Morosidad: hay que hablar de los bancos

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Por Adrián Simioni

La discusión suele concentrarse en quienes dejaron de pagar, pero omite el papel de las entidades que otorgaron préstamos sin evaluar adecuadamente los riesgos y aplicaron tasas desmesuradas. Cualquier solución debe distinguir entre las distintas causas del endeudamiento y evitar que toda la sociedad termine cubriendo malas decisiones privadas.

La morosidad se convirtió en uno de los síntomas más preocupantes de la economía argentina. Se estima que unas 5,5 millones de personas mantienen algún atraso con bancos, tarjetas de crédito o empresas financieras. El volumen total comprometido rondaría los 31 billones de pesos: una cifra equivalente, aproximadamente, a los presupuestos anuales de Córdoba, Santa Fe y Mendoza juntos.

Sin embargo, la discusión pública suele enfocarse exclusivamente en los morosos. Se presenta, casi siempre, el caso de una familia cuyos ingresos resultaron insuficientes y debió recurrir a la tarjeta para comprar alimentos. Esa situación existe, se multiplicó durante el ajuste y merece una respuesta. Pero no explica por sí sola un problema mucho más amplio y diverso.

No todas las personas llegaron a la mora por las mismas razones. Algunas utilizaron el crédito para cubrir necesidades básicas; otras financiaron consumos que luego no pudieron afrontar. Incluso hubo quienes se endeudaron para realizar viajes o comprar bienes que estaban por encima de sus posibilidades.

Esa diferencia importa. Si el Estado decide intervenir, debe identificar a quienes verdaderamente quedaron atrapados por la caída de sus ingresos y la necesidad de sostener gastos esenciales. Una política que trate del mismo modo a todas las deudas corre el riesgo de obligar a quienes cumplieron con sus compromisos —o directamente evitaron endeudarse— a pagar consumos ajenos.

En el Congreso existen al menos 18 proyectos que proponen distintas formas de aliviar la situación. Algunas iniciativas contemplan subsidios, asistencia estatal o mecanismos impulsados por el Banco Central. Aunque puedan estar inspiradas en una preocupación legítima, ¿Quién asumirá finalmente el costo?

Si el dinero sale del Estado, de una emisión monetaria o de algún mecanismo oficial de compensación, la respuesta es sencilla: lo pagará el conjunto de la sociedad. También quienes administraron con prudencia sus ingresos, resignaron consumos o hicieron esfuerzos para mantenerse al día.

Pero hay otro actor del que se habla mucho menos: los bancos.

Durante años, buena parte del sistema financiero obtuvo ganancias prestándole al Banco Central bajo condiciones establecidas por el propio esquema económico. En ese contexto, las entidades perdieron capacidad —o interés— para estudiar con profundidad los antecedentes de sus clientes, sus ingresos y sus posibilidades reales de devolución.

Cuando el crédito volvió a crecer, muchos bancos y financieras se subieron rápidamente a ese impulso. Otorgaron préstamos y ampliaron límites de tarjetas sin medir suficientemente el riesgo. A finales del año pasado y comienzos de este, además, aplicaron tasas extraordinariamente elevadas, muy por encima de la evolución de la inflación. Así se formó una bola de nieve que ahora millones de personas no pueden detener.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló que tanto los clientes como las entidades deben reaprender a desenvolverse en una economía con crédito. Sus declaraciones fueron presentadas en algunos medios de comuniación como un reproche despectivo hacia quienes no saben administrar sus finanzas. Esa interpretación está tergiversada: el funcionario también puso el foco en los bancos y en la pérdida de sus mecanismos para evaluar la solvencia de los solicitantes.

Ese punto no debería quedar relegado. Cuando se propone rescatar a un deudor con fondos públicos, también se está garantizando que la entidad financiera cobre una deuda originada, muchas veces, en un préstamo mal concedido y cargado con intereses desmesurados.

Los bancos mantienen esos montos anotados en sus balances como dinero que esperan recuperar. Mientras exista la posibilidad de que el Estado instrumente alguna ayuda generalizada, tendrán pocos incentivos para sentarse con cada cliente, reducir intereses, extender plazos o reconocer que una parte de esos créditos deberá contabilizarse como pérdida.

La salida debería comenzar allí. Las entidades tienen que convocar a los deudores, revisar las condiciones que hicieron crecer la obligación y ofrecer planes razonables de refinanciación. También deben asumir las consecuencias de haber prestado sin medir correctamente la capacidad de pago. El riesgo forma parte del negocio financiero y no puede trasladarse automáticamente a toda la sociedad cuando las decisiones resultan equivocadas.

Ayudar a quienes se endeudaron para cubrir necesidades esenciales puede ser justo y necesario. Financiar consumos prescindibles con recursos públicos es otra cosa. Y rescatar indirectamente a los bancos sin exigirles que resignen parte de sus ganancias sería todavía más injusto.

Antes de hacer pagar a quienes no se endeudaron o cumplieron con sus cuotas, hay que mirar al otro lado de la mesa. Allí están los bancos. Y también deben hacerse cargo.

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