Por qué es más legítimo Guaidó que Maduro

Por Adrián Simioni

Excepto los venezolanos, partidos tajantemente en grupos que ven a un presidente y a un usurpador, el resto del mundo ve con asombro cómo toman cuerpo dos autoridades estatales en el país caribeño. No sólo hay dos presidentes. Desde hace un año y medio en Venezuela hay un Tribunal Supremo de Justicia dentro del país y otro en el exilio. Y desde hace casi dos hay una Asamblea Nacional (Congreso) dominada por la oposición y una falsa Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impuso el chavismo con la excusa de reformar la ley fundamental y con la que usurpó la función legislativa.

¿Quién es el presidente más legítimo? ¿Juan Guaidó o Nicolás Maduro? En el fondo, todos sabemos que no hay una respuesta en blanco o negro. Que la tragedia venezolana consiste, precisamente, en el hecho de que se perdió la plataforma básica que sólo puede proporcionar la interpretación consensuada de una misma ley. Esa baldosa institucional, que debe ser única y compartida, no existe más. Y ahora todo gira en el vacío. 

Los partidarios de Maduro dicen, con razón, que el chavismo siempre colocó sus presidentes gracias a montañas de votos. Y que eso también sucedió en abril 2018, cuando Maduro se hizo reelegir con el 67% de los votos. Los partidarios de Guaidó dicen, también con razón, que aquellas elecciones no fueron legítimas, por lo que tampoco lo es el nuevo mandato que Maduro asumió hace semanas.

El pecado de 2015
Para desempatar este juego de aparentes equivalencias hay que remontarse a las elecciones legislativas de 2015. El chavismo ya estaba en profunda crisis. La inflación ya era rampante. El desabastecimiento era total. La agresividad del madurismo en relación a medios de prensa, amedrentamiento de opositores, patoteo con “colectivos” parapoliciales en la calle y demás ya era proverbial. Su abuso en poner a su exclusivo servicio partidario todo el aparato del Estado y de la economía estatatizada era ya una tradición.

Sin embargo, la oposición no sacó los pies del plato. Concurrió a unas elecciones planificadas, ejecutadas y controladas por el oficialismo. Aceptó un código electoral, rediseños de circuitos electores y esquemas de repartos de bancas que el chavismo había dibujado a su medida. Vio, impotente, cómo el Gobierno de Maduro proscribía con excusas a muchos de sus candidatos más taquilleros, como Corina Machado o Leopoldo López. La oposición fue a esos comicios como un cordero al sacrificio. 

Y aún así le pegó una paliza histórica al madurismo. Logró el 56% de los votos. El reparto de bancas que el chavismo había pensado en su propio beneficio, se volvió en contra del oficialismo. La oposición obtuvo 112 bancas contra 55 de los bolivarianos. Así, logró algo impensado: la mayoría calificada de tres quintos requerida para ciertas leyes clave.

Ya payasesco, Maduro denunció fraude en unos comicios que él mismo había organizado, vigilado y escrutado. Quiso impugnar la elección aduciendo que había muchos votos nulos (si eso fuera una causal no podría haber elecciones nunca porque siempre existe una porción de votos nulos, en todos los países del mundo). 
Justicia propia no es justicia.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia, completamente controlado por el chavismo tras 16 años de Gobierno, invalidó la designación de una cantidad de diputados opositores suficiente para eliminar la mayoría calificada.

Luego todo se precipitó. La Asamblea Nacional denunció un golpe judicial y rechazó “desproclamar” a los legisladores. El TSJ chavista declaró en desacato a la Asamblea y sentenció que todos sus actos serían inválidos, cosa que todo el aparato estatal y paraestatal (la petrolera PDVsa, toda la economía estatizada, un universo de organizaciones bancadas con fondos públicos) aceptó con placer.

Así, el Congreso fue vaciado de poder. Por la sencilla razón de que el chavismo había dejado de controlarlo. Como el chico dueño de la pelota que se va del campito si no lo dejan hacer goles. La limpia tradición democrática del chavismo se fue por el inodoro. Y sus muy poco republicanos modos, tras años de confundir gobernar con mandar, pasaron del gris al negro.

Todo esto descompuso el clima político. La oposición buscó defender en la calle la Asamblea que había ganado. E incluso convocó a echar a Maduro. Hubo manifestaciones homéricas. Represiones durísimas. Cientos de muertos. P0líticos encarcelados. Maduro mostró que era capaz de mandar a matar. Se profundizó el exilio hacia afuera y la paz de los cementerios hacia adentro.

La fachada de una Constituyente
No contento, y con el fin de usurpar la función legislativa, Maduro convocó por decreto a una nueva elección para elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que redactara una nueva Constitución, con facultades plenipotenciarias mientras sesionara. La oposición no participó para no convalidar la continuidad del golpe en su contra y porque el chavismo ya había demostrado que no aceptaba las consecuencias de una elección. La elección se hizo con un simulacro de oposición propia. El madurismo arrasó en esas elecciones solitarias.

Pero no le interesó nunca una nueva constitución, de la que aún hoy ni siquiera hay un boceto. En cambio, la ANC ha fijado listas de precios para alimentos, proscripto partidos políticos y sacado leyes como la “ley contra el odio” (cuyo único fin es restringir en redes sociales una libertad de expresión ya casi desaparecida en los medios tradicionales).

Después de esta historia, Maduro se hizo reelegir, también en soledad. En unos comicios viciados por su propia torpeza y autoritarismo, que no reconoce una mayoría de venezolanos ni una abrumadora mayoría de los países democráticos.

Por eso, porque fue Maduro el que le dio la primera patada al tablero institucional que el propio chavismo había establecido, Guaidó tiene una mayor legitimidad. Su mandato viene de la última elección limpia y competitiva que hubo en Venezuela, organizada por el oponente. Todo lo contrario de Maduro.

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