Tribunal de Atlanta anula política de Trump sobre fianza para migrantes

ATLANTA — Una corte de apelaciones en Atlanta ha invalidado una política del gobierno del expresidente Donald Trump que se oponía a conceder fianza a personas involucradas en procesos migratorios. Esta decisión marca un aumento en la discordia entre los tribunales federales sobre la legalidad de mantener detenidas a personas mientras sus casos están en trámite.

El fallo fue emitido por un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 11º Circuito con una votación de 2-1 el miércoles. Anteriormente, el 2º Circuito había tomado una decisión similar en abril, mientras que los circuitos 8º y 5º habían respaldado la política que ha estado en vigor desde julio. Sin embargo, el martes, un panel del 7º Circuito se dividió en tres posiciones diferentes: un juez se opuso a la política, otro la apoyó y el tercero optó por no pronunciarse.

A medida que la disparidad entre los tribunales se amplía, es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos tenga que intervenir para resolver esta controversia.

La apelación que se discutió en el 11º Circuito se originó en decisiones de tribunales inferiores relacionadas con dos hombres mexicanos que residían en Estados Unidos sin autorización desde 2019 y 2015, quienes fueron arrestados durante controles de tráfico en Florida en septiembre, lo que llevó a la apertura de sus procesos de deportación.

La política del Departamento de Seguridad Nacional está restringiendo las audiencias de fianza para individuos detenidos por motivos migratorios, incluso para aquellos que han vivido en el país durante años y carecen de antecedentes penales. Anteriormente, la mayoría de los no ciudadanos sin historial delictivo que no habían sido arrestados en la frontera podían solicitar una audiencia de fianza mientras se resolvían sus casos migratorios.

Generalmente, la fianza se concedía si no se consideraba que la persona representara un riesgo de fuga, reservándose la detención obligatoria para aquellos que acababan de ingresar a Estados Unidos.

El fallo del 11º Circuito fue redactado por el juez sénior Stanley Marcus, nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, y contó con el respaldo de la jueza de circuito Robin Rosenbaum, designada por el expresidente Barack Obama. En contraste, la jueza de circuito Barbara Lagoa, designada por Trump, expresó su desacuerdo.

En su dictamen, la mayoría no se mostró convencida por la reinterpretación del gobierno de una sección de la ley federal que, según argumentan, limita la detención sin fianza de personas que están "solicitando admisión" al país. "En pocas palabras, el lenguaje que el Congreso ha elegido utilizar no otorga al Poder Ejecutivo una autoridad irrestricta para detener, sin posibilidad de fianza, a todo extranjero no admitido que se encuentre en el país", dice el fallo.

Lagoa, en su disidencia, argumentó que "no hay disputa de que los extranjeros presentes ilegalmente son solicitantes de admisión conforme a la disposición de presunción".

Los abogados del gobierno de Trump han defendido que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 respalda esta política de detención obligatoria. Esta ley simplificó el proceso para deportar a los recién llegados sin autorización, aunque otra ley diferente permite que aquellos que ya están en el país soliciten fianza ante un juez de inmigración.

Sin embargo, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, afirmó en julio que todos los individuos sometidos a procesos de deportación serían tratados igual que los recién llegados.

La imposibilidad de solicitar fianza ante un juez de inmigración ha llevado a los detenidos a presentar recursos de hábeas corpus en tribunales federales, lo que ha generado una carga de trabajo considerable, con más de 30.000 demandas presentadas por personas detenidas sin fianza mientras el gobierno de Trump continúa con las deportaciones masivas.

Temas