Desigualdad y derechos humanos: un desafío para las economías de Asia, según HRW

BANGKOK — El retroceso en la protección de los derechos humanos está teniendo un impacto significativo en las economías de Asia, donde la desigualdad creciente expone a los más pobres a abusos laborales y fraudes, según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado el jueves.

El documento señala que varios gobiernos de la región han adoptado posturas más hostiles hacia la defensa de los derechos básicos, en un contexto global marcado por un aumento de tendencias autoritarias en el último año.

HRW hace un llamado a las "democracias que respetan los derechos" para que se unan a organizaciones de la sociedad civil y contrarrestar esta tendencia, especialmente tras la reducción de la ayuda exterior de Estados Unidos y su menor participación en organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, durante la administración del presidente Donald Trump.

El informe destaca que el debilitamiento de los derechos humanos básicos está estrechamente relacionado con las dificultades económicas que enfrentan muchos en la región. Por ejemplo, en Afganistán, los retornos forzados de personas desplazadas, junto con recortes significativos en la ayuda internacional, han dejado a más de 22 millones de personas sin acceso a alimentos, refugio o atención médica.

Los gobiernos autoritarios han restringido la disidencia, permitiendo que funcionarios evadan la rendición de cuentas y socavando el estado de derecho. En Indonesia, los activistas indígenas y críticos del gobierno, especialmente aquellos que se oponen a la minería y las plantaciones de aceite, han enfrentado amenazas y arrestos sin poder defenderse contra poderosos intereses económicos.

Además, la proliferación de microcréditos abusivos ha sumido a muchas comunidades en la deuda en países como Camboya, donde las comunidades indígenas son víctimas de ventas forzadas de tierras y carecen de acceso a sus medios de vida tradicionales.

El informe también menciona que Nepal y Bangladesh, países que dependen en gran medida de las remesas de trabajadores migrantes, enfrentan graves abusos laborales. Estos trabajadores a menudo deben pedir préstamos a altos intereses para cubrir los costos de reclutamiento y, una vez en el extranjero, son objeto de abusos como el robo de salarios y condiciones de trabajo inseguras.

En Singapur, los trabajadores migrantes quedan excluidos de la Ley de Empleo y de límites en las horas de trabajo, lo que limita aún más sus derechos laborales. La falta de aplicación de las leyes contra la trata de personas en Camboya, Laos y Myanmar ha permitido que los centros de estafa cibernética prosperen a pesar de algunas redadas.

En Myanmar, el golpe militar de 2021 que derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi ha desencadenado una guerra civil que ha desplazado a 3,6 millones de personas y ha llevado al país a convertirse en el principal productor mundial de opio.

A pesar de este panorama desalentador, el informe también menciona algunos signos de progreso. En Corea del Sur, por ejemplo, los legisladores han logrado anular la declaración de ley marcial del expresidente Yoon Suk Yeol. Asimismo, las protestas de la Generación Z en Nepal, Indonesia y Bangladesh han puesto de manifiesto problemas de corrupción y desigualdad, aunque no siempre han conducido a cambios democráticos.

"La gente sabe cuándo ve gobiernos injustos e irresponsables, y están dispuestos a salir a las calles y hacer algo al respecto", afirmó Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch.

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