¿Quién no sé olvida de que tiene un depto en Miami?
27/04/2026 | 11:17Redacción Cadena 3
FOTO: Carlos Frugoni, exsecretario de Coordinación de Infraestructura.
La discusión sobre propiedades no declaradas volvió al centro de la escena a partir del caso de Carlos Frugoni, exsecretario de Infraestructura del Ministerio de Economía, quien fue desplazado tras detectarse que no había informado la tenencia de siete departamentos en Miami ni los ingresos derivados de esos inmuebles. Según trascendió, las propiedades estaban bajo una sociedad radicada en una jurisdicción offshore y la omisión fue atribuida por el propio involucrado a un “error”.
El episodio no es aislado ni novedoso. De hecho, Frugoni ya había sido sancionado en su paso previo por la administración pública, durante la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. La reiteración del comportamiento —y su posterior regreso a un cargo estatal— expone no solo responsabilidades individuales, sino también debilidades en los mecanismos de control y seguimiento dentro del propio Estado.
El caso adquiere mayor relevancia en un contexto donde la tenencia de activos en el exterior es una práctica extendida. Estimaciones del mercado inmobiliario sugieren que unas 8.000 familias cordobesas tendrían propiedades en Estados Unidos, especialmente en Miami. Aunque se trata de cálculos no oficiales, el fenómeno refleja una tendencia que se repite en otras provincias y que se consolidó tras la crisis financiera global de 2008-2009, cuando los precios en ese mercado cayeron de manera significativa.
Hoy, esa ecuación cambió: los valores en destinos como Miami superan a los de plazas locales comparables y la rentabilidad, medida en términos netos, resulta incluso inferior. Sin embargo, la inversión externa continúa siendo elegida por factores que exceden la lógica estrictamente financiera, como la estabilidad jurídica o la posibilidad de operar en moneda dura.
El problema no radica en la tenencia de bienes fuera del país, una práctica legal, sino en su ocultamiento. Cuando esos activos no se declaran, quedan fuera del circuito tributario y profundizan una de las principales debilidades de la economía argentina: la alta informalidad. Distintas estimaciones coinciden en que cerca de la mitad de la actividad económica se desarrolla en negro, lo que limita la capacidad recaudatoria del Estado y condiciona cualquier intento de reducir la presión impositiva.
En este marco, la omisión de bienes —tanto en el exterior como dentro del país— no es solo una cuestión individual o ética. Tiene consecuencias macroeconómicas. Un sistema en el que una parte significativa de los contribuyentes no declara sus ingresos o patrimonio obliga a sostener impuestos distorsivos y dificulta la construcción de un esquema más equitativo y eficiente.
La situación también deja en evidencia fallas estructurales en los sistemas de información. La fragmentación de registros, la falta de integración entre jurisdicciones y los controles insuficientes hacen que, en muchos casos, el Estado solo logre detectar irregularidades de manera puntual o tardía. Paradójicamente, cuando los organismos actúan, como en el caso de Frugoni, logran reconstruir con precisión patrimonios que durante años permanecieron fuera del radar.
Esto abre un interrogante central: si es posible detectar estos casos, ¿por qué no se sistematiza ese control? La falta de un esquema integral de registración patrimonial —que abarque tanto bienes locales como en el exterior— sigue siendo una de las principales limitaciones para avanzar hacia una mayor transparencia.
La discusión de fondo excede a un nombre propio. El caso Frugoni funciona como un disparador: la dificultad de consolidar un sistema donde la declaración de activos y el cumplimiento fiscal sean la norma. Sin esa base, cualquier intento de ordenar las cuentas públicas o reducir la carga impositiva enfrenta obstáculos estructurales.
