Diputados proponen derogar el decreto de Bullrich sobre la Policía Federal
El bloque Democracia para Siempre argumentó que el decreto 383 es violatorio de derechos fundamentales y excede las facultades delegadas por la Ley N° 27.742, afectando la seguridad y derechos de los ciudadanos.
19/06/2025 | 19:47Redacción Cadena 3
El bloque de diputados nacionales de Democracia para Siempre llevó a cabo la presentación de un proyecto que busca dejar sin efecto el decreto 383, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de reformar la Policía Federal Argentina (PFA). La propuesta, que se formuló el día de hoy, se sustenta en la afirmación de que la normativa emitida por el Poder Ejecutivo la semana pasada resulta “violatoria de derechos constitucionales y excede las facultades delegadas de la Ley N° 27.742 de Bases, dado que esta última no contempla la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad”.
Los diputados señalaron que el Congreso solo habilitó la colegislación para reorganizar o reestructurar los órganos de la administración central, pero nunca aprobó que el Poder Ejecutivo tuviese la autorización para dictar normas que restrinjan los derechos de la población. “El Poder Ejecutivo está utilizando la Ley de Bases como una ventana de oportunidad forzada, ya que no se delegaron facultades al respecto”, expresaron los responsables de la iniciativa.
Desde Democracia para Siempre también cuestionaron que la estrategia del Gobierno podía estar basada en una supuesta modernización del Estado, lo que, según ellos, resultaba cuestionable. Aclararon que “la reforma planteada no se traduce en un plan efectivo para mejorar la administración de la Policía Federal Argentina, sino que altera las funciones previamente establecidas para su intervención”.
Los fundamentos del proyecto indicaron que el decreto no brinda claridad sobre cómo se definirá el perfilamiento vinculado a la investigación criminal. Sugirieron que mostraba indicios de una expansión encubierta de las facultades de inteligencia de la PFA, lo cual podría invadir competencias de la Agencia Federal de Inteligencia, conforme a la Ley 25.520.
Además, se consideró que no se aporta información precisa sobre la especialización en la investigación respecto a temas como la ruta del dinero, la prevención de la violencia o el trabajo conjunto con otras instituciones estatales. Se continuó afirmando que las atribuciones extraordinarias de la PFA no solo persisten, sino que se introducen nuevas. “Esto plantea múltiples riesgos, guiados más por una urgencia política que por un debate saludable sobre el rol de esta fuerza”, manifestaron.
Uno de los aspectos que más inquietud genera es la falta de definición en las nuevas atribuciones de la PFA. El decreto no aclara conceptos como “amenaza a la seguridad del Estado” o “alteración del orden público”, lo que podría desembocar en una zona gris peligrosa. Los autores del proyecto advirtieron que, en contextos similares, lagunas normativas contribuyeron al uso discrecional de las fuerzas de seguridad, lo que se tradujo en la persecución de protestas, vigilancia de opositores y la criminalización de organizaciones sociales, bajo justificaciones amplias.
Se subrayó que la ampliación de los poderes policiales sin la intervención del sistema judicial –incluyendo detenciones, vigilancia de redes sociales y requisas en los ‘operativos de prevención’– pone en peligro garantías fundamentales como el derecho al debido proceso, la protección contra detenciones arbitrarias y la inviolabilidad del domicilio. Esto se refiere a derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Nacional.
Además, el proyecto menciona que la disposición contempla una figura que se asemeja a los “arrestos por averiguación de antecedentes”, los cuales han sido declarados inconstitucionales por la jurisprudencia, por su carácter arbitrario y discrecional. Esta percepción sobre las detenciones sin orden judicial a menudo deriva en un sesgo discriminatorio.
Tal sospecha ha sido utilizada para realizar controles poblacionales, extorsionar a ciudadanos y justificar prácticas como el ciberpatrullaje. El proyecto de derogación del decreto 383/25 fue firmado por el presidente del bloque, Pablo Juliano, y por sus colegas Facundo Manes, Danya Tavela, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal.