Alarma en Santa Fe: trabas europeas al biodiésel podrían afectar exportaciones

La decisión de la Unión Europea de clasificar a la soja como insumo de “alto riesgo” ambiental bajo el criterio ILUC volvió a encender una señal de alarma en la principal provincia exportadora de biodiésel del país.

La medida, que podría restringir el ingreso del biocombustible argentino al mercado europeo, pone en juego exportaciones por unos 350 millones de dólares anuales y miles de puestos de trabajo vinculados al complejo sojero.

El impacto es especialmente sensible en Santa Fe: allí se concentra el 100 % de las terminales exportadoras de biodiésel de Argentina y buena parte de la cadena de valor asociada. Empresas, puertos, transportistas y proveedores industriales dependen, en distinto grado, de un mercado externo que en los últimos años funcionó como uno de los principales destinos del producto.

La normativa europea se apoya en el concepto de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC, por sus siglas en inglés), un criterio que considera que ciertos cultivos destinados a biocombustibles pueden generar efectos ambientales indirectos, como deforestación en terceros países. Bajo ese enfoque, Bruselas endureció las condiciones para el uso de biodiésel elaborado a partir de soja.

En el sector privado santafesino la lectura es que la decisión introduce una barrera comercial con impacto directo sobre la competitividad argentina. Más allá del debate ambiental, el trasfondo es económico: la Unión Europea ha sido uno de los principales compradores del biodiésel nacional y cualquier restricción modifica de inmediato el esquema de negocios.

Ante este escenario, el gobierno provincial resolvió intervenir formalmente en el proceso de consulta pública abierto por la Comisión Europea y aportar información técnica a través de la Cancillería argentina, que es el canal habilitado para eventuales presentaciones ante la Organización Mundial del Comercio. Aunque las provincias no pueden litigar directamente en ese ámbito, sí pueden respaldar la posición nacional con estudios y datos sectoriales.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino creó un grupo de trabajo específico para evaluar el alcance económico y jurídico de la normativa europea. El equipo —integrado por áreas técnicas, representantes académicos y actores de la cadena de valor— deberá elaborar un informe que cuantifique impactos y sugiera estrategias de respuesta.

La reacción conjunta entre sector público y privado responde a la magnitud de lo que está en juego. El biodiésel no solo representa divisas; también es uno de los pocos segmentos industriales que logró consolidar agregado de valor sobre la producción primaria de soja, con plantas radicadas en el cordón industrial del Gran Rosario y fuerte inserción exportadora.

El conflicto abre además un debate más amplio sobre el futuro de los biocombustibles en un contexto internacional atravesado por nuevas exigencias ambientales y crecientes tensiones comerciales. Para Santa Fe, la discusión no es abstracta: se trata de sostener un entramado productivo que depende en gran medida de reglas de acceso estables en los mercados externos.

Mientras avanza el proceso europeo, la provincia apuesta a reforzar argumentos técnicos y a coordinar posiciones con la Nación y el sector empresario. El desenlace no solo definirá el flujo de exportaciones a Europa, sino también el lugar del biodiésel argentino en un mercado global cada vez más regulado.

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