Impuestos encima de la inflación: el traslado de la ineficiencia

Sergio Suppo

En el contexto actual, es crucial analizar la situación económica que enfrentamos. La inflación en 2023 fue del 211%, y aunque se estima que en 2024 será del 112%, las proyecciones para 2025 apuntan a un 28% según algunos pronósticos, mientras que el Fondo Monetario Internacional sugiere un 40%. 

A pesar de que estos números pueden parecer más manejables, la realidad de los gastos fijos en los hogares desmiente esta aparente mejora.

Los gastos fijos, como impuestos, tasas municipales y servicios, se incrementan a un ritmo alarmante. Por ejemplo, el año pasado los alimentos aumentaron un 101%, pero el costo de la canasta básica subió un 117%. 

Lo más preocupante son los aumentos en servicios que históricamente estaban atrasados. Ahora, estos precios tienden a reflejar un costo más real, lo cual, aunque es saludable para la economía, resulta complicado para los ciudadanos.

La pregunta que surge es si los estados municipal y provincial están haciendo su parte para no trasladar cifras exorbitantes a sus contribuyentes. En muchas localidades, los aumentos son desproporcionados. 

Por citar algunos ejemplos, Bahía Blanca presenta un aumento del 77%, Mendiolaza un 228%, y en Córdoba, el impuesto inmobiliario municipal alcanza un 160%. Estas cifras son claramente superiores a la inflación estimada, lo que genera una carga adicional sobre los ciudadanos.

La falta de ajustes en los gastos de los estados provinciales y municipales contrasta con las medidas de ajuste que se han implementado a nivel nacional. 

Mientras que el gobierno de Javier Milei busca equilibrar las cuentas públicas, los ciudadanos se ven obligados a ajustar sus presupuestos personales. 

Sin embargo, los estados parecen no estar haciendo lo mismo. Es fundamental que los gobiernos locales también revisen sus gastos y busquen alternativas antes de aumentar impuestos y tarifas.

La situación es compleja. Aunque los salarios pueden estar superando la inflación, los costos fijos continúan aumentando, lo que dificulta llegar a fin de mes para muchas familias. 

La distorsión entre los ingresos y los gastos se convierte en un tema crítico que debe ser abordado por las autoridades. La economía de los hogares no puede seguir siendo sacrificada en el altar de la ineficiencia gubernamental.

Es hora de que los estados tomen conciencia de su responsabilidad y ajusten sus cuentas antes de seguir presionando a los contribuyentes. La situación económica demanda un enfoque más equilibrado y una gestión más eficiente de los recursos públicos. 

La ciudadanía merece un alivio en sus cargas fiscales, no más aumentos desmedidos que solo agravan sus dificultades.