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Más transparencia, menos inflación (Chocolate por la noticia)

El caso de Chocolate Rigau, un botón de muestra de que el derroche y la opacidad en los gastos estatales sube el déficit, el cual se financia con emisión; que más tarde termina generando inflación.

23/09/2023 | 08:05Redacción Cadena 3

FOTO: "Chocolate". (Ilustración: Juan Blondont/Cadena 3)

Julio “Chocolate” Rigau tenía en su poder 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la cámara de diputados bonaerenses y la policía lo detuvo in fraganti luego de que retirara 1,2 millones de pesos de un lote de cajeros automáticos.

Dos jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata lo dejaron libre días más tarde, declararon nula la causa y le devolvieron el dinero argumentando que no hubo orden judicial en el momento de la detención.

Más allá de la discusión jurídica, el hecho deja en evidencia la falta de transparencia del Estado en todos sus niveles.

Primer dato de contexto y de opacidad. La legislatura bonaerense tiene un presupuesto de más de 62.000 millones de pesos para 145 legisladores y 2850 empleados.

Para tener una dimensión, son más empleados de los que tiene, juntas, FCA (Fiat) y Renault en Córdoba.

Los diputados y senadores bonaerenses no publican sus declaraciones juradas desde diciembre de 2019 y la información pública no se actualiza desde hace meses.

Segundo dato de derroche fiscal. La superposición de funciones en las contrataciones, los planes y otras transferencias asistenciales es alarmante. Un botón de muestra: la ministra de Desarrollo Victoria Tolosa Paz dio de baja 85.000 planes sociales que se pagaban de más.

Pero el descontrol es estructural. La Nación tiene muchos programas para Educación, Salud, Hábitat, entre otros, que en realidad son responsabilidad de las provincias y es probable que Chocolate Rigau, como centenares de punteros, manejen tarjetas de débito de beneficiarios de programas de asistencia con fondos nacionales.

Son miles de millones de pesos que entran en un limbo burocrático. Un informe de Idesa señala que el Estado nacional gasta aproximadamente 2,5% del PBI en funciones provinciales.

Además de que se generan incentivos incorrectos -un intendente está más pendiente de ser amigo de un ministro de obras públicas para q le construya una escuela y para eso tiene que viajar 10 veces a Buenos Aires-, aumenta los costos.

Si eso se terminara, se eliminarían dos puntos del déficit fiscal según la consultora que preside Jorge Colina.

Es decir: la transparencia baja el déficit, el cual se financia con emisión que más tarde termina generando inflación. Dicho de otra forma: a menor opacidad, menos inflación. Chocolate por la noticia. 

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