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Caso Santoro: el cuento de la buena pipa

Pérez Esquivel, disfrazado de Sherlock Holmes, busca pruebas irrefutables de delito en un texto. Lástima que Umberto Eco ya no está.

15/10/2019 | 06:24

Adrián Simioni

Adrián Simioni

En 1928 René Magritte sorprendió al pintar una serie de cuadros en los que aparece una pipa. Lo llamativo no era la imagen, sino el texto que la acompañaba: “Esto no es una pipa”, decía, para exhibir la paradójica relación entre las cosas y el lenguaje. Eso no era una pipa (era pintura sobre papel) pero era una pipa en el mundo de la representaciones.

A casi un siglo de aquella travesura, y pese a la profusión de especialistas en disciplinas del discurso, en la Justicia Federal la relación entre el lenguaje y las cosas sigue confundiendo (o siendo usada para confundirnos a nosotros).

Un ejemplo es el juez Alejo Ramos Padilla, que procesó al periodista Daniel Santoro por coaccionar y extorsionar al publicar notas periodísticas. Como Santoro hizo lo que hacen todos los periodistas -conseguir fuentes y publicar información que éstas le dan y él considera confiable-, es imposible castigarlo.

Si no, para poder publicar algo, los periodistas tendrían que garantizar que lo que dice cada fuente es verdad. Por ejemplo: los periodistas que en 2015 publicaban lo que Alberto F. decía entonces de CFK y que ahora publican lo que Alberto F. dice hoy de CFK, ¿deberían ir presos por posibilitar que Alberto F se presentara como antiK cuando le convenía y como K cuando ya no le convenía y manipulara así a la población que lo votó en las Paso? No, claro, así no se los puede acusar de delinquir.

¿Cuándo se hicieron servicios?

Por eso, el juez tiene que encontrar, en los textos mismos publicados por Santoro, algún tipo de prueba de dolo para poder incriminarlo. Además de la imagen de la pipa, tiene que encontrar la pipa.

Para eso, se le ocurrió pedirle a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) bonaerense que dictamine si las notas de Santoro constituyeron “operaciones de acción psicológica”.

Es todo tan absurdo que es difícil saber por dónde empezar, partiendo del hecho de que “operación de acción psicológica” es un concepto difuso, que pertenece a los resbaladizos sótanos de los servicios de inteligencia y no en el código penal.

Tribunal fuera de la constitución

Primero, la CPM está presidida por el pintor y escultor Adolfo Pérez Esquivel. Sus otros 19 miembros son curas, psicólogos, abogados, sindicalistas, amas de casa, historiadores, sociólogos, ex diputado y ex jueces, todos militantes K o vinculados a los organismos de derechos humanos cooptados hace 15 años por el kirchnerismo.

Más allá de su adhesión a una facción, es imposible saber a cuenta de qué tendrían estas personas para funcionar como un tribunal accesorio que la constitución no prevé o como peritos de una técnica que nadie conoce para dictaminar si una publicación es una “operación de acción psicológica”. Un periodista puede llegar a ser condenado por lo que le pinta a un grupo partidario.

Sherlock Pérez Esquivel

Segundo, es gracioso imaginar a Pérez Esquivel con la capa y la lupa de Sherlock Holmes buscando la prueba definitiva del mal en los textos de Santoro.

Lástima que Umberto Eco se murió. El autor de "El nombre de la rosa" -ese novelón en que un cura fundamentalista era capaz de asesinar para mantener ocultos en su biblioteca textos que eran la emanación misma del diablo- se daría una panzada escribiendo una novela sobre presuntos militantes de derechos humanos tratando de hallar palabras clave, frases inobjetables que prueben de manera irrefutable que el periodista X debe ser mandado al cadalso.

Ojo que del ridículo no se vuelve. En 2014 la hoy canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió a la Justicia que investigara al diario El Aragüeño por enviar mensajes cifrados en sus crucigramas para conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ya en 2012 habían acusado a Últimas Noticias de instigar al crimen porque en un crucigrama aparecían tres palabras: “ráfaga”, “asesinen” y “Adán”, esta última figurita repetida de todos los crucigramas del mundo, sólo que en Venezuela un hermano de Hugo Chávez se llama así.

Elemental, Ramos Padilla, elemental

Tercero: según trascendió, la CPM sostuvo en su informe a Ramos Padilla: “Uno de los puntos novedosos de este informe constata que las actividades ilegales de inteligencia desplegadas por (el falso abogado) D’Alessio tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación”.

Difícil saber cuál es el punto novedoso. Cualquier profesional, funcionaria, sindicalista, empresario, legisladora, gobernador, cura o militante que da información a un periodista busca “influir en la opinión pública”. Agrande las cárceles Ramos Padilla: no van a dar abasto para tanto prensero, publicista y lobbista cuyo trabajo consiste en eso.

Periodismo con libredeuda moral

En cuarto lugar, los periodistas podemos (sucede muy seguido) errar de diversas maneras. Podemos publicar información sesgada de una fuente a la que valoramos erróneamente. Podemos fracasar en chequear datos. Tenemos condicionamientos ideológicos que limitan nuestra meneada objetividad. Pero para probar que eso es delito hay que atribuir dolo, una intención de dañar a alguien. Y eso parece una quimera.

Hay que reducirlo por el absurdo para darse cuenta. Si un tribunal condenara a un periodista luego de llegar a la conclusión de que quiso intencionadamente cometer un delito al publicar una nota, el periodismo quedaría cancelado de inmediato.

El riesgo de ser condenados y la arbitrariedad de los dictaminadores sería tal que los periodistas deberíamos ir a la casa de Pérez Esquivel todos los días para que el escultor nos dé un salvoconducto de prensa, un libredeuda moral en el que consten nuestras buenas intenciones.

Los cuadernos

¿Ramos Padilla está confundido, atrapado en la paradoja del lenguaje? ¿O es que se hace el enredado para meternos en su propio cuento de la buena pipa, con espías, dobles agentes y periodistas que publican claves secretas para guiar a submarinos rusos?

Hay quienes creen que lo que busca el juez es socavar la legitimidad de la causa de los cuadernos, clave de bóveda para el fin de la corrupción institucionalizada en la Argentina.

El caso Santoro merece toda nuestra atención. Porque se juega allí, también, en parte, el futuro de la libertad en la Argentina.

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