Condenaron al tirador que baleó los Tribunales Federales y huyó caminando
El incidente tuvo lugar en el edificio ubicado en bulevar Oroño 940 en septiembre de 2022, involucró disparos contra la garita de seguridad “para sembrar miedo entre funcionarios y en la sociedad”.
28/06/2024 | 17:28Redacción Cadena 3
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario dictaminó el viernes pasado la condena de cinco años de prisión para Guillermo Sebastián Camarasa, responsable del ataque con arma de fuego contra los Tribunales Federales de Rosario el 28 de septiembre de 2022.
El incidente, registrado en el edificio ubicado en bulevar Oroño 940, involucró disparos dirigidos hacia la garita de seguridad, un acto diseñado, según la investigación, para sembrar miedo tanto entre los funcionarios judiciales como en la sociedad en general.
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El juez Mario Gambacorta, quien presidió el tribunal de forma individual para este caso, enfatizó que la intención del atacante era claramente intimidatoria, un acto que adquiere mayor gravedad considerando el contexto de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario.
Camarasa fue capturado dos semanas después en su residencia, ubicada cerca del lugar del atentado, como fue corroborado por las cámaras de seguridad del bulevar Oroño.

La sentencia, resultado de un juicio abreviado acordado entre la defensa y la fiscalía, lo condenó por intimidación pública y portación ilegal de arma de fuego, con la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el mismo período. Además, se mantuvo su declaración como reincidente, considerando sus antecedentes previos por delitos con armas.
El tribunal destacó la gravedad del hecho, subrayando que el disparo contra un edificio crucial para el Poder Judicial nacional constituye un medio efectivo para generar temor público, más allá de los daños materiales directos.
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La sentencia también resaltó que el acto de Camarasa se inscribe en una serie de eventos similares que han afectado diversos edificios públicos y privados en Rosario, todos destinados a intimidar a la población.
Las pruebas presentadas, que incluyen grabaciones del incidente y el testimonio de expertos, sustentan la conclusión de que el individuo condenado portaba y utilizaba el arma de fuego en cuestión, a pesar de no haber sido encontrada físicamente. Informes policiales confirman que carecía de la autorización legal para poseer armamento.






