El Tribunal de Paz de Colombia se defiende ante críticas del nuevo gobierno

BOGOTÁ — A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla FARC, el Tribunal de Paz, establecido para juzgar los crímenes del conflicto armado, enfrenta un futuro incierto. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado su intención de desmantelar esta institución, a la que califica como "fallida", a pesar de que aún no ha completado su periodo de 15 años.

Sin embargo, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, argumenta que su futuro no sería sencillo de alterar gracias a su "blindaje constitucional e internacional". En una entrevista, Ramelli destacó que el tribunal está respaldado por la Constitución colombiana y cuenta con la aprobación de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual cerró un examen preliminar a Colombia en 2021, al considerar que el país cumplía con sus obligaciones internacionales en materia de justicia, en gran parte debido a los avances de la JEP.

Ramelli advirtió que cualquier intento de cerrar o modificar la JEP podría llevar a la CPI a reabrir el examen preliminar y eventualmente iniciar investigaciones formales contra individuos en Colombia. "Si eventualmente pasa alguna de esas tres cosas o varias, la Fiscalía de la CPI puede revertir esa decisión", agregó.

La JEP tiene el mandato de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad hasta 2028, con un periodo adicional de cinco años para los juicios. Posteriormente, será el Congreso quien decidirá si extiende su funcionamiento por otros cinco años.

Los acusados que reconocen su responsabilidad en los crímenes pueden acceder a sanciones que no implican prisión, sino que participan en proyectos de reparación. Esto ha generado críticas de algunos sectores que consideran que se traduce en impunidad. Aquellos que no admiten los delitos enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel.

Desde su inicio en 2018, la JEP ha juzgado a más de 14,000 personas involucradas en el conflicto armado, donde el 70% son exguerrilleros, el 29% exmiembros de la fuerza pública y el resto civiles. Este proceso ha dividido a la opinión pública entre quienes ven a la JEP como un hito en la búsqueda de la paz y quienes la critican por su supuesta parcialidad contra los exmilitares.

El nuevo ministro de Justicia de De la Espriella, Iván Cancino, aseguró que no se busca eliminar la JEP, pero exigirá resultados y revisará sus gastos. En contraste, el saliente presidente Gustavo Petro argumentó que la JEP debe ser fortalecida, enfatizando que la búsqueda de la verdad judicial es esencial para la reconciliación nacional.

Ramelli también destacó que un recorte presupuestario podría afectar el acceso a la justicia para las víctimas del conflicto armado. Una conclusión abrupta de la JEP dejaría en un limbo jurídico a quienes se sometieron a su jurisdicción.

La JEP ha logrado emitir sentencias significativas, incluyendo condenas contra la cúpula de las FARC por más de 21,000 secuestros y a exmilitares por ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, aquellos que niegan su responsabilidad enfrentan severas penas, como la de 20 años para un exmilitar en un caso reciente.

Colombia aún enfrenta desafíos significativos relacionados con la violencia, con grupos ilegales que compiten por el control de las ganancias del narcotráfico y la minería ilegal. A pesar de ser un modelo para otros países que atraviesan situaciones similares, la JEP sigue siendo objeto de controversia dentro del país.

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