"Banda de los muchachitos": hallan armas "tumberas" y casi un kilo de cocaína

Por Juan Federico

Ignacio Guevara González (24), uno de los hijos de Sergio Alberto "el Chancho" Guevara, un hombre que supo tener un imperio territorial en barrio Autódromo, en las profundidades de la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, y que hoy cumple una condena de 16 años de prisión por el brutal homicidio contra el examante de su pareja. Por aquel mismo caso, otro hijo de Guevara, Emiliano Alberto Guevara González, recibió 15 años de cárcel.

En abril de este año, Ignacio Guevara González y otros siete jóvenes (él, con 24 años, es el más grande de todos) fueron acusados por el fiscal Juan Pablo Klinger de haber conformado una presunta asociación ilícita para asaltar a motociclistas en un radio demarcado de la ciudad.

Una banda de “pirañas” motorizados que, en patota, encerraba a sus víctimas y las despojaban de los rodados y de todo lo de valor que llevaran encima. Un método tan brutal como aceitado.

En la investigación abundan datos para el asombro. Sólo entre el 30 de enero de este año y el pasado 13 de marzo, la banda habría robado al menos ocho motos. En una ocasión, sorprendieron a dos jóvenes ingresando en una casa y a ambos les sustrajeron los rodados. El 23 de febrero, asaltaron a dos víctimas con una diferencia de sólo ocho minutos. Cebados.

Para la fiscalía fue clave reunir todos los sumarios acumulados en sólo semanas que alertaban sobre una similar modalidad de robo de motos en un radio determinado de la ciudad. Un patrón en común.

En uno de los últimos casos, un joven había sido perseguido por una patrulla y detenido en una moto recién sustraída a punta de pistola, en el anillo externo de la Circunvalación, a la altura de Ampliación Poeta Lugones. Días después, otro sospechoso fue capturado en barrio Autódromo, cuando en un control se detectó que manejaba otra moto con pedido de secuestro a la que le habían adulterado la patente.

Encontrar los nexos invisibles en estos casos terminó por ser fundamental. Víctimas, vecinos, cámaras, celulares y redes sociales formaron parte de un combo investigativo que permitió ir conectando los casos con los mismos delincuentes.

Para concretar los asaltos, se dividían en roles: en duplas, y en diferentes motos, rodeaban desde atrás y por los costados a sus víctimas, obligando a que frenaran; en ese momento, a punta de pistola y con golpes de puño, las despojaban del rodado y de otras pertenencias de valor; luego, una parte de la banda se encargaba de vender lo robado a través de las plataformas de las redes sociales.

Fue tal la proliferación de estos casos, que incluso un grupo de deliveries ya había comenzado a advertir que la ruta de las motos robadas llevaba hacia Autódromo y Sol Naciente. Este dato produjo que algunas de las víctimas intentaran pagar “rescates” para recuperar los rodados que les acababan de robar.

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Pero, dentro de los laberintos de esos barrios, Guevara ostentaba tener un “ejército de vendedores” de objetos robados. Motos sustraídas durante una noche ya eran comercializabas antes del mediodía siguiente. Incluso, hubo ocasiones en la que los delincuentes salieron a buscar modelos especialmente encargados por los futuros compradores.

De acuerdo a la investigación, tras los robos, los jóvenes se ufanaban en redes sociales. Publicaban fotos en Instagram, además de enviárselas en chats de whatsapp, alardeando de las motos que acaban de sustraer. Al mismo tiempo, publicaban imágenes de armas y de fajos de billetes. Y hasta de un chaleco antibalas de la Policía. El nivel del armamento que manejaban, da la pauta de que no era una banda de improvisados.

En su momento, esta investigación, repleta de datos e informes que daban cuenta de la estructura de esta banda, con múltiples tentáculos, quedó en medio de una bochornosa polémica iniciada por el fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno, quien hace un año saltó de la defensa penal a uno de los máximos sillones del Ministerio Público Fiscal.

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Ocurrió 12 de junio pasado, en el marco de un curso de posgrado organizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn) en conjunto con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí, Pérez Moreno se manifestó de manera crítica a la aplicación extendida de la figura de asociación ilícita.

En su exposición, el funcionario criticó con tono sarcástico la aplicación de la figura de asociación ilícita, afirmando que en Córdoba se ha “desnaturalizado” su uso, al punto de convertirse en una “broma” entre colegas.

“Vemos a tres abogados y decimos ‘che, asociación ilícita’”, ironizó, para luego cuestionar su empleo en casos de robos menores, como los cometidos por “10 muchachitos que roban en moto”.

La alusión a la compleja investigación que lleva adelante el fiscal Klinger tomó por sorpresa a varios en los Tribunales, ya que la descalificación del fiscal adjunto iba a contramano de la orden impuesta por el aún jefe de los fiscales, Juan Manuel Delgado, quien a lo largo de su gestión ha bregado para que las fiscalías lejos de quedarse con la parte superficial del delito fueran a buscar los tentáculos invisibles de toda la cadena.

Pérez Moreno sugirió que esta calificación se utiliza como un medio para justificar prisiones preventivas y forzar acuerdos en juicios abreviados, recurriendo al polémico concepto de “derecho penal del enemigo”.

Al conocer esto, dos fiscales, Juan Pablo Klinger y Enrique Gavier, presentaron sendas notas ante la Fiscalía General, el Tribunal de Ética y el Tribunal Superior de Justicia, exigiendo una investigación sobre la conducta del funcionario.

Al final, todo se cerró con un reproche al fiscal Adjunto.

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Lo que no terminó por completarse, aún, es la investigación de Klinger contra los "muchachitos".

El martes último, la fiscalía ordenó allanar el club bailable Zafira ubicado en barrio Autódromo, perteneciente a la familia Guevara, y la vivienda particular de la madre de Ignacio Ezequiel Guevara González, Alejandra González, en el mismo barrio, en busca de las armas que tenían en su poder a partir de la prueba que se había encontrado en los teléfonos celulares secuestrados.

El despliegue para ejecutar estos procedimientos fue notable: comisionados de la fiscalía, liderados por el comisario inspector Sergio Ramón Nieva, la Guardia de Infantería, la Patrulla de Zona Norte y de la División Canes de la Policía.

Fue en el marco de estos operativos que en el domicilio de la madre de Ignacio Guevara se logró el secuestro de dos armas de fuego de fabricación casera, similares a una escopeta, y 16 cartuchos de escopeta aptos para el disparo.

Pero la sorpresa mayor se obtuvo en el techo de la vivienda, donde se halló una bolsa con contenido "sospechoso": un pan de cocaína.

Fue necesario llamar a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que constató que se trataba de más de 700 gramos de cocaína.

Ante esto, se ordenó la detención de la mujer, a la que se le abrió una causa en el fuero de lucha contra el narcotráfico (narcomenudeo).

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