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¿Fue irregular la sesión en el Senado? Esto dice un abogado constitucionalista

Lorenzo Barone explicó en Cadena 3 que la organización de las sesiones está regulada por la Constitución Nacional y los reglamentos de cada Cámara.

11/07/2025 | 12:50Redacción Cadena 3

FOTO: Las miradas del Gobierno están por estas horas en Victoria Villarruel. (Foto: NA)

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La sesión del Senado de la Nación desató una fuerte controversia sobre su legalidad, al no haber sido convocada oficialmente por la presidencia del Senado, a cargo de la vicepresidenta de la Nación, sino que fue autoconvocada por los senadores. 

El abogado constitucionalista Lorenzo Barone ofreció un detallado análisis sobre la validez de la sesión y las posibles implicancias legales. Explicó en diálogo con Cadena 3 que la organización de las sesiones del Congreso está regulada, en sus aspectos más generales, por la Constitución Nacional; mientras que los detalles específicos, como la necesidad de dictámenes, tratamientos en comisiones o firmas requeridas, están establecidos en los reglamentos internos de cada cámara. 

En este caso, según el constitucionalista, la sesión del jueves incurrió en una "infracción al reglamento establecido por la misma Cámara de Senadores". "El reglamento lo establecen los propios senadores y para modificarlo se requiere una votación específica. Si no se realiza ese procedimiento, el reglamento mantiene plena validez. La mayoría del Senado, al actuar en contra de ese reglamento, infringe las reglas de juego que la democracia establece. No es una violación directa de la Constitución, sino de una norma derivada, que es el reglamento de la Cámara", afirmó Barone.

El abogado señaló que los dos principales aspectos infringidos fueron la falta de una convocatoria oficial por parte de la presidencia del Senado y la ausencia de un dictamen en comisión, requisitos fundamentales según el reglamento. "Estos son atisbos muy marcados de una actitud antidemocrática, porque la mayoría se impone por encima de las normas, y eso es justamente lo que las leyes buscan impedir", enfatizó.

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Consultado sobre la viabilidad de un eventual reclamo judicial por parte del Gobierno nacional, Barone respondió que "por supuesto que tiene base normativa cualquier planteamiento judicial que se pudiera llegar a hacer". Sin embargo, aclaró que existen antecedentes jurisprudenciales en los que cuestionamientos similares, basados en infracciones a los reglamentos, fueron rechazados. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación es clara: solo analiza procedimientos de sanción de leyes cuando la infracción es muy grave, como en el caso de Tucumán, donde una ley no fue aprobada por una de las Cámaras", explicó.

A pesar de esto, Barone subrayó que la transgresión normativa existe y que, en un sistema democrático, toda infracción debería recibir una respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales. No obstante, advirtió que la acción judicial podría enfrentar obstáculos, ya que la sesión irregular aún no ha derivado en una ley vigente, dado que el proceso legislativo no ha concluido. "Estamos frente a una norma sancionada, pero que aún no tiene vigencia. Falta el período de promulgación, que probablemente no ocurra porque el Ejecutivo anticipa que vetará la ley", señaló el abogado en esta emisora.

Barone indicó que el Poder Ejecutivo podría intentar una acción declarativa de inconstitucionalidad de carácter preventivo, pero consideró que esta tiene "pocas posibilidades de éxito" debido a la falta de un daño actual, ya que la ley no está vigente. "El camino concreto que tiene el Ejecutivo es el veto, que puede fundamentarse tanto en razones políticas como en vicios en el procedimiento. Un veto puede estar basado en la inconstitucionalidad de la norma sancionada, no solo en apreciaciones políticas", detalló.

El constitucionalista destacó que el veto podría fundamentarse en la infracción al reglamento del Senado, lo que otorgaría una base normativa sólida, además de posibles razones políticas. "El perjuicio que el Estado podría alegar estaría relacionado con su política económica, como el objetivo de evitar el déficit fiscal, que podría verse afectado por las asignaciones presupuestarias establecidas en la ley sancionada. Sin embargo, probar esta incompatibilidad sería un desafío", añadió.

Barone explicó que "todo aquel que se proclama republicano debería criticar fuertemente lo sucedido el jueves en el Senado. Las mayorías no pueden imponerse por encima de las reglas de juego establecidas. Eso es lo que garantiza el funcionamiento de la democracia", sentenció. 

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Entrevista de Rodolfo Barili y Ariel Rodríguez.

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