Protestas: Quinteros pidió "ir a fondo" con una ley antipiquetes en Córdoba
El ministro de Seguridad provincial pidió una normativa que regule el derecho constitucional a la protesta, pero que también garantice el derecho de la mayoría a circular libremente.
28/05/2025 | 08:21Redacción Cadena 3
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Radioinforme 3
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, habló de la falta de un marco legal claro para regular las protestas en la vía pública, tras los disturbios registrados el martes durante una manifestación de trabajadores municipales frente al Tribunal de Faltas de la ciudad.
La protesta, que incluyó cortes en arterias principales como Colón y General Paz, generó interrupciones en la circulación vehicular y denuncias por "actos de violencia" tanto dentro como fuera del tribunal.
En diálogo con Cadena 3, Quinteros destacó la necesidad de una "ley antipiquetes" que regule el derecho constitucional a la protesta, pero que también garantice el derecho de la mayoría a circular libremente.
"El derecho a la protesta es constitucional, pero en contraposición está el derecho de la gran mayoría que no protesta, que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y desarrollar su vida", afirmó el funcionario.
El Ministro subrayó que la falta de un "instrumento objetivo legal" para manejar los cortes de calle deja a la Policía en una situación de incertidumbre jurídica.
Quinteros hizo referencia a un fallo de abril de este año de la Cámara de Acusación de Córdoba, que sobreseyó a seis dirigentes gremiales y sociales imputados por una protesta en 2023, considerando que la restricción del tránsito en ese caso fue "tolerable".
Según el ministro, esta decisión judicial complica la actuación policial, ya que los agentes enfrentan el riesgo de ser imputados si intervienen en manifestaciones similares. "¿Qué es tolerable y qué no? Lo de ayer, ¿fue tolerable o no? Esto genera violencia y tensión que debe resolverse de otra manera", cuestionó, señalando que la interrupción en Colón y General Paz, aunque calificada por algunos como breve, provocó caos y malestar.
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El ministro abogó por un debate legislativo profundo para establecer una normativa clara. "La seguridad es una mesa de tres patas: el Ejecutivo con la Policía, el Legislativo creando leyes y el Judicial actuando en consecuencia. Hoy, ese marco no existe, y todo queda a la discrecionalidad", lamentó.
Quinteros advirtió que, sin una ley clara, los policías enfrentan dilemas al intervenir en marchas, especialmente cuando los fiscales ordenan no actuar. "Si el fiscal dice 'déjenlos marchar' y la marcha ocupa toda la calzada, ¿Qué hace el policía?", preguntó.
Sobre los incidentes específicos del martes en el Tribunal de Faltas, Quinteros confirmó que se identificaron personas encapuchadas con palos y bengalas dentro y fuera del Tribunal de Faltas. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad fueron entregadas a la Justicia para posibles imputaciones, especialmente por los actos de violencia verbal y física dentro del tribunal.
Sin embargo, aclaró que "andar encapuchado no es delito" a menos que se cometa una agresión o daño a un bien público o privado. "Si eso ocurre, la Policía actuará y detendrá al responsable dentro del marco del Código Penal", aseguró, aunque destacó que la decisión final recae en el fiscal.
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Es porque se alcanzó un “acuerdo parcial y transitorio”, según informó el gremio AOITA. La discusión salarial seguirá abierta en las próximas cuatro semanas.
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El ministro también alertó sobre futuras protestas, citando declaraciones de dirigentes que, según él, buscan generar un "quilombazo" para causar caos en la ciudad. "No podemos permitir que ese caos moleste a cientos de miles de personas. Pero no puede ser solo la Policía; la Justicia y la ley también deben acompañar", enfatizó.
Quinteros defendió el accionar policial y pidió garantías para que los agentes puedan trabajar sin temor a ser imputados. "No podemos seguir con un protocolo en el aire. Necesitamos una ley que dé seguridad jurídica a la Policía y regule las protestas", insistió.
La Policía continuará entregando procedimientos a la Justicia para que determine si hubo delitos, pero el ministro advirtió que la incertidumbre actual podría derivar en más conflictos si no se aborda con una normativa clara.
Entrevista de Miguel Clariá.
