Al final, ¿Qué queda de la reforma laboral?

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Por Adrián Simioni

Si todo sale como anticipan los números del oficialismo, el Senado le dará en las próximas horas media sanción a una reforma laboral que, aun recortada por negociaciones políticas y corporativas, modifica aspectos sensibles de nuestra vida en el trabajo. La pregunta que sobrevuela el debate no es técnica ni jurídica: es concreta. ¿Va a generar empleo? ¿Va a mejorar la situación de quienes hoy trabajan? ¿O simplemente reordenará un sistema lleno de tensiones?

Mucho se habló de lo que quedó afuera del proyecto original. La negociación dejó huellas visibles. No se redujo la alícuota de Ganancias, los sindicatos conservaron la cuota sindical y los aportes a las obras sociales, las cámaras empresarias mantuvieron ciertos ítems sobre la nómina salarial y los bancos retuvieron la exclusividad en la liquidación de sueldos, sin habilitar billeteras virtuales. También se descartó la no obligatoriedad de los descuentos sindicales, una demanda de sectores que reclamaban mayor libertad individual.

Ese es el punto de partida: una reforma que ya no es la que fue pensada inicialmente, sino la que sobrevivió al juego de fuerzas del poder real.

¿Y qué queda en pie? Hay cambios relevantes. Se amplían los servicios considerados esenciales y se imponen límites más estrictos a las huelgas en esos sectores. Se regulan las asambleas en horario laboral —que deberán ser notificadas y autorizadas— y se habilita el descuento salarial por esas horas. Se relativiza el alcance de la tutela sindical.

En materia de despidos, se crea un esquema de aportes empresariales a modo de “seguro”, con una alícuota del 2,5% para pymes y del 1% para grandes empresas, administrado por ANSES. Se modifica el cálculo de indemnizaciones y juicios laborales: aguinaldo y vacaciones dejan de integrar la base y el salario de referencia pasa de los últimos diez años al promedio de los últimos tres. También se ajustan los criterios para enfermedades y accidentes laborales y se reinstalan los tickets canasta, excluidos del cálculo indemnizatorio.

La ultraactividad de los convenios —esa particularidad que hace que sigan vigentes aun vencidos— no se elimina, pero se obliga a renegociarlos en el plazo de un año. No queda del todo claro qué sucede después. El período de prueba se extiende de tres a seis meses. Se formaliza el banco de horas, permitiendo jornadas de hasta doce horas diarias sin alterar el límite semanal. Y se establece con claridad que quienes trabajan mediante aplicaciones no mantienen relación laboral con esas plataformas.

El diablo, como siempre, estará en la letra chica. En cómo se redacten las comas. En cómo interpreten los jueces laborales. En si la norma sobrevive a las cautelares que seguramente presentarán sindicatos y, eventualmente, también cámaras empresarias. Incluso se inscribe en un debate más amplio: el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, con el consecuente cambio de criterio en futuras sentencias.

Ahora bien, más allá de la arquitectura jurídica, el interrogante central es económico. El empleo no lo crea una ley: lo crea la actividad económica. Pero el marco legal puede facilitar —o desalentar— la contratación formal. La reforma intenta reducir zonas grises que hoy son semillero de litigios: la responsabilidad solidaria en tercerizaciones, las relaciones con monotributistas que luego se judicializan, la incertidumbre sobre determinadas modalidades contractuales.

Desde esa perspectiva, podría decirse que el proyecto busca previsibilidad. Y la previsibilidad, en teoría, favorece la contratación.

El problema es otro. Para el trabajador que hoy está registrado, muchos de los cambios no aparecen como una mejora evidente. La ampliación del período de prueba, la modificación del cálculo indemnizatorio o las restricciones a la acción sindical generan inquietud. Incluso medidas que ya se aplican de hecho —como la fragmentación de vacaciones— ahora tendrán un respaldo normativo que dependerá del equilibrio real entre empleador y empleado.

El desafío es evitar que, en nombre de combatir abusos, se generalicen restricciones que afecten a todos. Las excepciones existen en ambos lados del mostrador: hay empresas que abusan y hay trabajadores que litigan de manera oportunista. Pero legislar para el conjunto exige una prudencia que trascienda la lógica del caso extremo.

El debate parlamentario será intenso, con discursos largos y posiciones previsibles. Habrá épica, acusaciones cruzadas y consignas. Sin embargo, la pregunta que debería ordenar la discusión es más simple y más profunda: ¿esta ley ampliará el trabajo registrado en la Argentina? ¿Permitirá que quienes hoy están en la informalidad accedan a cobertura médica, aportes jubilatorios y estabilidad?

Si la respuesta es afirmativa, la reforma habrá cumplido un objetivo central. Si no, habrá sido apenas una reorganización de tensiones históricas entre capital y trabajo.

En medio del ruido político, conviene no perder de vista el fondo de la cuestión. Las leyes laborales no son un fin en sí mismo. Son herramientas. Y la herramienta sólo vale si mejora la vida de quienes todos los días salen a trabajar.

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