Un plan sistemático de corrupción para comprar el poder eterno

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Por Adrián Simioni

Roberto Lavagna volvió a ponerle una cifra a una época. Declaró ante la Justicia, en la causa Cuadernos, que en 2005 se habían detectado sobreprecios promedio del 20% en obras de Vialidad, a partir de una advertencia del Banco Mundial y de un análisis interno que él mismo ordenó desde el Ministerio de Economía. 

El exministro no habló de una sospecha aislada, sino de una mecánica. De indicios de cartelización. De una forma de contratación pública que ya entonces empezaba a mostrar el rostro de lo que después se conocería como uno de los sistemas de corrupción más grandes de la democracia argentina.

Lavagna es un testigo incómodo porque en él se cruzan las dos grandes variantes de aquel modelo. 

La primera fue la más brutal y visible: el saqueo directo del Estado. Obra pública direccionada, empresarios favorecidos, sobreprecios, coimas, recaudación política y una estructura de funcionarios dispuesta a sostener ese circuito. 

La causa Cuadernos, con sus bolsos, sus choferes, sus empresarios y sus exfuncionarios, no nació de un repollo. Fue la continuidad de una matriz que ya había dado señales tempranas en casos como Skanska, investigado por presuntos sobornos vinculados a las obras de ampliación de gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Pero hubo otra corrupción, menos cinematográfica y quizá más profunda: la corrupción de la política pública. No se trataba sólo de quedarse con dinero público, sino de usar todo el Estado para comprar permanencia política. Congelar tarifas, multiplicar subsidios, castigar la infraestructura, deteriorar los servicios, perder energía, importar lo que antes se producía y maquillar los costos reales de la economía. Todo para evitar el precio electoral de decir la verdad.

Lavagna se fue del gobierno de Néstor Kirchner en noviembre de 2005. No fue apenas una diferencia técnica. Fue una diferencia de concepción del poder. El ministro advertía que mantener artificialmente congeladas las tarifas podía destruir el superávit energético y fiscal. Kirchner, en cambio, entendía la economía como una herramienta de acumulación política. Si subir tarifas podía hacer perder elecciones, entonces no se subían. Si la realidad molestaba, se la postergaba. Si después faltaban dólares, energía o inversión, que lo pagara el país.

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/Fin Código Embebido/

Ese fue el corazón del proyecto: eternizarse en el poder. Primero Néstor, después Cristina, después otra vez Néstor, o "pingüino o pingüina", como se decía entonces. La alternancia constitucional debía ser esquivada con sucesiones familiares y con un Estado convertido en máquina electoral. La caja de la obra pública financiaba poder. La demagogia tarifaria compraba adhesión social. La inflación se disimulaba. El déficit se pateaba. Y cuando los números empezaron a desmentir el relato, llegó la intervención del Indec.

Por eso la declaración de Lavagna importa tanto. Porque no sólo recuerda un 20% de sobreprecios. Recuerda el momento en que el kirchnerismo tuvo delante de sí una advertencia y eligió el camino contrario. Podía corregir. Eligió profundizar. Podía investigar. Eligió desplazar al ministro que señalaba el problema. Podía cuidar los superávits heredados de la salida de la crisis. Eligió gastarlos para consolidar poder.

La corrupción no fue únicamente un funcionario recibiendo una coima. Fue también una concepción patrimonial del Estado. La idea de que el presupuesto, las tarifas, la obra pública, los organismos de control, los subsidios y hasta las estadísticas podían ponerse al servicio de un proyecto de dominación política.

Lavagna, con todas sus contradicciones y su propia historia política, queda hoy como un símbolo incómodo de ese punto de quiebre. Vio la cartelización, advirtió el problema, discutió la política tarifaria y terminó afuera. Su testimonio vuelve a mostrar que el kirchnerismo no sólo robó recursos: también corrompió decisiones públicas fundamentales para sostener una ficción electoral.

Ese fue el plan. La caja para financiar el poder. La demagogia para conservarlo. Y el Estado entero como instrumento para intentar hacerlo eterno.

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