Juicio a la red narcocriminal en Salta: la Fiscalía detalló el rol de los implicados

En el primer día de alegatos en el juicio contra la red narcocriminal en Salta, en la cual son juzgados presos, familiares y agentes del servicio penitenciario, la Unidad Fiscal reconoció el rol de los imputados al detallar la participación de funcionarios en la comercialización de drogas y exacciones ilegales, así como la función de internos y allegados.

En una jornada extensa que duró más de siete horas y continuará este jueves por la mañana, la apertura de los alegatos estuvo a cargo del fiscal especializado en narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, quien advirtió sobre un aspecto que quedó en evidencia a lo largo de las audiencias: “Un contexto de corrupción y degradación institucional dentro del Servicio Penitenciario, al menos en el período investigado”.

En relación con el caso, precisó que el organismo público implicado tenía la obligación de custodiar y resguardar a los internos. Sin embargo, surgieron testimonios de presos y de funcionarios, incluido el actual director de la Unidad Carcelaria, que dieron cuenta de amiguismo, falta de compromiso funcional y un desconocimiento pleno de las normas carcelarias.

Otro de los puntos que subrayó es que el modus operandi, la participación de los imputados y sus roles quedó acreditado durante el juicio, el cual la etapa de testimoniales duró seis semanas.

Explicó que la organización estaba integrada por tres engranajes claramente definidos. El primero lo constituían los internos Manuel Méndez y Héctor Banegas. El segundo era el sector externo, representado por la madre de Méndez, María Inés Méndez, y la esposa de Banegas, Ivana Gutiérrez, quienes se encargaban de la triangulación y apertura de cuentas, del cobro del dinero, de proveer la droga, prepararla, prensarla, acondicionarla e ingresarla al penal, con la colaboración de otras personas que facilitaban sus cuentas para las operaciones financieras.

Luego, el tercer engranaje estaba conformado por personal del Servicio Penitenciario, en este caso Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García, que permitieron el ingreso y la comercialización de estupefacientes dentro del ámbito de custodia, generando el marco necesario para que Méndez llevara adelante la actividad ilícita.

“Estamos ante una empresa criminal sofisticada y enquistada en el centro del Servicio Penitenciario de nuestra provincia”, precisó.

Rubelt remarcó que todos los implicados en la empresa criminal actuaban bajo un plan común con roles definidos. El circuito incluía la provisión y acondicionamiento de la droga, su ingreso al penal, la venta, el cobro y la triangulación de pagos, lo que configuraba una suerte de “mini esquema de lavado de dinero”.

Resaltó además que la estructura delictiva no fue casual, ya que cada función estaba determinada, la cual iba desde la seguridad externa, hasta los encargados de registro, requisas, pabellones y celaduría: “Se delineaba un camino directo desde la calle hasta el interior del penal, que garantizaba el funcionamiento de la organización”.

Durante la lectura de alegatos, el fiscal indicó que durante el juicio no pudo acreditar la participación de Silvana Avendaño en la organización criminal, por lo que retiró la acusación. Lo mismo ocurrió con Andrea Abigail Alba, aunque sí será acusada por tenencia simple de estupefacientes, debido a que durante el allanamiento a su domicilio le secuestraron 15 gramos de cocaína.

Luego, fue el turno de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien expuso que se trata de un caso complejo ya que, según remarcó, el Servicio Penitenciario combina dos características que lo vuelven particularmente difícil de investigar: su estructura jerárquica y la inaccesibilidad de lo que ocurre dentro de los muros.

Respecto del testigo Mario Teruel, hermano de Lautaro, hijo del cantante de Los Nocheros, la fiscalía había mantenido reserva de imputación por cohecho, pero se resolvió desistir de la acusación al entender que, a la luz de los testimonios escuchados en la audiencia, existió un vicio evidente de libertad en su accionar.

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