Una fiscal colombiana rechazó su detención en Guatemala

BOGOTÁ (AP) — La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, se opuso firmemente el martes a la orden de detención emitida por una corte de Guatemala, en la que se la acusa de asociación ilícita junto a otros funcionarios públicos, vinculada con su actuación en el caso de la empresa brasileña Odebrecht cuando formaba parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

“Más allá de la inmunidad que me protege y que impide la emisión de la orden de captura internacionalque ayer fue tramitada sin los debidos procesos, me da calma el saber que soy inocente de los hechos que me atribuyen, cargados de un sesgo político”, afirmó Camargo en un comunicado que fue presentado a los medios en Bogotá.

Antecedentes de la CICIG

Camargo fue la jefa de investigaciones de la CICIG desde 2014 hasta 2017. Esta misión de las Naciones Unidas operó en Guatemala hasta 2019 y estuvo bajo la dirección de Iván Velásquez, quien actualmente es embajador designado de Colombia ante el Vaticano. También a Velásquez se le emitió una orden de detención por las indagatorias relacionadas con Odebrecht.

Velásquez rechazó hacer comentarios a The Associated Press. Sin embargo, en su cuenta de X, anteriormente Twitter, calificó a la fiscalía guatemalteca de “corrupta” y afirmó que existe una “persecución” hacia él y Camargo. “Ofrezco mi apoyo a los exfuncionarios y a tantos ciudadanos guatemaltecos que la fiscalía ha forzado al exilio”, añadió.

Acusaciones del fiscal Curruchiche

El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, al que varios países han sancionado por obstructores de la lucha anticorrupción y socavar la democracia, indicó que tanto Velásquez como Camargo son acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.

Se acusó a los funcionarios colombianos de haber conformado una estructura criminal liderada por el excomisionado de la CICIG, la cual favoreció a empresarios de la constructora, lo que ocasionó a Guatemala una pérdida de más de 3.000 millones de quetzales (aproximadamente 380 millones de dólares).

Curruchiche notificó que se solicitó a Interpol que lleve a cabo las detenciones.

Camargo consideró que no se emitirá una orden de captura internacional tras el rechazo del gobierno guatemalteco a la solicitud de la fiscalía.

Reacción del gobierno guatemalteco

El gobierno guatemalteco desestimó con rotundidad las órdenes de aprehensión contra Velásquez y Camargo, catalogándolas como “un acto irresponsable y espurio” de la fiscalía, además de afirmar que “carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la CICIG”.

Asimismo, el gobierno colombiano también emitió un comunicado en el que se manifestó en contra de la solicitud de la fiscalía, considerándola “sin base jurídica y un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”. Colombia ha activado canales diplomáticos para presentar su rechazo formalmente.

De acuerdo con el mandato de la CICIG, firmado entre la ONU y Guatemala en 2007, el artículo 10 establece que el personal internacional de la misión disfrutará de privilegios e inmunidades similares a los que se otorgan a expertos de misiones de Naciones Unidas.

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