Desesperado, Kicillof quiere cobrar un impuesto por la deuda que toma la Nación

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Por Adrián Simioni

Hay decisiones políticas que no solo sorprenden: desconciertan. Y la nueva jugada impositiva de Axel Kicillof entra de lleno en esa categoría. El gobernador bonaerense, que enfrenta el mismo problema que muchos intendentes del país —cómo pagar el aguinaldo sin haber hecho los ajustes que la nueva realidad fiscal exige—, envió a la Legislatura un paquete que incluye presupuesto, ley impositiva y un pedido de endeudamiento millonario. Hasta ahí, nada que no se repita año tras año. Pero lo que estalló en los estudios contables y jurídicos fue otro punto: una modificación impositiva que parece rozar el absurdo.

La provincia de Buenos Aires, como casi todas, cobra Ingresos Brutos a la actividad financiera. Los bancos pagan una alícuota del 9% sobre los intereses que cobran por los préstamos que otorgan. Es un impuesto distorsivo, caro y que encarece el crédito para todos. Pero había una exención histórica: cuando esos préstamos estaban destinados al Estado —Nación, provincias o municipios—, no se les cobraba. Hasta ahora.

La nueva ley impositiva mantiene la exención… salvo para el Gobierno nacional. Sí: si un banco presta dinero a la Nación, deberá pagar el 9% de lo que cobre. Si presta a una provincia o a un municipio, no. Si presta al propio gobierno bonaerense, mucho menos. ¿En qué principio de razonabilidad se sostiene semejante discriminación?

El desconcierto no es técnico, es conceptual. ¿Cómo puede una provincia fijar un impuesto que encarece la política monetaria nacional? Si el Gobierno central necesita emitir deuda —no para gastar, sino para absorber pesos y combatir la inflación—, ¿por qué debe pagar un recargo impuesto por un gobernador? ¿Por qué un préstamo gestionado desde una sucursal en Capital Federal debería tributarle a Buenos Aires? ¿Por qué dos entidades estatales deben recibir un trato fiscal distinto? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta satisfactoria.

Lo que sí tiene es un impacto directo. En un país donde el riesgo país ronda los mil puntos, agregarle otros 90 por una decisión provincial es, literalmente, encarecer el crédito para todos. Es obligar a la Nación a pagar más cada vez que se endeuda, sea para una obra o para cubrir un déficit provocado —paradójicamente— por la presión de los mismos gobernadores que reclaman fondos.

Lo más llamativo es que el problema excede a Buenos Aires. Otras provincias —Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, La Pampa— ya hacen versiones menores de este experimento fiscal. Lo de Kicillof solo lleva la lógica al extremo. Una lógica que convierte a Ingresos Brutos en un impuesto perverso: una suerte de aduana interior financiera, que no pide ni siquiera transitar por el territorio para cobrar.

Si este esquema avanza, el país terminará desarmado en microfeudos impositivos donde cada uno recauda como puede, sin coordinación, sin reglas comunes, sin mirar a la Nación ni al vecino. ¿Cómo se sostiene un Estado nacional cuando cada jurisdicción decide afectar su política monetaria, su mercado de deuda y su estabilidad macroeconómica?

La Corte Suprema tendrá, tarde o temprano, la última palabra. Los estudios jurídicos ya lo saben y se preparan. Pero más allá de lo que diga el tribunal, lo que deja expuesto este episodio es la fractura: un país donde cada gobierno empuja en direcciones distintas y donde las normas de convivencia fiscal se desdibujan hasta volverse irreconocibles.

Lo increíble no es que esto ocurra. Lo increíble es que lo naturalicemos. Y que aceptemos sin demasiado escándalo que, en la Argentina, algunos paguen y otros no, por el simple capricho de un gobernador.

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