Demandan al gobierno de EEUU por divulgar datos privados de Medicaid en 20 estados

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump incurrió en una violación de las leyes federales de privacidad al proveer datos de Medicaid correspondientes a millones de beneficiarios a funcionarios de deportación, según lo indicado el martes por el fiscal general de California, Rob Bonta. Este anuncio se realizó en el contexto de una demanda presentada por Bonta y los fiscales de otros 19 estados.

Los asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., autorizaron, el mes anterior, la entrega de un grupo de datos que contiene información sanitaria sensible de ciudadanos de California, Illinois, Washington y el Distrito de Columbia al Departamento de Seguridad Nacional. La AP reportó, primeramente, esta situación. Los estados mencionados permiten que personas sin nacionalidad estadounidense accedan a programas de Medicaid financiados con dólares de los contribuyentes estatales.

Este inusual intercambio incluyó datos privados como nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y reclamaciones de los inscritos. La entrega de esta información se produjo en un momento en que se intensificaron los esfuerzos del gobierno para aplicar leyes migratorias en todo el país. Expertos señalaron que esos datos podrían ser utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional en su campaña de deportaciones masivas.

Bonta enfatizó que esta acción gubernamental contraviene las normativas federales que protegen la privacidad de la salud, tales como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por su sigla en inglés). “Esto implica ignorar décadas de política que asegura que los datos de salud son confidenciales y únicamente se pueden compartir en circunstancias limitadas que beneficien el bienestar público o el programa de Medicaid”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

El gobierno federal se ha movido hacia un incremento en la provisión de datos sobre inmigrantes a funcionarios de deportación. Por ejemplo, en mayo, un juez negó una petición para impedir que el Servicio Interno de Impuestos compartiera información tributaria de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, facilitando así su localización y detención. En junio, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron su intención de revisar registros en varios estados para garantizar que no se hubieran utilizado fondos federales para costear la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”.

Como parte de esta revisión, dicha entidad solicitó a California, Washington e Illinois que compartieran información sobre personas sin nacionalidad inscritas en el programa de Medicaid en sus respectivos estados, conforme a un memorando firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, obtenido por la AP. Funcionarios de los centros de servicios, bajo la supervisión de Vitolo, emitieron dicho memorando.

Los representantes de los centros argumentaron que tal solicitud vulneraba la legislación federal, incluyendo la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974. Sin embargo, los designados por Trump en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) no consideraron estas objeciones legales relevantes. Cuatro días tras el envío del memorando, el 10 de junio, se ordenó al DHS la transferencia de los datos antes del cierre de jornada.

El HHS está “tomando medidas firmes contra estados que pudieran estar mal utilizando fondos federales de Medicaid”, indicó su portavoz, Andrew Nixon, defendiendo la regularidad de entregar la información a dicha agencia. En un comunicado, afirmó que el HHS actuó conforme a su autoridad legal, asegurando que los beneficios de Medicaid están reservados para quienes tienen derecho a ellos.

Decenas de legisladores demócratas, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, han enviado cartas a las entidades pertinentes solicitando que cesen las transferencias de datos y exigen que el Departamento de Seguridad Nacional destruya cualquier información que haya obtenido hasta el momento.

La periodista de AP, Olga R. Rodriguez, colaboró en este informe.

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con asistencia de inteligencia artificial generativa.

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