La Corte Suprema inició el decomiso de bienes de Lázaro Báez por US$ 60 millones

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La Corte Suprema de Justicia inició el procedimiento para transferir al Estado cerca de 60 millones de dólares en bienes y dinero decomisados a Lázaro Báez y a su hijo, Martín Báez, en el marco de la causa conocida como “la Ruta del Dinero K”. La decisión se formalizó a través de un oficio enviado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura del tribunal, Sergio Romero, al juez Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que condenó a los imputados.

En el documento, Romero informó que se dispuso la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos en subastas realizadas durante el proceso y de inmuebles registrados a nombre de los Báez. Asimismo, indicó que esos bienes fueron inscriptos bajo la titularidad de la Corte Suprema, conforme a lo establecido por el Código Penal y el Código Procesal Penal.

El funcionario pidió al TOF 4 la transferencia de las sumas decomisadas y de los fondos producto de las subastas a dos cuentas, una en pesos y otra en dólares, administradas por la Corte. También solicitó la remisión de la documentación correspondiente a las subastas efectuadas en el incidente judicial vinculado a la causa.

Según la sentencia dictada en abril de 2021, se ordenó el decomiso de US$ 54,8 millones, US$ 5 millones, US$ 307.994 y US$ 950.000, lo que totaliza US$ 61,1 millones. La resolución también incluyó montos en pesos, actualizables según el índice de precios al consumidor del INDEC, por unos $4,1 millones. En el veredicto, el TOF dispuso que, una vez firme la sentencia, se ejecutaran los decomisos sobre todos los bienes cautelados y se mantuvieran vigentes las medidas restrictivas aplicadas.

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La sentencia quedó firme luego de que, en febrero de 2023, la Cámara Federal de Casación confirmara los decomisos y, en mayo de 2025, la Corte Suprema rechazara los recursos presentados, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Tras ello, el TOF 4 notificó el inicio del proceso de ejecución.

Ese procedimiento se superpuso con la creación del Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dispuesto por el Poder Ejecutivo en mayo de 2025 mediante el Decreto 575/2025, como organismo encargado de la administración de los bienes incautados. Sin embargo, la Corte Suprema había establecido previamente que la gestión y ejecución de esos bienes es atribución de los jueces intervinientes en cada causa penal.

El decreto fue cuestionado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que promovió una demanda al considerar que la norma afectaba la independencia judicial. En octubre, el juez federal contencioso-administrativo Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó su aplicación, al entender que el decreto modificaba de manera integral el régimen de administración de bienes de origen ilícito y excedía las competencias del Poder Ejecutivo.

En su resolución, Cayssials señaló que la creación del Consejo implicaba un nuevo esquema que impactaba en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, comprometiendo incluso su autonomía presupuestaria. Con ese fallo como antecedente, la Corte avanzó ahora en el proceso de inscripción y transferencia de los bienes decomisados a su administración.

Informe de Fabio Ferrer.

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