San Luis implementó el narcotest obligatorio para los funcionarios públicos
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, detalló en diálogo con Cadena 3 que los alcances de la política son obligatorios para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
24/09/2025 | 08:07Redacción Cadena 3
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Radioinforme 3
El gobierno de la provincia de San Luis implementó una medida que ya genera impacto y revuelo: someterá a un examen toxicológico a todos los funcionarios públicos.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, detalló en diálogo con Cadena 3 que los alcances de la política de narcotest son obligatorios para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado en la provincia, una medida pionera en el país impulsada por el gobernador Claudio Poggi desde el año pasado.
"Estamos realizando las pruebas de narcotest a la totalidad de los funcionarios públicos, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es obligatorio", afirmó Bazla. Según explicó, los análisis son realizados por la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, un organismo independiente del Gobierno provincial. "El costo es a cargo de cada uno de los funcionarios", señaló.
El proceso se lleva a cabo mediante un sorteo semanal organizado por la Lotería de San Luis, que determina qué funcionarios deben presentarse esa semana para entregar una muestra de orina. "Allí se puede determinar con precisión el índice de toxicidad que puede existir en el organismo de cada uno de los funcionarios", indicó Bazla, destacando que la medida responde a un eje central del gobierno de Poggi: la lucha contra el narcotráfico.
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"Sostenemos que los funcionarios públicos no podemos estar de los dos lados del mostrador, comprando cocaína, por ejemplo, en un circuito por naturaleza ilegal, y al día siguiente estar firmando una sentencia judicial, dictando un decreto o sancionando una ley", enfatizó.
Bazla informó que, hasta la fecha, se realizaron 1.131 exámenes de un total de 1.700 funcionarios, lo que representa más del 70% de los obligados. En la última semana, se sortearon 160 nuevos funcionarios para someterse al análisis. El sistema de sorteo garantiza imparcialidad: "Se ha elaborado un registro de funcionarios, cada uno tiene un número, nadie lo conoce, solo la autoridad de aplicación que integramos los tres poderes", explicó, detallando que él preside esta autoridad junto a representantes del Poder Judicial y Legislativo.
En los casos en que se detecta un resultado positivo –cuatro hasta el momento, dos por cocaína y dos por marihuana–, el funcionario tiene derecho a solicitar una contraprueba con la misma muestra de orina, la cual se realiza en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a través de un convenio con la Universidad de San Luis. "Todo el costo siempre es afrontado por cada uno de los funcionarios", aclaró Bazla.
Si el resultado positivo se confirma, el Centro de Prevención de Adicciones de la provincia establece un tratamiento terapéutico acorde al nivel de adicción. Además, la ley prevé medidas disciplinarias: en el Poder Ejecutivo, el gobernador puede disponer el cese del funcionario; en el caso de legisladores, se puede iniciar un juicio político, y para magistrados judiciales, un jurado de juiciamiento.
Bazla también destacó que la ley, conocida como Ley de Ejemplaridad y Coherencia o Ley de Narcotest, sirvió de modelo para otras provincias, como Neuquén. Además, anticipó que en 2026 se extenderán los análisis toxicológicos al personal policial, penitenciario y de salud pública, según lo previsto en el presupuesto provincial. Para ingresar a la administración pública, el narcotest no es un requisito previo, salvo en el ámbito policial, aunque los nuevos empleados quedan sujetos al sorteo una vez incorporados.
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