El Congreso de Perú facilita el avance del crimen organizado, según HRW

LIMA (AP) — Human Rights Watch (HRW) reveló en un informe emitido el martes que el Congreso de Perú contribuye, a través de la legislación, al fortalecimiento del crimen organizado "con la anuencia del gobierno", que en "la mayoría de los casos" no presenta iniciativas efectivas para mitigar este problema en un país que ha alcanzado cifras históricas en homicidios.

El informe se basa en 125 entrevistas realizadas a funcionarios y activistas, y detalla cómo diversas leyes han debilitado de manera "grave" la independencia judicial, mientras la seguridad en Perú se deteriora "drásticamente". HRW calculó que los homicidios aumentaron un 137% entre 2018 y 2024, alcanzando un total de 2.552, de los cuales la mitad fueron perpetrados por sicarios.

Los asesinatos de choferes de buses frente a sus pasajeros y las explosiones en negocios o domicilios, como consecuencia de la extorsión, se han vuelto recurrentes en Perú, siendo reportadas de manera habitual por medios locales.

El informe también menciona que en América Latina, algunos gobiernos autoritarios han intentado restringir derechos en su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, lo que distingue a Perú es un Congreso que legisla activamente en favor del crimen organizado, según Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

El documento analiza más de 80 leyes aprobadas desde que el Parlamento comenzó sus funciones en 2021. Goebertus destacó un total de 10 leyes que evidencian cómo se han ido eliminando "una a una" las capacidades del sistema de justicia para ser efectivos en la lucha contra el crimen organizado.

Una de estas leyes ha "limitado drásticamente" la cooperación eficaz, obstaculizando los esfuerzos para desmantelar grupos criminales y detectar conexiones con funcionarios corruptos.

Además, Goebertus señaló que en un Parlamento donde más de la mitad de sus 130 legisladores enfrentan investigaciones por corrupción, se ha cambiado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir delitos de corrupción, creando de esta forma obstáculos para los allanamientos a los involucrados en criminalidad organizada. También ha habido intentos legales para regularizar la deforestación ilegal de grandes áreas, lo que dificulta la labor de los fiscales.

Para HRW, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte “es corresponsable en el desarrollo de estas leyes que han permitido el fortalecimiento del crimen organizado”. La directora de HRW enfatizó que, aunque la mayoría de las leyes han sido iniciativa del Congreso, “en la mayoría” de los casos, la presidenta no ha devuelto las disposiciones con observaciones. A veces, el Parlamento ha aprobado normas a pesar de que Boluarte no tomó una decisión en un plazo de 15 días. Goebertus indicó que, de haber una decisión presidencial contraria a las acciones del Congreso, la presidenta contaría con las herramientas para actuar de manera diferente.

HRW intentó contactar a representantes del Parlamento y del gobierno, incluida la presidenta Boluarte, pero no obtuvo respuestas. The Associated Press también solicitó comentarios del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y de Boluarte, sin recibir respuesta hasta el momento.

Boluart, quien cuenta con un bajo índice de aprobación del 3% en varias encuestas y no tiene respaldo en el Parlamento, se mantiene en el cargo gracias a una coalición de varios partidos, predominantemente Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

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