Baja de edad de imputabilidad: "El sistema actual quedó fuera de época"

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   Cadena 3 Rosario

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La decisión del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias reactivó con fuerza un debate que atraviesa a toda la dirigencia política y judicial. En ese contexto, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, dialogó con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario y sostuvo que la discusión no debe limitarse exclusivamente a la edad de imputabilidad, sino que requiere una transformación estructural del sistema penal juvenil en la Argentina.

Borinsky recordó que el país aún se rige por la ley 22.278, sancionada en 1980, y remarcó que se trata de un régimen “desactualizado”, que no responde a los estándares internacionales ni a las demandas actuales de la sociedad. En ese sentido, afirmó que la reforma debe brindar seguridad jurídica, previsibilidad y una inserción más clara de la Argentina en el marco de los compromisos asumidos en tratados internacionales, especialmente los vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El magistrado señaló que la edad de imputabilidad es un aspecto relevante, pero no el único. Explicó que en el derecho comparado la responsabilidad penal juvenil comienza antes que en Argentina —donde hoy está fijada en 16 años—, pero advirtió que de nada serviría modificar ese número sin un sistema que contemple qué hace el Estado “el día después”. En esa línea, planteó la necesidad de políticas públicas de reinserción que incluyan educación, capacitación laboral, abordaje psicológico, programas deportivos, culturales y de salud.

Borinsky también hizo hincapié en que el nuevo esquema debe diferenciar entre delitos gravísimos y hechos de menor entidad. Para los casos más extremos, como homicidios, abusos sexuales, crimen organizado o narcotráfico, consideró que el sistema debe dar respuestas firmes. Sin embargo, para otros delitos propuso fortalecer salidas alternativas, como mediaciones, tareas comunitarias y mecanismos restaurativos que contemplen a la víctima y apunten a la recomposición del tejido social.

En relación con la utilización de menores por parte de bandas criminales, el juez advirtió que las organizaciones delictivas “toman el tiempo” de las leyes y operan dentro de los márgenes que estas permiten. Por eso, sostuvo que la actualización normativa también debe contemplar esa realidad y evitar que los adolescentes sean utilizados como “instrumentos” por estructuras mayores, sin dejar de cumplir con las convenciones internacionales que protegen sus derechos.

El magistrado evitó pronunciarse sobre una edad específica para la imputabilidad y señaló que esa definición corresponderá al ámbito político. No obstante, insistió en que el debate debe ser integral y no reducirse a un número, ya que el verdadero desafío es construir un sistema especializado, con autoridades capacitadas y recursos adecuados, que combine responsabilidad penal con una política sostenida de inclusión social.

Finalmente, Borinsky vinculó la reforma con una demanda social más amplia de mayor seguridad y eficacia institucional. Sostuvo que el sistema penal juvenil debe formar parte de una política de Estado que escuche a las víctimas, garantice derechos y contribuya a la paz social, superando un esquema legal que, según remarcó, quedó anclado en otra época y ya no ofrece respuestas acordes a la complejidad actual del delito juvenil.

Entrevista de Fernando Carrafiello.

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