La incertidumbre de los refugiados en Minnesota bajo el escrutinio del gobierno de Trump

ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. — Una familia venezolana ha vivido años de persecución por oponerse al régimen socialista de su país. La situación se tornó insostenible tras las represalias del gobierno, que incluyeron golpizas al padre, un trabajador de la petrolera estatal, y amenazas a otros familiares. En 2021, la familia se vio obligada a huir a Estados Unidos, donde obtuvo el estatus de refugiados, según una de sus hijas, una joven de 24 años dedicada a la venta de ropa.

La familia se estableció en Minnesota en 2023, disfrutando de una vida tranquila hasta que el gobierno del presidente Donald Trump anunció un nuevo escrutinio para los refugiados, priorizando a aquellos admitidos durante el mandato del expresidente Joe Biden. Esta revisión se centra en aproximadamente 5.600 refugiados en Minnesota que aún no son residentes permanentes, dejándolos en una situación de vulnerabilidad.

El mes pasado, tres agentes enmascarados se presentaron en un complejo de apartamentos en St. Paul, arrestando a la joven y a su madre, comunicándoles que su estatus legal estaba bajo revisión. La mujer, que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, describió la experiencia como aterradora.

Desde el cambio en las políticas, las autoridades migratorias han comenzado a arrestar e interrogar a refugiados en Minnesota, lo que ha generado preocupación entre abogados y defensores de derechos humanos sobre el aumento de estas acciones a nivel nacional.

Un juez federal emitió una orden en enero para suspender temporalmente los arrestos y la detención de refugiados en Minnesota mientras se resuelve una demanda que cuestiona la legalidad de la "reverificación". El fallo incluyó la liberación inmediata de todos los refugiados detenidos en el estado y aquellos trasladados a Texas.

Tres refugiados compartieron con The Associated Press que las entrevistas con las autoridades migratorias, que parecían interminables y no concluyentes, han intensificado su miedo e incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. La joven venezolana no ha podido regresar a su trabajo en una fábrica de ropa, mientras que un hombre que huyó de la persecución en Myanmar evita salir a la calle sin llevar consigo una carta de su iglesia que solicita un trato humano para los inmigrantes.

Cambio en el trato hacia los refugiados

Desde la aprobación de la Ley de Refugiados en 1980, recibir a refugiados ha sido un tema de acuerdo bipartidista en Estados Unidos. Esta ley ha permitido que las solicitudes de refugio sean rigurosamente examinadas. Sin embargo, los defensores argumentan que reabrir el estatus de refugiado previamente concedido es un golpe a la tradición jurídica.

Según Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, un importante grupo de ayuda a refugiados, los refugiados son admitidos tras un exhaustivo proceso de verificación y solo pueden perder su estatus si se demuestra que nunca debieron ser admitidos. El gobierno de Trump está llevando a cabo nuevas entrevistas para reexaminar estos casos.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, aclaró que los refugiados están obligados a someterse a una revisión completa un año después de su llegada al país, un procedimiento que no es nuevo. Sin embargo, la práctica de arrestar y detener a refugiados mientras se revisan sus casos es un cambio significativo que afecta a poblaciones vulnerables.

Experiencias de refugiados

En enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos trasladó a varias mujeres venezolanas a Houston en un vuelo donde estaban encadenadas y no se les permitió hablar. Una de ellas relató que se le dijo que estaba allí para una entrevista sobre su tarjeta de residencia, pero fue aislada en una habitación fría sin acceso a comida ni agua. Se negó a firmar documentos sin la presencia de un abogado.

Las mujeres fueron liberadas después de presentar recursos de hábeas corpus. Sin embargo, la joven que había sido arrestada ha vivido con miedo desde entonces, evitando salir de su casa.

Por su parte, Saw Ba Mya James, un refugiado de Myanmar, se mostró reacio a asistir a su iglesia tras recibir una carta que ordenaba una "reverificación de refugiado". En su entrevista, un agente le cuestionó sobre información que ya había sido abordada anteriormente. Aunque recibió una carta pidiendo huellas dactilares, el temor de ser detenido lo persigue.

Una mujer congoleña que se estableció en Minnesota y trabajaba en el sector de la hospitalidad fue arrestada al llegar a su trabajo. Aunque mostró su documentación, fue esposada y llevada a Houston para ser interrogada. Finalmente, fue liberada, pero sin identificación para regresar a Minneapolis, siendo asistida por un gerente de su empresa.

"Si te dijera que me siento bien, te estaría mintiendo", expresó.

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