El futuro político de Le Pen en riesgo tras el juicio de apelación por malversación

PARÍS — Un tribunal de apelaciones en París ha establecido el 7 de julio como la fecha para anunciar un fallo en el caso de Marine Le Pen, quien es acusada de presunto mal uso de fondos de la Unión Europea. Este fallo es fundamental y podría poner en riesgo la candidatura presidencial de la líder de extrema derecha francesa.

El juicio concluyó el miércoles, dejando una pregunta clave en el aire: ¿podrá Le Pen postularse a la presidencia el próximo año?

La política de 57 años está apelando un veredicto emitido en marzo de 2025, donde fue declarada culpable junto a otros miembros de su partido, Agrupación Nacional, por malversar fondos del Parlamento Europeo para la contratación de asistentes entre 2004 y 2016.

Le Pen rechaza las acusaciones, que sugieren que organizó un sistema fraudulento para desviar fondos de la Unión Europea.

Al ser preguntada por el tribunal si quería hacer una declaración final, Le Pen se negó a hablar y abandonó rápidamente el juzgado sin dirigirse a los periodistas presentes.

Este juicio de cinco semanas es crucial, ya que el resultado podría cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales en Francia para 2027.

Ambiciones presidenciales

Considerada una de las principales candidatas para suceder al presidente centrista Emmanuel Macron en las elecciones de 2027, la situación de Le Pen se complicó tras la prohibición de ejercer cargos públicos dictada por un tribunal de París debido a las acusaciones de mal uso de fondos públicos.

Enfrentó a Macron en la segunda vuelta de las elecciones de 2017 y 2022, y su partido ha liderado las encuestas en los últimos años.

El juicio de apelación representa su segunda oportunidad para lograr una absolución que le permita competir en la próxima contienda presidencial.

Si es condenada, Le Pen podría recibir una sentencia que le impida ocupar cargos electivos, lo que haría que su protegido de 30 años, Jordan Bardella, se postule en su lugar.

La popularidad de Bardella ha crecido, aunque su falta de experiencia en temas internacionales y económicos podría ser un obstáculo para una candidatura presidencial.

El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, expresó ante el panel de tres jueces que su cliente "les confía el trabajo de su vida, y la cuestión es si terminará aquí o si puede reconstruirse".

Desvío de fondos de la Unión Europea

Le Pen presenta la apelación junto a otros diez dirigentes condenados, todos buscando revocar las condenas por el uso indebido de financiación destinada a asistentes del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, mientras ella era miembro de la legislatura de la Unión Europea.

Los fiscales sostienen que organizó la contratación de varios asistentes parlamentarios de la Unión Europea, quienes, en realidad, trabajaban para su partido. La investigación reveló que algunos de ellos no tenían contacto con miembros del Parlamento Europeo, y uno actuó como guardaespaldas de Le Pen, lo que violaría las normas parlamentarias.

Una segunda oportunidad

En marzo de 2025, un tribunal de París determinó que Le Pen era la figura central de "un sistema fraudulento" que desvió fondos del Parlamento Europeo por un total de 2,9 millones de euros (3,4 millones de dólares). Como consecuencia, se le impuso una prohibición de cinco años para ocupar cargos electivos y dos años de arresto domiciliario con una pulsera electrónica.

En su defensa, Le Pen calificó la situación como un "escándalo democrático", mientras que los activistas anticorrupción argumentaron que su condena demuestra que nadie está por encima de la ley.

Las penas de arresto domiciliario están suspendidas hasta que se resuelva la apelación.

No se anticipa que el veredicto anterior influya en la decisión del 7 de julio, ya que el juicio de apelación examina el caso desde cero. En Francia, los acusados tienen derecho a solicitar que un tribunal superior revise su caso tras una condena.

Es común que los jueces emitan veredictos semanas o meses después de concluir un juicio, como ocurrió en el caso de Nicolas Sarkozy, cuyo juicio finalizó en abril de 2025 y el fallo se emitió a finales de septiembre.

"Nunca hemos ocultado nada"

Durante el juicio de apelación, Le Pen admitió que algunos empleados pagados como asistentes del Parlamento Europeo realizaron trabajos para su partido, entonces conocido como Frente Nacional, pero defendió que creía que eso estaba permitido y que nunca intentó ocultarlo.

"El error está aquí: ciertamente hubo algunos asistentes, caso por caso, que debieron trabajar ya sea de manera marginal, más sustancial o por completo… en beneficio del partido. Y listo", afirmó ante el tribunal.

También criticó a los funcionarios del Parlamento Europeo por no haber advertido a su partido sobre posibles infracciones en la contratación de personal.

"Nunca hemos ocultado nada", enfatizó.

El abogado del partido, David Dassa-Le Deist, argumentó que existía una "zona gris" en las normas que debería beneficiar a los acusados. Reconoció que pudo haber "deficiencias administrativas" o "descuidos", pero aseguró que los dirigentes actuaron de buena fe.

Los fiscales dicen que los fondos se malversaron deliberadamente

Los fiscales argumentan que usar fondos de la Unión Europea para financiar empleados es injusto para otros partidos políticos y que no es creíble que Le Pen, como abogada, no se haya dado cuenta de la discrepancia entre el trabajo real de los asistentes y sus contratos.

Un fiscal, Stéphane Madoz-Blanchet, afirmó que el dinero público fue desviado "gota a gota hasta formar un río", denunciando "un sistema" liderado por Le Pen.

Otro fiscal, Thierry Ramonatxo, calificó la presunta malversación de fondos públicos como una "grave vulneración de la probidad" que otorgó al partido "ventajas concretas" en términos de ahorro a expensas del Parlamento Europeo.

Han solicitado que se prohíba a Le Pen ocupar cargos electivos durante cinco años y que se le imponga un año de arresto domiciliario con un dispositivo electrónico.

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