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Dady, Cúneo y el prontuario K en la pelea con el periodismo

19/06/2019 | 13:20

Carlos Sagristani

Carlos Sagristani

Dady Brieva sinceró con torpeza un sentimiento arraigado en militancia K. Pidió “una Conadep del periodismo” porque los periodistas que “esmerilaron” a Cristina “no pueden quedar indemnes”.

Equiparó el ejercicio del periodismo crítico en democracia a la desaparición forzada de personas bajo la dictadura. Tal fue objeto de investigación del organismo que integraron personalidades incuestionadas de la sociedad civil tras la restauración democrática. Brieva tiene edad para saberlo.

Alberto Fernández no compartió esa opinión y Felipe Solá la consideró inconveniente.

A los dirigentes comprometidos con la campaña también les enojó la foto de Máximo Kirchner con el ex carapintada y depredador mediático Santiago Cúneo.

Ambos episodios molestaron por piantavotos. Nadie cuestionó el fondo del desatino de Brieva, ni el racismo militante del compañero de foto de Máximo.

Oposición y antecedentes

Salvo la conveniencia electoral, no existen demasiadas razones para esperar una impugnación sincera. En el prontuario de kirchnerismo no se las encuentra.

Hay postales que no se borran. La parodia de juicio popular de Hebe de Bonafini a periodistas críticos en la Plaza de Mayo. Niños acarreados por adultos a escupir imágenes de esos periodistas. Los ataques que les asestaba 6-7-8 desde la TV Púbica. La incursión patotera de Guillermo Moreno y Axel Kicillof en la asamblea de accionistas de Clarín. El bloqueo a la distribución de diarios por los camioneros de Moyano.

Aquella furia fanática contra el periodismo sigue viva. Lo testimonian las agresiones a la cronista Maru Duffard en la vereda de la Rural, mientras Cristina presentaba “Sinceramente”.

Plan sistemático

La inquina contra el periodismo no se agotó en las emociones violentas  Hubo un plan sistemático para fragmentar al sistema de medios independientes y reemplazarlo por un aparato de propaganda e información subordinado al poder político.

El reparto de la publicidad oficial fue uno de los instrumentos más evidentes para arbitrar entre réprobos y elegidos. La discriminación a Crítica y Perfil terminó con el cierre del diario de Lanatta y en un litigio judicial con la editorial de Fontevecchia. Fueron numerosos los casos menos notorios que terminaron en alineamiento o asfixia financiera.

Sergio Spolsky y Matías Garfunkel construyeron sendos multimedios sin otro capital que la generosidad de la pauta oficial. Estructuras con cimientos de barro que dejarían un tendal de despedidos y proveedores impagos tras el derrumbe.

Proliferaron revistas, portales, radios y programas de televisión huérfanos de audiencia pero con los tanques llenos del mismo combustible.

Privatización de fondos

El gran jugador fue Cristóbal López, uno de los supuestos “presos políticos” del Kirchnerismo según la insostenible interpretación de Eugenio Zaffaroni.

López aún no recibió condena. Sin embargo, los jueces recogieron evidencias suficientes para lograr semiplena prueba de sus manejos delictivos con dinero público. Sus empresas le adeudan a la AFIP 1.400 millones de pesos por retenciones indebidas del impuesto a los combustibles, aportes, contribuciones patronales y otros tributos.

Esos recursos solventaron la compra hostil de C5N y Radio 10. Un ducto de publicidad gubernamental lubricó el funcionamiento posterior durante los años del kirchnerismo.

El brazo de la ley

La ley de medios fue la operación de mayor alcance –y tal vez menos explicada– del plan. Fue bastante más que el intento de despojar de radios y canales a Clarín, que no era poco por supuesto.

Algunas claves del diseño:

  • Limitaba a un máximo de diez el número de licencias que podía explotar una empresa.
     
  • El área de cobertura no debía exceder el 35 por ciento de la población. Como el área metropolitana reúne al 32 por ciento, las emisoras del interior no podían tener estaciones en Buenos Aires y viceversa.
     
  • Se prohibían las emisiones simultáneas de una programación por AM y FM en la misma localización.
     
  • A los privados sólo se les permitía transmitir en cadena el 30 por ciento de la programación diaria, fuera del horario central y se sólo se les autorizaba a vender publicidad local.
     
  • En cambio, las emisoras estatales –con más frecuencias disponibles– no tenían restricciones para emitir contenidos en cadena, ni trabas para vender publicidad nacional, obviamente a un valor tarifario superior.

La ley minaba la sustentabilidad económica de las cadenas y redes privadas. También reducía la exposición de sus contenidos a la opinión pública.  Por una y otra vía, jibarizaba su influencia.

Información controlada

Desde otro ángulo, la norma lesionaba la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información veraz y el pluralismo de opiniones.

Los planteos legales frenaron algunas de esas disposiciones. Y el cambio de Gobierno los tomó a mitad de camino.

La coartada ideológica fue derogar la ley de radiodifusión de la dictadura e impedir los oligopolios mediáticos para “democratizar” la información.

La intención fue debilitar al mensajero para controlar el mensaje, e imponer la uniformidad desde el atril y el aparato público-privado de propaganda.

Los medios ya no mediarían entre el poder y la opinión pública. Ya no habría periodistas que la “esmerilen”, para satisfacción del cómico de Santa Fe.

Cristina no archivó esas ideas. En un mensaje de noviembre de 2018, que ya hemos citado, los incluyó en el lote de los poderes fácticos que desea “regular” en una “nueva Constitución”.

El control de la información es un componente central de lo que Cristina enuncia en Sinceramente como “el verdadero poder, el poder total”.

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