“Esto lo veíamos venir, venimos advirtiendo que los discursos del odio podían a generar consecuencias. Bueno…aquí están las consecuencias. Las incitaciones que hace permanentemente el poder mediático, el judicial y el político llevaron a este clima de violencia extrema”, dijo en la noche del primero de septiembre en una entrevista a Radio Nacional el senador provincial y secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, Omar Plaini minutos después del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Al día siguiente, en la puerta de la sede de la CGT, Pablo Moyano completó el concepto planteado por Plaini y le agregó al relato los que, según él, son los culpables: Clarín, La Nación, el periodismo en general, los empresarios y la Justicia. “Se tiene que bajar un cambio, fundamentalmente los periodistas de…acá hay que hablar de ‘frente mar’...Clarín, La Nación que son los que desde las seis de la mañana están incentivando a querer voltear un gobierno que fue elegido por los argentinos. Que Clarín, La Nación, que Magnetto, que la Sociedad Rural, que AEA que es la Asociación de Empresarios Argentinos, la Justicia, dejen de atacar a un gobierno que fue elegido por los trabajadores”, afirmó el sindicalista camionero.
Durante todo el día, desde distintos sectores del oficialismo, funcionarios y militantes repitieron como un mantra que el ataque a Cristina es la consecuencia del discurso del odio de la oposición, del periodismo y de la Justicia.
Una vez adoptada como verdad que no admite prueba en contrario que el “discurso del odio” era el culpable del intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación se sumaron los que propician que se regule y castigue a los “odiadores”. Es así que la titular del INADI, Victoria Donda llamó a debatir una legislación contra los discursos de odio y abogó para que el proyecto se envíe rápido al Congreso. “Estos discursos son el semillero de acciones concretas que llegan a la violencia física extrema y hasta intentos de homicidio como el sufrido por la vicepresidenta”, aseveró Donda. En ese mismo sentido se manifestaron a través de las redes sociales varios periodistas cercanos al oficialismo.
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La intención de algunos sectores del kirchnerismo de promover una norma que regule y castigue los llamados discursos de odio no es novedosa, desde hace cuatro años existe una legislación similar en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro.
No hace falta hacer un análisis exhaustivo para advertir que una iniciativa de esas características puede lesionar la libertad de expresión además de ser una herramienta contundente para disciplinar a la oposición. Y eso está ocurriendo en el país caribeño.
Tras ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 10 de noviembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de Venezuela la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, instrumento impulsado por Nicolás Maduro con la supuesta pretensión de reivindicar el derecho del pueblo venezolano a disfrutar de la paz como un valor irrenunciable para la efectiva coexistencia.
Sin embargo, en la práctica, la norma suprime el libre ejercicio de la libertad de expresión y facilita la censura. La ley faculta al Estado a sancionar medios de comunicación tradicionales y digitales, eliminar contenidos, revocar licencias, bloquear sitios de internet e imponer penas de hasta 20 años de prisión. Todo, con la excusa de castigar los “discursos de odio”.
Según un informe de la ONG Espacio Público “los términos y figuras penales expresadas en ese cuerpo normativo, como es el ‘odio’, son tan amplios y vagos, que cualquier expresión puede ser enmarcada dentro de esta figura, lo que otorga una discreción amplia para interpretar la norma”. Y agrega que la vaguedad de su contenido fomenta una aplicación arbitraria de la norma por parte de los funcionarios públicos promoviendo el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos.
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En 2020, Espacio Público elaboró un informe sobre los efectos de la “Ley del odio”. En ese trabajo se indica que en los primeros tres años de aplicación de la norma se registraron al menos 45 casos en los que se invocó la “ley del odio” para castigar a personas por expresarse. Esto generó un total de 101 violaciones a la libertad expresión. El año con mayor cantidad de casos fue 2020 con 21, seguido por 2018 con 13 casos y en tercer lugar 2019 con 10.
El último informe hecho por la ONG Espacio Público reveló que en 2021 al menos 35 personas fueron detenidas en Venezuela por buscar, recibir o difundir información, de ellas en 17 casos se invocó la “ley contra el odio” y se registraron 15 detenciones.
Del total de detenidos, 37% eran periodistas, 25% particulares y 17% miembros de ONG. Diez de las detenciones fueron por la difusión de información o contenidos en internet; y al menos tres por publicaciones hechas en WhatsApp y dos en TikTok.
El primer caso registrado fue el de la organización promotora de derechos humanos Sin Mordaza, el 15 de noviembre de 2017. La página web “Con el Mazo Dando”, un programa dirigido por el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, publicó una nota para alertar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela sobre supuestos “indicios de preparativos para una nueva oleada de protestas para el saboteo de las venideras elecciones presidenciales”. La nota sugería que las actividades de Sin Mordaza debían considerarse como “una campaña que va en contra de la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, en alusión a la denominada “ley contra el odio”.
El viernes 2 de julio de 2021, el director de la organización Fundaredes y activista por los derechos humanos, Javier Tarazona fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando acudió a la Fiscalía en el estado de Falcón para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de la policía local.
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El hostigamiento contra Tarazona comenzó luego de que hiciera fuertes denuncias referidas a la actividad de guerrilleros colombianos en Venezuela con la supuesta connivencia de las autoridades venezolanas. El 26 de octubre de aquel año, Tarazona fue liberado luego de permanecer 117 días detenido. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab dijo que la detención fue porque Tarazona realizó acusaciones públicas “sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República”.
Otro ejemplo de cómo utiliza el gobierno de Maduro la “ley contra el odio” es el caso de la enfermera Ada Macuare detenida por la Policía Nacional Bolivariana el 21 de julio de 2021 por pedir mejoras salariales y vacunas para los trabajadores de un centro de salud ambulatorio de Barcelona en el estado de Anzoátegui. A la mujer la acusaron de “instigación al odio” y luego de estar 12 días presa le dieron la libertad condicional con la obligación de presentarse cada 30 días ante el Tribunal de Control.
Así utiliza el gobierno de Nicolás Maduro la “ley contra el odio” para acallar las voces disidentes. Un proyecto similar es impulsado por un sector del kirchnerismo. Por fortuna, la realidad de Venezuela funciona como una especie de “diario del lunes” que nos anticipa a los ciudadanos argentinos qué puede ocurrir si el oficialismo logra aprobar una norma de esas características.
Por último, frente a estos intentos regulatorios, vale recordar una nota a uno de los artículos del viejo Código Civil introducidas por Vélez Sarsfield citando a otro autor: “Si el gobierno se constituye juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida”.
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