Piden más herramientas legislativas para la regulación de las marchas en Córdoba

En el marco de las movilizaciones que que el miércoles generaron un caos vehicular y cortes de tránsito en distintos puntos de la ciudad, el fiscal Ernesto de Aragón, encargado de controlar las marchas y medidas de fuerza en Córdoba, habló sobre el desarrollo de las protestas y de la necesidad de una reglamentación más clara para equilibrar derechos constitucionales.

"Ayer fue una mañana bastante complicada. Estuve recibiendo informes en el curso de toda la mañana de la autoridad policial. En general, yo diría que, contrario a la impresión que dio, hubo bastante o mucho acatamiento a las consignas con las que tratamos de administrar un poco estas protestas, estas movilizaciones, que es mantener media calzada y no interrumpir el tránsito", dijo De Aragón a Cadena 3. 

Sin embargo, reconoció excepciones: "Hubo algunas columnas masivas. Alrededor de 5.000 personas se dirigieron al microcentro, que provocó una interrupción del tránsito, por lo que se entregó un procedimiento. Estamos viendo a ver si puede haber incurrido en algún tipo de delito o infracción". 

Añadió que, pese a la cantidad de manifestaciones simultáneas, "en general, se procuró que se respetara la circulación y se logró".

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Consultado sobre si existe un protocolo definido para estas situaciones, el fiscal respondió con claridad: "No. El protocolo escrito, no. Yo creo que eso es un error en la comunicación, cuando se manifiesta eso, porque no existe". 

De Aragón detalló que "hace varios años que nosotros venimos trabajando con pautas prácticas, con la policía, tratando de desarrollar medidas para tratar de administrar o gestionar un poco estas manifestaciones de manera pacífica y ordenada, pero no hay un protocolo escrito en Córdoba que regule esta situación". 

Insistió en que "de esto tienen que hacerse cargo todas las autoridades de la provincia, no solamente la autoridad policial", ya que la Justicia actúa solo en casos de delitos, y abogó por una "organización y prevención previa" más amplia.

Sobre la coordinación con otras autoridades, De Aragón precisó que "nosotros trabajamos con el Ministerio Público desde hace varios años con un trabajo conjunto para que en cada movilización que hay se trate de llevar a cabo de la manera más pacífica y ordenada posible".

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Sin embargo, subrayó que "falta todavía mucho trabajo, falta quizás una reglamentación", ya que no tiene competencia para decidir dónde pueden manifestarse los grupos, y sugirió que una legislación clara daría "más herramientas" a la Policía y la Justicia para actuar con precisión.

Respecto a la necesidad de adecuar la legislación para darle la herramienta eventual a la acción de su fiscalía, De Aragón amplió: "No solamente mi fiscalía, sino la propia tarea preventiva que lleva a cabo la Policía". Explicó que "hay derechos constitucionales para todo el mundo y ninguno es más importante que el del otro. Hay que buscar este equilibrio para que en el marco de las manifestaciones se respete el derecho de todo el mundo". 

Aclaró que su rol es actuar "frente a la comisión de un delito", pero que hay aspectos que podrían ordenarse sin llegar a esa instancia.

Por las eventuales sanciones que los manifestantes pudieran enfrentar, De Aragón recordó que hubo imputaciones para distintos líderes de organizaciones sociales en 2023. "Los cité a juicio, los acusé y actualmente está en la Cámara de Acusación pendiente de resolución, destacando que se podría sentar un precedente importante. 

También informó sobre otra causa abierta en investigación actualmente en contra del Secretario General de la ATE Córdoba, Federico Giuliani, por "incitación a la violencia", en la previa de la visita de Milei a Córdoba el pasado 25 de mayo en el Cabildo.

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Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.

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