La Justicia perdió el juicio
Fallos contradictorios, decisiones sin caso y demoras selectivas reavivan una discusión sobre el rol del Poder Judicial y su impacto en la institucionalidad.
22/04/2026 | 11:04Redacción Cadena 3
FOTO: (Agencia NA-Redes).- Palacio de Tribunales
La Justicia, lejos de ordenar, parece desordenar. No se trata de un caso aislado ni de una interpretación apresurada, sino de una acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, proyectan la imagen de un sistema que perdió coherencia, previsibilidad y, en algunos casos, hasta sentido común.
En distintos puntos del país aparecen jueces y fiscales que actúan como “electrones libres”, desligados no solo del contexto, sino también de la propia jurisprudencia que debería orientar sus fallos. La consecuencia es un mapa judicial fragmentado, donde la ley parece cambiar según el despacho que la interprete.
Un ejemplo reciente se observa en la causa vinculada a la AFA, donde un fiscal solicitó la detención de dirigentes por presunto lavado de dinero y fraude. El juez rechazó el pedido, pero acto seguido se declaró incompetente y giró el expediente a otro magistrado. Poco después, una cámara señaló que no solo debía apartarse por competencia, sino también por un posible conflicto de intereses. La secuencia no solo genera dudas sobre el criterio aplicado, sino también sobre la transparencia del proceso.
Otro caso que expone tensiones es el de la justicia mendocina en un litigio laboral vinculado a la empresa Manaos. Tras cuestionar el cálculo de intereses de una indemnización millonaria —reduciéndola a la mitad—, la misma corte exigió el pago total en apenas cinco días, pese a que la normativa vigente permite cancelar este tipo de obligaciones en cuotas. La contradicción entre el fallo y el contexto normativo vuelve a poner en discusión la consistencia de las decisiones judiciales.
En paralelo, surgen resoluciones que avanzan incluso sin la existencia de un caso concreto. La suspensión de la reforma laboral por parte de un juez, sin una causa específica que lo justifique, es un ejemplo que alimenta la percepción de extralimitación. En esa misma línea, otro fallo obligó al Estado a mantener un programa social que, según su propio decreto de creación, tenía un plazo definido. La idea de “derechos adquiridos” aparece reinterpretada, ampliando su alcance más allá de lo que establecía la norma original.
La discrecionalidad no solo se percibe en los fallos, sino también en los tiempos. La causa SIRA, que investiga presuntas coimas en la asignación de divisas durante la gestión anterior, avanza con lentitud pese a la aparición de elementos que, según trascendió, podrían ser relevantes. La demora, en estos casos, no es neutra: erosiona la confianza pública y refuerza la sospecha de que existen intereses capaces de influir en la velocidad de la Justicia.
El caso del juez de ejecución penal en Mendoza lleva la discusión a un plano aún más delicado. Acusado de decisiones que derivaron en la liberación de delincuentes que luego reincidieron en delitos graves, el magistrado admitió haber actuado de manera arbitraria y en violación de normas. Sin embargo, la sanción fue una suspensión de seis meses. La desproporción entre la falta reconocida y la consecuencia aplicada abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la responsabilidad institucional.
Frente a este panorama, emerge una conclusión incómoda: la Justicia no solo debe ser independiente, sino también coherente, previsible y responsable. Cuando esos atributos se diluyen, el sistema deja de ser un garante de derechos para convertirse en una fuente de incertidumbre.
La acumulación de fallos contradictorios, decisiones sin sustento claro y tiempos procesales desiguales no es un problema técnico menor. Impacta directamente en la credibilidad institucional. Y sin confianza, la Justicia pierde su principal capital: la legitimidad.
