Se cancelará estatus de protección a 80.000 hondureños y nicaragüenses en EEUU

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump decidió poner fin al estatus de protección temporal (TPS) para cerca de 80.000 hondureños y nicaragüenses, quienes han podido residir y trabajar en Estados Unidos durante 25 años, tras la devastación de un huracán en Centroamérica. Este anuncio coincide con la intensificación de políticas que permiten que más inmigrantes sean considerados para deportación.

Los comunicados emitidos forman parte de una estrategia más amplia para cumplir con las promesas de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas. Esto implica acciones contra personas indocumentadas o aquellas con antecedentes delictivos, además de revocar protecciones a una gran cantidad de individuos, muchos de los cuales se encontraban en el país durante la administración del presidente Joe Biden.

El Estatus de Protección Temporal es un resguardo concedido por el secretario de Seguridad Nacional que evita la deportación y permite trabajar a ciudadanos de ciertos países. La administración Trump ha estado activa en su eliminación, incrementando el número de personas que quedan expuestas a la deportación.

Mejoras en las condiciones en origen

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la secretaria Kristi Noem revisó las condiciones en Honduras y Nicaragua, concluyendo que han mejorado desde la designación de TPS en 1999. Ello sugiere que las personas con estatus pueden regresar a sus países de origen, aunque la TPS Alliance, defensora de inmigrantes, advierte que alrededor de 40.000 hondureños podrían verse vulnerables, ya que muchos han obtenido residencia legal por otros métodos.

La TPS Alliance presentó una demanda contra Noem y el DHS en California, argumentando que la decisión es ilegal. Las protecciones temporales expiraron el 5 de julio, y las autoridades prevén que terminen 60 días después de su anuncio en el Federal Register.

El TPS es concedido cuando las condiciones en el país de origen dificultan el regreso. Las personas protegidas deben registrarse ante el DHS y pueden trabajar, pero no obtienen una vía a la naturalización. La renovación del estatus es periódica, generalmente cada 18 meses.

Con el fin del estatus, los hondureños y nicaragüenses podrían ser deportados, acabándose sus permisos de trabajo si no logran otra forma de continuar en el país.

Opiniones discordantes

Hay quienes critican que lo que se consideraba temporal se ha convertido en prolongado, aduciendo que administraciones sucesivas, especialmente la de Biden, facilitaron renovaciones que permitieron que este estatus se mantuviera por años.

El gobierno de Trump también ha cancelado el TPS para cientos de miles de venezolanos, haitianos y otros grupos. Esto podría cambiar pronto para otros, ya que se espera que miles más expresen sus preocupaciones.

Durante la administración Biden, personas bajo protección del TPS crecieron significativamente, con casi un millón de venezolanos y haitianos incluidos.

José Palma, coordinador de la National TPS Alliance, enfatizó que el rescate del estatus afectará a personas que han edificado sus vidas en EE.UU. durante casi tres décadas, construyendo familias y creando negocios. “Es una crueldad lo que está sucediendo”, afirmó.

Francis García, beneficiaria del TPS por 25 años, expresó su angustia y miedo ante la posibilidad de ser deportada, mientras que Teófilo Martínez, otro miembro de la comunidad, resaltó que no hay condiciones adecuadas para regresar a su país de origen.

Las exigencias de un retorno seguro y la situación actual han suscitado una ola de críticas, tanto en el plano político como social, mientras que el gobierno hondureño también reitera que hay condiciones para el retorno, pero muchos consideran que está impulsado por un sentimiento antiinmigrante.

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Salomón reportó desde Miami. Marlon González en Tegucigalpa contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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