Discapacidad: la mejor forma de no pagar pensiones es que todos las cobren

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Por Adrián Simioni

El debate sobre la ley de discapacidad en Argentina vuelve al centro de la escena, pero no por una ampliación de derechos ni por una mejora en la calidad de las prestaciones, sino por una tensión: la sostenibilidad de un sistema que creció sin controles efectivos y hoy enfrenta límites económicos y políticos.

El Gobierno de Javier Milei busca modificar la ley de emergencia en discapacidad sancionada el año pasado, impulsada por la oposición. El argumento oficial es claro: el esquema actual resulta difícil de financiar y compromete el equilibrio fiscal. La respuesta, sin embargo, abre interrogantes que van más allá de la contabilidad.

Entre los cambios propuestos aparecen restricciones en las pensiones por invalidez, mayores incompatibilidades con el empleo formal, revisiones en el sistema de prestaciones y, sobre todo, un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios. Este último punto es el más sensible: quienes no acrediten nuevamente su condición médica y socioeconómica podrían perder automáticamente el beneficio.

Desde organizaciones que trabajan en discapacidad advierten que el problema no es la falta de controles, sino su ineficacia. El Estado ya intentó procesos de revisión que no lograron depurar el sistema, mientras persisten casos que alimentan la sospecha de irregularidades. Allí aparece una paradoja: un esquema pensado para asistir a los más vulnerables termina siendo cuestionado por su falta de precisión.

Los números refuerzan esa percepción. Con alrededor de 1,2 millones de pensiones por discapacidad frente a 7,8 millones de aportantes y 6,7 millones de jubilados, la relación entre beneficiarios y sostenedores del sistema plantea un desafío estructural. A eso se suma una marcada disparidad territorial en la entrega de certificados, con diferencias difíciles de explicar entre provincias.

Pero el riesgo de este debate es caer en simplificaciones. La existencia de abusos o distorsiones no invalida la necesidad del sistema. La discapacidad requiere una respuesta estatal robusta, sostenida en criterios de equidad y solidaridad. El problema surge cuando esa red de contención pierde foco y se vuelve tan amplia que deja de ser eficaz.

En ese punto, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política. ¿Cómo garantizar asistencia a quienes realmente la necesitan sin convertir el sistema en un mecanismo desbordado? ¿Cómo corregir desvíos sin generar exclusión? ¿Cómo sostener la legitimidad de una política social cuando su implementación genera dudas?

La frase que circula con tono irónico —“la mejor forma de no pagar pensiones es que todos las cobren”— sintetiza ese dilema. Un sistema sin límites claros corre el riesgo de vaciarse de contenido: no porque deje de existir, sino porque pierde capacidad real de asistencia.

No se trata de reducir por reducir ni expandir sin criterio. Es reconstruir un equilibrio que hoy parece quebrado. Porque negar las fallas implica perpetuarlas, pero corregirlas sin sensibilidad social puede generar un daño mayor.

En el fondo, lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria, sino la credibilidad de una política pública esencial. Y, sobre todo, la posibilidad de que la discapacidad reciba la atención que verdaderamente merece.

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