Patricia Acuña y su esposo Ricardo Goya ya tenían un lugar reservado en el interior de la sucursal del Nuevo Banco del Chaco, a metros de la plaza 25 de Mayo, en el centro de la ciudad de Resistencias. De manera periódica, iban a retirar miles de pesos que el gobierno de Jorge Capitanich, cuya sede está ubicada a menos de 200 metros de allí, le giraba de manera generosa al movimiento de piqueteros liderado por Emerenciano Sena.
Patricia es hermana de Marcela, la esposa del jefe piquetero.
Emerenciano, Marcela y único hijo que ambos tienen en común, César, presos desde hace tres fines de semana, esperan que este martes los fiscales que investigan el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski (pareja de César) les dicte las respectivas preventivas.
Junto a ellos están detenidos otros miembros de la mesa chica del movimiento: César Obregón y su esposa Fabiana Cecilia González.
Al grupo de acusados lo completan otros dos personajes más marginales de esta estructura: el casero de un campo de Sena, Gustavo Melgarejo, y su exesposa Griselda Reinoso.
La sospecha de los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez es atroz: Cecilia fue asesinada en la mañana del viernes 2 de junio en la casa familiar de los Sena y luego descuartizada y quemada en el campo donde la familia explota una chanchería. A sus restos los intentaron desaparecer. Sólo se ha hallado, en un río cercano, un puñado de huesos calcinados y triturados que este martes serán peritados por un equipo de antropólogos forenses de Córdoba.
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Pero detrás de todo este espanto asoma una historia desmesurada, de millones de pesos. El dinero que Patricia Acuña y Ricardo Goya retiraban como clientes vip del banco chaqueño.
Sólo en 2023, y hasta el día en que Emerenciano y Marcela quedaron detenidos, el Gobierno provincial le había girado 141 millones al movimiento. Los fondos eran recibidos por la “Fundación doctor Saul Acuña” (nombre del padre de Marcela, ya fallecido) y de la “Cooperativa de trabajo Emerenciano Limitada”.
El movimiento piquetero hace años que tiene un barrio propio, llamado como su líder, con casi 500 viviendas sociales (hoy se están construyendo 40 más junto al Gobierno provincial), tres escuelas de diferentes niveles, un laboratorio de análisis, una biblioteca, un polideportivo y un natatorio. A través de las escuelas de "gestión social", el movimiento, de excelente vínculo político y personal con Capitanich (fue padrino de bodas de Emerenciano y Marcela, además de escribir el prólogo de la autobiografía del líder piquetero), recibía también cargos públicos de docentes y auxiliares, que son pagados con recibos en blanco por el Ministerio de Educación local.
Así, Marcela, Emerenciano y César, además de cientos de militantes, figuran como empleados estatales. Muchos de ellos, luego no iban a dar clases o a trabajar en esos colegios en los que aparecen asignados, según cuentan quienes conocen de cerca los tentáculos de este movimiento.
De esta manera, se justificaba un flujo constante de millones de pesos que el gobernador de Chaco le viene girando al clan Emerenciano desde hace años.
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El viernes 9 de junio, cuando Emerenciano y Marcela fueron detenidos en la casa de Santa María de Oca 1460, que se presume fue la escena del crimen de Cecilia, en el inmueble se hallaron 6.058.190 de pesos en efectivo. El dinero, en fajos, tuvo que ser retirado por un camión de caudales. Por la forma en la que estaban los billetes, se presume que habían sido retirados del banco hacía poco tiempo. Es que el movimiento recibió dinero público hasta el día que el matrimonio cayó preso.
Al enterarse del hallazgo de esta suma, y mientras la Justicia provincial dilataba alguna resolución al respecto (una semana después de iban a realizar las Paso locales), el fiscal federal Patricio Sabadini resolvió abrir una causa de oficio.
Si bien la primera impresión apuntaba a un posible lavado de dinero, las fuentes consultadas al respecto por Cadena 3 fueron cautas: para ejecutar este delito, es necesario que ese dinero haya sido ingresado en otras "pantallas" y no que esté en efectivo. Algo que por el momento no ha aparecido aquí.
