Córdoba prohibiría a los presos cambiar de cárcel por autopercibimiento de géne
El Ministerio de Justicia de Córdoba analiza adoptar un decreto nacional que impide a los detenidos cambiar de cárcel según su identidaad de género, para evitar casos de abuso como el de Gabriel Fernández.
05/09/2025 | 08:08Redacción Cadena 3
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Audio. Córdoba prohíbe a los presos cambiar de cárcel por autopercibimiento de género
Radioinforme 3
El Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba analiza adherir a un decreto nacional que prohíbe a los presos cambiar de cárcel según su autopercibimiento de género, medida que busca evitar casos de abuso como el de Gabriel Fernández, un condenado que, tras declararse mujer, fue trasladado a una cárcel femenina donde cometió un delito sexual.
El caso de Gabriel, quien fue condenado por violencia de género como hombre, marcó un precedente. En prisión, se autopercibió como mujer, obtuvo un nuevo documento de identidad como Gabriela y fue trasladado a una cárcel de mujeres, donde abusó de una detenida, dejándola embarazada, según investigaciones en curso.
Este hecho motivó que, en febrero de 2025, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, publicara un decreto que establece que los detenidos deben permanecer en la cárcel correspondiente al género con el que ingresaron al momento de cometer el delito, independientemente de cambios posteriores en su identidad.
En Córdoba, el Ministerio de Justicia analiza aplicar el mismo criterio tras detectar al menos cuatro casos similares, incluyendo el de un hombre condenado en 2022 a 17 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Este individuo, tras ratificarse su condena en 2024, solicitó ser reconocido como mujer, cambió su documento de identidad, en el modificó su nombre de pila y su género, y pidió ser trasladado a una cárcel femenina.
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Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, estos casos evidencian un uso indebido de la Ley de Identidad de Género, aprobada para proteger derechos de colectivos vulnerables, pero que algunos presos utilizan para obtener beneficios penitenciarios.
El decreto nacional y su posible adhesión en Córdoba generan un debate jurídico y constitucional.
Por un lado, la Ley de Identidad de Género reconoce el derecho al autopercibimiento, lo que podría derivar en recursos legales por parte de los detenidos que buscan hacer valer su nueva identidad.
Por otro, el derecho de la población carcelaria, especialmente mujeres, a no ser víctimas de abusos en prisión está en juego. El caso de Gabriel Fernández, quien según denuncias ejerció poder sobre otras internas, marca este conflicto.
El Ministerio de Justicia de Córdoba y el Servicio Penitenciario provincial buscan equilibrar ambos derechos, priorizando la seguridad de los internos.
Sin embargo, expertos advierten que la aplicación de estas normativas podría enfrentar recursos de inconstitucionalidad, dado que los documentos de identidad cambiados otorgan un estatus legal que chocarían con las restricciones impuestas.
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