich, a la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y al secretario de Seguridad, Sergio Berni, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa viajó a Comodoro Py y en julio último la jueza Eugenia Capuchetti la archivó: entendió que los funcionarios nacionales no se habían enterado a tiempo de lo que pasaba en Córdoba aquella larga noche del 3 de diciembre de 2013.