Corte Suprema de EE. UU. anula ley clave que defendía el voto de minorías por 60 años

WASHINGTON — El presidente Lyndon B. Johnson era consciente de la importancia de la legislación que estaba a punto de firmar, una ley que demandó valentía por parte de algunos miembros del Congreso, pues su votación podría costarles sus escaños.

Como un gesto simbólico, decidió firmar la Ley del Derecho al Voto en el Capitolio el 6 de agosto de 1965, cinco meses después del ataque conocido como "Domingo Sangriento", donde manifestantes por los derechos civiles fueron agredidos en Selma, Alabama. Esta ley se convirtió en un pilar para la protección del voto de las minorías y facilitó la elección de miles de representantes afroamericanos e hispanos a lo largo de los años.

Sin embargo, el miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una parte esencial de esta ley que había sido un baluarte contra la discriminación racial en el ejercicio del voto. Esta decisión se produce más de una década después de que el tribunal debilitara otro principio fundamental de la norma, lo que ha llevado a la implementación de leyes electorales restrictivas en varios estados. Activistas por los derechos civiles están alarmados ante las posibles repercusiones para las comunidades minoritarias.

"Esto significa que comunidades enteras pueden quedar sin representación", advirtió Cliff Albright, cofundador del grupo Black Voters Matter. "Nos está devolviendo a la era de Jim Crow sin ningún tipo de remordimiento, y no es una exageración".

El vicepresidente de la oficina de Washington del Brennan Center for Justice, Kareem Crayton, señaló que la continua erosión de la Ley del Derecho al Voto por parte del alto tribunal culmina con esta decisión, la cual equivale a "enterrarla sin funeral".

La anulación se produjo en el contexto de un caso relacionado con la redistribución de distritos en Louisiana, donde el estado había creado un segundo distrito que permitía la elección de un representante negro en el Congreso. La mayoría conservadora del tribunal determinó que este mapa era una manipulación inconstitucional, conocida como gerrymandering, al considerar la raza al trazar las demarcaciones. En su opinión, el juez Samuel Alito argumentó que la Sección 2 de la ley fue diseñada para proteger a los votantes de la discriminación intencional.

En su voto disidente, la jueza Elena Kagan resaltó que la carga de demostrar discriminación intencional es "una barrera casi insuperable" para que las impugnaciones relacionadas con derechos de voto prosperen. Expertos en derechos electorales han manifestado que este fallo deja a la Ley del Derecho al Voto como una sombra de lo que fue, permitiendo que los diseñadores de mapas políticos a todos los niveles socaven la representación de las minorías.

"Estamos presenciando el desmantelamiento del mayor hito legislativo de Estados Unidos a manos de una Corte Suprema de extrema derecha", expresó el representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres. Por su parte, Maria Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, añadió que la decisión fomentará una "fragmentación y concentración" de poblaciones para diluir sus votos en diversas esferas, desde distritos congresionales hasta juntas escolares.

Grupos de derechos civiles han convocado conferencias de prensa para condenar esta decisión y comprometerse a luchar contra sus efectos. Marc Morial, presidente de la National Urban League, enfatizó que esta situación no debería presentarse simplemente como una lucha política entre demócratas y republicanos, sino como un asalto directo a los avances del Movimiento por los Derechos Civiles.

La Ley del Derecho al Voto ha sido una herramienta crucial para combatir la dilución del poder del voto a lo largo de las décadas. Según Sherrilyn Ifill, profesora de derecho en la Universidad Howard, en 1970 había aproximadamente 1.500 funcionarios electos negros en el país, cifra que hoy supera los 10.000. Este crecimiento no es casualidad, sino resultado del uso de herramientas legales que la ley proporcionó a las comunidades afectadas.

La pérdida de representación en legislaturas estatales y el Congreso implica que las comunidades minoritarias podrían perder voz en temas vitales como la atención médica y la educación, advirtió Sophia Lin Lakin, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la ACLU.

La erosión de esta ley ha sido constante. La Corte Suprema ya había realizado cambios significativos en 2013, cuando dictó el caso Shelby County vs Holder, que eliminó la necesidad de que ciertos estados obtuvieran aprobación para realizar modificaciones en sus procesos electorales. Esto ha llevado a la aprobación de leyes restrictivas, especialmente en estados gobernados por republicanos.

Ahora, el futuro de la representación de las minorías está en la cuerda floja, especialmente en Louisiana, donde la decisión podría poner en riesgo al representante demócrata Cleo Fields. Los líderes republicanos ya planean posponer las primarias estatales del 16 de mayo para redibujar las circunscripciones.

Shomari Figures, quien ganó un escaño en Alabama tras la decisión del tribunal en 2023, comentó que aunque la decisión no afecta los distritos actuales, sí complica las pruebas de discriminación racial en futuros casos. Shalela Dowdy, residente de Alabama, expresó su preocupación por la posible reversión del distrito creado en 2023, que brindó mayor voz a los votantes negros.

"Poner esto en manos de los estados es peligroso", concluyó Dowdy. "Históricamente, los estados no han actuado en beneficio de su población".

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