Reforma de la Policía Federal: los principales cambios que impulsa Bullrich

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En un anuncio que generó tanto expectativa como controversia, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron la reforma de la Policía Federal Argentina, que incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bautizado por algunos como el "FBI argentina".

Al respecto, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, habló con Cadena 3 sobre los cambios clave que impulsa el Gobierno nacional y los alcances de la medida.

Soto explicó que el decreto que regula esta reforma busca actualizar una situación que califica de "anacrónica". "La Policía Federal estaba en un limbo. Su organización data de 1944, con un texto ordenado en 1958 y una única reforma en 1991. Es una policía sin comisarías, con funciones desdibujadas", afirmó.

La creación del DFI, inspirada en modelos como el FBI de Estados Unidos, tiene como objetivo transformar a la Policía Federal en una fuerza especializada en la investigación de delitos complejos, como el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo.

El funcionario destacó que el modelo del FBI se eligió porque, al igual que la Policía Federal actual, esta agencia estadounidense nació en un contexto donde las funciones policiales estaban desdibujadas. "Cuando se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras la reforma constitucional de 1994, la Policía Federal perdió sus comisarías en la ciudad y quedó con roles mixtos, desde notificaciones judiciales hasta investigaciones. El DFI se dedicará exclusivamente a investigar organizaciones criminales con personal altamente capacitado: abogados, ingenieros en informática, psiquiatras", explicó Soto.

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• Detención sin orden judicial

Uno de los puntos más cuestionados del decreto es la facultad de la Policía Federal para detener personas sin orden judicial, lo que algunos sectores han interpretado como un potencial avance sobre los derechos individuales. Soto aclaró que esta disposición no es nueva: "Está en la ley desde 1991, conocida como la 'Ley Lázaro', por el diputado Simón Lázaro. 

El texto se copió literalmente en el decreto. Permite detener a una persona solo si hay circunstancias fundadas de que está cometiendo o podría cometer un delito, y solo para identificarla, con notificación inmediata al juez. El tiempo máximo es de 10 horas, y nunca se declaró inconstitucional".

El director enfatizó que esta medida es una práctica estándar en el mundo. "En cualquier país, si un policía observa a alguien en una situación que razonablemente sugiera un delito, puede retenerlo para identificarlo. No es porque no le guste su cara o su ropa. Es una facultad elemental que no lesiona derechos", aseguró.

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• Ciberpatrullaje: ¿vigilancia o prevención?

Otro aspecto que generó debate es el denominado "ciberpatrullaje", es decir, el monitoreo de redes sociales y espacios digitales por parte del DFI. 

Críticos advierten que esto podría implicar una violación de la privacidad o un control sobre la libertad de expresión. Soto rechazó estas acusaciones, comparando el ciberpatrullaje con el patrullaje tradicional en las calles. "Un patrullero recorre la calle y observa lo que es público. En las redes sociales es lo mismo. Solo se accede a lo que los usuarios publican abiertamente. Nadie puede ingresar a un perfil privado, a un WhatsApp o a un Telegram sin una orden judicial. Eso sería un delito, y el decreto lo prohíbe expresamente", señaló.

El funcionario ilustró la utilidad de esta práctica con ejemplos concretos: "Hay delincuentes que publican en redes abiertas fotos con armas, dinero robado o incluso selfies tras cometer un crimen. En Formosa, el año pasado, detectamos un envío de cinco millones de dólares a una billetera de Hezbollah gracias a un ciberpatrullaje de Estados Unidos. Esto es lo que queremos hacer: prevenir e investigar usando lo que es público".

Soto también abordó el caso de contenidos generados desde prisiones, como videos o mensajes que ordenan delitos. "Si un preso publica algo en una red abierta, podemos investigarlo. Pero no podemos entrar a su WhatsApp sin autorización judicial. Ese es el límite que respeta la ley", afirmó.

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• ¿Riesgo de espionaje interno?

Ante la pregunta de si esta reforma podría abrir la puerta a prácticas de espionaje interno, como las vividas en décadas pasadas en Argentina, Soto fue categórico: "Eso siempre fue un delito y siempre estuvo prohibido. Este decreto, lejos de habilitarlo, establece límites claros: el respeto a la privacidad, los derechos y las garantías de las personas. Lo que hace es regular una práctica que ya realizaban otras policías, como las de Córdoba o Buenos Aires, y ponerla por escrito".

• Un modelo inspirado en el sistema estadounidense e israelí

El director subrayó que la reforma busca aprender de los mejores sistemas de investigación criminal del mundo, como los de Estados Unidos e Israel, mencionados por el presidente. Además de la investigación de delitos complejos, el DFI se especializará en la custodia de objetivos sensibles, como embajadas o sitios federales, una función que también desempeña el FBI.

Soto reconoció que la implementación llevará tiempo. "No va a cambiar todo de un día para otro. Mientras tanto, la Policía Federal seguirá funcionando como hasta ahora, pero el objetivo es contar con una fuerza moderna, profesional y enfocada en los desafíos del crimen organizado del siglo XXI", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.

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