Un triunfo oficialista con el sello de la casta

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Por Sergio Suppo

Hay victorias que un gobierno consigue y, aun así, logra empañar. La sesión del Senado que aprobó 74 pliegos judiciales debería ser leída, en principio, como un éxito político de la Casa Rosada: con minoría propia, sin controlar la Cámara alta y obligado a depender siempre de votos ajenos, el oficialismo consiguió ordenar una negociación amplia para cubrir vacantes en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Pero la política no se mide sólo por el resultado. También se mide por el modo. El intento de frenar el nombramiento de María Verónica Michelli por ser cuñada de Hugo Alconada Mon fue un error no forzado y, sobre todo, un síntoma. No se objetó su concurso, su trayectoria ni su idoneidad. Se objetó un vínculo familiar con un periodista de investigación que incomoda al poder. En esa reacción apareció una versión regresiva del oficialismo: la que confunde control político con revancha y crítica periodística con enemistad.

El caso Michelli terminó desplazando el eje de la discusión. Lo que pudo haber sido presentado como una demostración de capacidad parlamentaria quedó atravesado por una señal innecesaria de rencor político. El Gobierno logró votos donde no los tenía, pero al mismo tiempo dejó instalada una pregunta incómoda: si la idoneidad de una candidata puede quedar bajo sospecha por el trabajo periodístico de un familiar, entonces el problema no es la Justicia, sino la relación del poder con los límites.

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Hay una segunda lectura, menos cómoda para todos. La votación también mostró la vitalidad del entramado que Javier Milei llamó “la casta”. En la negociación judicial aparecen acuerdos cruzados, equilibrios entre bloques, nombres promovidos por unos y aceptados por otros, vínculos familiares y pertenencias al universo de la llamada “familia judicial”. La casta política y la casta judicial no desaparecieron: se reorganizaron alrededor de una nueva mayoría posible.

Y ahí aparece la contradicción libertaria. La Libertad Avanza llegó al poder denunciando esos mecanismos, pero ahora empieza a formar parte de ellos. Tal vez era inevitable para gobernar. Tal vez no hay forma de cubrir vacantes, mover pliegos y conseguir acuerdos sin sentarse con actores del sistema. Pero esa necesidad tiene un costo: obliga al oficialismo a admitir que la épica contra la casta se vuelve más difusa cuando hay que contar votos.

La tercera lectura es la que más favorece al Gobierno. En términos estrictamente políticos, la Casa Rosada obtuvo una victoria en un terreno adverso. El Senado, que durante meses fue presentado como el lugar donde naufragaban las iniciativas oficiales, mostró que puede ser también un espacio de acuerdos. Y eso no es menor si se piensa en lo que viene: reformas pendientes, cargos clave y, eventualmente, vacantes en la Corte Suprema, donde la Constitución exige acuerdo del Senado por dos tercios para sus magistrados.

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El problema es que el oficialismo consiguió ese logro mientras exhibía su peor reflejo. Puede celebrar la aprobación de los pliegos, pero no puede ocultar que intentó bloquear una designación por una razón impropia de un gobierno que dice defender la libertad. Puede hablar de reconstrucción institucional, pero al mismo tiempo mostró que, cuando un nombre toca un nervio del poder, la vara deja de ser la idoneidad y pasa a ser la conveniencia política.

Por eso, las tres lecturas conviven y ninguna invalida a la otra. El Gobierno logró un éxito político en el Senado. El Gobierno cometió un error innecesario, regresivo y rencoroso frente a una candidata vinculada familiarmente con un periodista incómodo. Y el Gobierno pactó con la casta que prometió combatir.

No es preguntarnos si Milei puede negociar. Ya demostró que puede. La pregunta es para qué negocia: si para normalizar instituciones o para reemplazar una casta por otra.

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