El Senado de EE.UU. avanza en una ley para facilitar el acceso a la vivienda

WASHINGTON — El Senado de los Estados Unidos aprobó el lunes un proyecto de ley bipartidista orientado a mejorar el acceso a la vivienda, que busca reducir las regulaciones federales y fortalecer el control local. Esta iniciativa es uno de los esfuerzos más significativos en décadas para aumentar la oferta y bajar los precios de las viviendas.

El proyecto, que obtuvo una votación de 85 a 5, se dirige ahora a la Cámara de Representantes, tras intensas negociaciones entre legisladores de ambos partidos que intentan abordar la creciente crisis de vivienda en un año electoral. La versión final del texto prohíbe a los inversionistas corporativos la compra de viviendas unifamiliares, aunque no incluye una cláusula que habría exigido a dichos inversionistas vender las viviendas de nueva construcción en un plazo de siete años.

El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, destacó que este proyecto es el resultado de años de trabajo para "reducir costos, ampliar la oferta de vivienda, disminuir trámites burocráticos, proteger a los contribuyentes y ayudar a más estadounidenses a alcanzar el sueño de ser propietarios".

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, quien lidera el comité bancario del partido demócrata, indicó que se trata de la legislación sobre vivienda más importante aprobada por el Congreso desde 1990, cuando el precio promedio de las viviendas en el país era de 150.000 dólares, en comparación con más de 500.000 dólares en la actualidad.

Warren comentó a la prensa que el proyecto "reconoce que el gobierno federal tiene un papel que desempeñar para bajar los precios de la vivienda", subrayando que ahora se impedirá que el capital privado compre viviendas unifamiliares con el fin de convertirlas en inversiones similares a las de Wall Street.

La reciente aprobación en el Senado representa un logro legislativo bipartidista poco común, en un contexto donde gran parte de la agenda republicana ha quedado estancada. Se espera que la Cámara de Representantes dé su aprobación final en los próximos días y que el proyecto llegue al presidente Donald Trump, quien ha mostrado señales de respaldo.

La representante demócrata Maxine Waters, de California, quien participó en la negociación de la legislación, consideró que se trata de un "enorme paso" para abordar las crisis de vivienda asequible y de falta de vivienda en el país.

Tanto republicanos como demócratas han acogido esta iniciativa como un intento de mostrar que están trabajando en la crisis de asequibilidad habitacional, impulsada por el aumento de los precios debido a la escasez de viviendas asequibles. Desde 2022, el mercado de la vivienda ha estado desacelerándose, en parte debido al aumento de las tasas hipotecarias.

Las ventas de viviendas usadas en el país han permanecido alrededor de 4 millones anuales desde 2023, muy por debajo de la norma histórica de 5,2 millones. Estas ventas han disminuido hasta alcanzar niveles mínimos en 30 años y continúan siendo débiles en lo que va del año, con caídas registradas en enero y febrero en comparación con el año anterior.

El Informe Económico del Presidente de abril destacó una escasez de 10 millones de viviendas, mientras que un informe reciente del Joint Center For Housing Studies de la Universidad de Harvard reveló que las ventas de viviendas existentes están en mínimos históricos y que los inventarios están aumentando debido a los altos costos de compra. El informe también señala que tanto inquilinos como propietarios siguen enfrentando cargas de costos en aumento, mientras que la asistencia permanece insuficientemente financiada.

A pesar de que la renta mensual mediana ha estado disminuyendo durante casi tres años, en mayo aún era un 17,2% más alta que antes de la pandemia, según datos de Realtor.com.

El proyecto de ley también contempla la agilización de las revisiones ambientales y la aceleración del proceso de construcción para aumentar la oferta de vivienda. Además, prevé financiamiento para gobiernos locales que deseen construir más viviendas, así como nuevos fondos para convertir infraestructura abandonada en vivienda y para reformar regulaciones de uso del suelo que limitan desarrollos más amplios.

La legislación permitiría a los bancos invertir más en vivienda asequible y elevaría los límites sobre la cantidad de unidades de vivienda pública que pueden recibir financiamiento privado a través de la Sección 8 para rehabilitar propiedades. También se eliminarían requisitos obsoletos y se ampliaría el financiamiento federal para hacer más asequibles las viviendas prefabricadas.

Warren subrayó que la vivienda prefabricada ofrece algunas de las opciones más económicas en el país, pero el acceso al financiamiento ha sido severamente restringido, lo que crea una oportunidad para incrementar la construcción de viviendas prefabricadas y facilitar la organización de los residentes para proteger sus inversiones.

Uno de los puntos de tensión entre ambas cámaras fue un programa federal de recuperación tras desastres. Un proyecto previo del Senado había autorizado permanentemente los fondos de recuperación mediante subvenciones en bloque, pero los legisladores de la Cámara de Representantes se opusieron a esta medida por preocupaciones sobre la gestión del programa, acordando en su lugar una autorización por tres años.

El proyecto final ha recibido amplio respaldo en la comunidad de la vivienda, tanto de organizaciones que representan a propietarios como de grupos que abogan por los inquilinos y arrendatarios de bajos ingresos. David Dworkin, director ejecutivo de la National Housing Conference, la coalición de vivienda más antigua del país, afirmó: "No hay una varita mágica que arregle esta crisis de la noche a la mañana, y ninguna pieza de legislación es perfecta. Pero este proyecto es un pago inicial significativo en un esfuerzo a largo plazo para hacer que la vivienda sea más asequible para todos los estadounidenses".

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