La Corte ordenó a Trump suspender las deportaciones de venezolanos
Emitió una orden temporal para detener las expulsiones de detenidos en Texas, acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, tras denuncias de falta de debido proceso. La decisión refuerza la exigencia de revisión judicial antes de cualquier expulsión.
19/04/2025 | 08:32Redacción Cadena 3
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Donald Trump suspender temporalmente las deportaciones de un grupo de venezolanos detenidos en el centro de detención Bluebonnet, en Anson, Texas, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La decisión, emitida en la madrugada del sábado, responde a una solicitud urgente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció que los migrantes enfrentaban una expulsión inminente sin la revisión judicial ordenada previamente por el tribunal.
Según The New York Times, la medida refleja un nuevo capítulo en la batalla legal sobre el uso de esta ley de tiempos de guerra para deportar a presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
Una intervención de emergencia
La orden de la Corte Suprema establece que el gobierno “no debe deportar a ningún miembro del grupo de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de este tribunal”.
La intervención se produjo tras un frenético esfuerzo legal de la ACLU, que el viernes presentó solicitudes de emergencia en múltiples tribunales, incluyendo la Corte Suprema, después de que oficiales de inmigración entregaran notificaciones a decenas de venezolanos en Bluebonnet, a los que señala como miembros de Tren de Aragua y les advierte sobre deportaciones inminentes.
“Usted ha sido determinado como miembro de Tren de Aragua, un enemigo extranjero sujeto a aprehensión, restricción y expulsión de Estados Unidos”, indicaba el documento oficial, según la ACLU.
La ACLU argumentó que estas deportaciones violaban una decisión previa de la Corte Suprema del 7 de abril, que permitió al gobierno de Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos pandilleros, pero solo si se garantizaba notificación previa y una oportunidad razonable para impugnar la expulsión en un tribunal.
La orden del sábado, respaldada por siete jueces con disenso de los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, busca asegurar que los detenidos tengan acceso a este proceso judicial.
El caso se enmarca en la política migratoria de línea dura de la administración Trump, que ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa raramente usada desde la Segunda Guerra Mundial, para justificar deportaciones rápidas de venezolanos acusados de pertenecer a Tren de Aragua, designada como organización terrorista por el Departamento de Estado.
Desde marzo, más de 238 venezolanos han sido deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida por abusos a los derechos humanos, según reportes de la ACLU.
El viernes, la ACLU alertó que al menos 50 venezolanos en Bluebonnet estaban en riesgo de ser deportados sin debido proceso, algunos ya trasladados en autobuses hacia un aeropuerto.
La organización presentó una solicitud inicial ante el juez federal James Wesley Hendrix en Texas, quien se negó a emitir una orden de emergencia, argumentando que no había evidencia de deportaciones inmediatas.
Posteriormente, la ACLU recurrió al juez James Boasberg en Washington, quien admitió no tener jurisdicción para intervenir debido a una decisión previa de la Corte Suprema que limita los desafíos legales al lugar donde los migrantes están detenidos.
Reacciones y tensiones
La orden de la Corte Suprema ha intensificado las tensiones entre el poder judicial y la administración Trump, que enfrenta críticas por su manejo de las deportaciones.
La ACLU celebró la decisión como una victoria parcial para el debido proceso, aunque expresó preocupación por la necesidad de litigar caso por caso en diferentes jurisdicciones.
“Es un alivio que la Corte Suprema haya intervenido para proteger a estos migrantes, pero el gobierno debe cumplir con sus propias reglas”, afirmó Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, según cita The New York Times.
Por su parte, la administración Trump no emitió comentarios inmediatos sobre la orden, pero defendió su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros como una herramienta esencial para combatir la delincuencia transnacional.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los deportados son “criminales verificados” que deben permanecer encarcelados en El Salvador.
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Con todo, la decisión de la Corte Suprema no resuelve el fondo del debate sobre la legalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, sino que refuerza la obligación del gobierno de garantizar el debido proceso.
Sin embargo, la ACLU y otros defensores de los derechos de los migrantes advierten que los detenidos enfrentan barreras significativas para acceder a representación legal, especialmente en áreas remotas como Anson, Texas.
Además, la situación de los venezolanos ya deportados a El Salvador sigue sin resolverse, con informes de condiciones inhumanas en la prisión de máxima seguridad.
El caso subraya un creciente enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial, con la administración Trump acusada de desafiar órdenes judiciales previas, como la del juez Boasberg en marzo, cuando permitió que dos aviones con deportados llegaran a El Salvador.
Mientras la Corte Suprema evalúa futuras acciones, la ACLU planea continuar su estrategia de litigio en múltiples distritos para proteger a los migrantes en riesgo.