Los Sena y el movimiento tiene una propiedad a su nombre (la vivienda donde habría ocurrido el crimen, que Marcela heredó de su padre), el terreno donde se construyó el barrio Emerenciano (expropiado en 2020 al Ejército Nacional por el Gobierno nacional de Alberto Fernández, que luego lo donó -a esa altura hacía tiempo que las viviendas se habían construido en ese lugar-) y el campo de Villa Rossi, donde funciona la chanchería y se crían otros animales y que los Sena tienen como un emprendimiento propio pese a que fue expropiado y entregado a ellos por el gobernador Capitanich.
Se sabe que los Sena se movilizaban en al menos tres costosas camionetas, dos de ellas de último modelo, cuyas compras en efectivo despiertan toda clase de relatos entre los vecinos de Resistencia. Pero si esos rodados fueron adquiridos para ser utilizados en la fundación, tampoco se estaría ante un lavado de dinero.
Por lo cual, se sospecha que antes que un lavado de activos, en este caso se puede estar en presencia de otros delitos de competencia provincial, ligados a la corrupción, como por ejemplo una malversación de fondos públicos.
No obstante, la investigación del fiscal federal Sabadini genera urticaria en el Gobierno chaqueño, que, por las dudas, la semana pasada se apuró en intervenir la fundación y las escuelas de los Sena. No se trató de un repentino cúmulo de buenas intenciones: se busca poder controlar qué va a pedir (y husmear) el fiscal.
La semana pasada, Sabadini logró que la la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger levantara el secreto fiscal, bancario y financiero de César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, de la “Fundación doctor Saul Acuña” y de la “Cooperativa de trabajo Emerenciano Limitada”. La Afip ya fue notificada para que envíe un pormenorizado informe patrimonial y de los gastos de cada uno de ellos. La ruta de los dineros que ingresaban en el movimiento puede deparar gruesas sorpresas.
El mismo dinero que, presumen los investigadores provinciales, motivó el crimen de Cecilia, ya que Marcela decía que la joven la estaba "extorsionando" en medio de un divorcio con César. Una separación que ninguno de ellos dos quería, pero que la madre de él los había obligado a firmar sólo 10 días después de que se casaran a escondidas en septiembre de 2022. La pareja continuaba de novios, pero los testimonios reunidos en la investigación advierten que para lograr aquella firma del divorcio, Marcela le había prometido un cargo estatal a Cecilia (algo que le dio -figuraba en el Ministerio de Educación, pero llenaba planillas de Excel en su casa y subía posteos del movimiento-), un negocio (el bar que los jóvenes explotaron en el Centro y aún tenían, pero ya cerrado), una vivienda en el barrio Emerenciano (algo que no cumplió) y una suma que arrancaba en los 400 mil pesos (que tampoco le había entregado). El reclamo por el incumplimiento aparece como clave en esta trama criminal atroz.
No descartan nuevos imputados tras el peritaje de electrónicos
Entre hoy y mañana se esperan un trabajo contrarreloj de los fiscales: están sumando varias pruebas, esperan algunos peritajes forenses, y este martes dictarían la prisión preventiva al menos para los siete acusados.
Se espera que hoy pueda haber algunas novedades en torno a nuevos imputados o por lo menos que personas del círculo íntimo del clan Sena sean llamadas a declarar.
Uno de los tres fiscales que lleva adelante la investigación, Jorge Cáceres Oliveira contó a Cadena 3 cuáles son estos peritajes, principalmente de aparatos electrónicos.
"Hoy tenemos más de siete celulares, cuatro notebooks, una CPU y varias tablets. Es un trabajo que demanda tiempo, para colocar a estos dispositivos dentro del UFE y que puedan extraerse los datos lleva la autorización de UFE Garantía que es un tipo procesal", explicó.
"Estamos trabajando muy bien con los jueces de garantía que han intervenido. A las medidas que le venimos solicitando las están previendo prácticamente en el día y eso es una cuestión bastante favorable para la investigación"; señaló.
E indicó que una vez obtenida la autorización, se realizará la extracción de información de los distintos dispositivos.
