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Adrián Simioni
Salarios e inflación
En 2008 había 11 estatales provinciales y jubilados cada 10 empleados privados en blanco. Ya era un desastre. Pero ahora hay 14. Hace falta una alianza de los que trabajan antes de que sea tarde.
FOTO: Gente trabajando. Son cada vez menos para una sociedad con cada vez más pasivos
¿Quién va a trabajar en la Argentina? Es una pregunta desagradable. Quien la formula, queda mal. Por eso, los políticos le huyen con espanto. Y nadie toma el toro por las astas.
La semana pasada, un informe del estudio Orlando Ferreres indicó que el empleo público de las provincias pasó, en 10 años, de 1,77 millones a 2,38 millones. Un salto del 34%, casi el triple de lo que creció la población.
Vale comparar el dato con los de la Anses, por ejemplo: en la misma década, el empleo privado en blanco creció apenas 9,7%.
Y los jubilados y pensionados, luego del festival impagable de las moratorias previsionales K que el macrismo continuó, creció 44%.
La cantidad de personas jóvenes y adultas que no trabajan y reciben subsidios es el número mejor guardado de todos, si es que alguien los tiene. Se supone que sólo quienes cobran el llamado “salario social” gerencia por los piqueteros involucra a más de 270 mil personas.
Y faltan contar empleados municipales, jubilados municipales y provinciales y una cantidad jamás informada de personas que viven total o parcialmente de otros planes nacionales, provinciales y municipales.
Sin contar nada de todo esto (que eclosionó en 10 años) los números cantan lo siguiente: hace una década, 10 empleados privados en blanco bancaban con sus impuestos a 11 estatales provinciales y jubilados nacionales. Ya era un desfase difícil de encontrar en países similares. Pero encima, hoy, esos 10 empleados privados en blanco tienen que bancar a 14 jubilados y estatales provinciales. No hay mejor explicación para el crecimiento de la pobreza.
Ya sé. Muchos van a decir: “Los únicos que trabajan no son los empleados privados en blanco”; o, “los estatales también pagan impuestos”.
Es cierto. Pero no lo es de la misma forma. Primero, los empleos privados en blanco son genuinos (a menos que sean sectores que existen gracias a regulaciones estatales o directamente vivan del presupuesto público). Los privados existen sólo porque alguien está dispuesto a pagar voluntariamente por lo que ellos producen.
Segundo, no pueden ser ineficientes. Si no, no duran.
Tercero, lo que hacen es tan bueno que les permite -a diferencia del empleo en negro- cobrar lo suficiente para pagar impuestos (como mínimo los impuestos al trabajo que permiten abonar las jubilaciones).
En cambio, los empleos estatales no siempre cumplen esos tres requisitos. Primero, existen porque el Estado cobra por la fuerza impuestos y contrata empleados como le da la gana para tareas por las que nadie está dispuesto a pagar en forma privada. Algunas tareas son importantes y es evidente que el Estado debe encararlas (la educación pública). Pero otras no son para nada necesarias. Existen porque se le ocurren a una cúpula política que no pone de su bolsillo y contrata para construir poder con dinero público.
Segundo: a veces esos empleos son innecesarios. Incluso en funciones clave como la educación, donde suele haber maestros de más, como lo prueba la enorme disparidad de alumnos por maestros entre provincias, aunque el sistema sea más o menos el mismo. Y aunque sean innecesarios, jamás hay despidos. Debe ser que el Estado tiene las mejores oficinas de selección de personal del mundo: son todos perfectos hasta que se jubilan. La verdadera razón es que en el Estado, aunque hay mucha gente que trabaja a conciencia y es muy buena en lo suyo, no hay una exigencia de que sea así. Es a voluntad. Quedan los buenos. Y también quedan los malos.
Tercero: es cierto que también pagan impuestos, como los privados. Pero el tema es que ellos primero se cobran sus sueldos de la recaudación. Impuestos pagamos todos. Pero de los impuestos sólo salen los salarios públicos.
El tema vuelve a la palestra por muchos motivos. El principal es que Argentina está otra vez hundida en la inflación y el default, que son las formas en que nuestro Estado insaciable, después de 15 años de darle manija al gasto público, se roba, después de cobrarnos impuestos, el valor real de los pesos que nos quedan y los dólares que tomó prestados.
Y nos roba de este modo porque es la única forma de seguir alimentando su maquinaria infernal de gastar de más. Las columnas vertebrales del gasto son esas dos: en las provincias, los salarios públicos; en la Nación, las jubilaciones y pensiones.
La paradoja es que, luego de dos años de crisis originada en ese desvarío de 10 años, los que más y más rápido recomponen sus ingresos son precisamente esos dos grupos. La mayor parte de los empleados provinciales han tenido actualización automática a la inflación. Los jubilados han sido beneficiados primero al cobrar jubilaciones por las que nunca aportaron (casi 4 millones), después por la reparación histórica (para quienes habían visto congelados sus ingresos) y segundo por las actualizaciones trimestrales en base a inflación y salarios. Los empleados nacionales, cobran bonos. Los beneficiarios de planes sociales tienen el mismo ajuste que los jubilados.
En cambio, los que deben sobrevivir al fragor del mercado y pagan los impuestos para que los demás se cobren, son los que quedan rezagados. Y no hay tu tía: o aceptás que tu salario caiga o tu puesto de trabajo desaparece. Los puestos estatales jamás desaparecen.
No es casual que entonces haya cada vez menos empleos genuinos y productivos en blanco y cada vez más de todo lo otro. El problema es que todo lo otro es cada vez menos insostenible porque el trabajo genuino es cada vez menor.
La Argentina está en un punto de quiebre. Una vez superado el punto crítico en el que estatales, jubilados, piqueteros y demás sean muchos más que los empleados privados, esa condena a la pobreza va a ser muy difícil de revertir. Porque se trata de un círculo vicioso perfecto: nadie quiere trabajar para obtener cada vez menos y tener que mantener a cada vez más gente. Es un desincentivo brutal. Y políticamente, el grupo de los que trabajan van a terminar quedando en una insuperable minoría.
La complejidad de la trama social impide que esto se vea claramente. Es una lástima. Algún día, los que trabajan de verdad (privados, estatales, los que sean) deberían aliarse y pegar dos gritos en serio hasta que aparezca un partido dispuesto a representarlos sin excusas ni corrección política. Deberían exigir: la prohibición terminante de la contratación estatal, que el sueldo público promedio no suba si antes no sube el privado y que con su esfuerzo sólo se financie solidariamente a quienes en verdad lo necesitan.
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