Corte IDH aborda caso histórico de esterilización forzada en Perú

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) examinó el primer caso de esterilización forzada en Perú, en lo que representa un momento significativo en la lucha por los derechos humanos en la región. Este es el segundo caso que alcanza esta instancia internacional, relacionado con la muerte de una mujer rural en 1997, que fue objeto de tal procedimiento bajo un programa del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori.

Durante la audiencia pública celebrada en Guatemala, que formó parte del 176 período de sesiones de la Corte, se abordó la responsabilidad del Estado peruano en estos hechos. Los familiares de la víctima y los peritos presentaron sus argumentos, y se espera que una resolución se emita en aproximadamente ocho meses.

El caso en cuestión analiza la falta de justicia en Perú tras la muerte de Celia Ramos Durand, quien fue esterilizada a los 34 años y murió el 22 de julio de 1997, luego de sufrir complicaciones durante el procedimiento. Este tragedia ha llevado a cuestionar las políticas estatales y los derechos de las mujeres en el país.

Este es el primer caso relacionado con esterilizaciones forzadas que llega a la Corte IDH. Sin embargo, la Corte ya había dictado condena en 2016 al estado boliviano por un caso similar asociado a una mujer que fue esterilizada mientras seguía bajo anestesia tras una cesárea.

Celia Ramos formó parte de un Programa Nacional de Salud Reproductiva, que fue implementado durante el gobierno de Fujimori, vigente entre 1990 y 2000. En Perú, hay una investigación fiscal en curso sobre otros casos de esterilizaciones forzadas, iniciada en 2002 y que ha arrojado pocos resultados a lo largo de los años. En 2021, la fiscalía acusó a Fujimori y a varios exministros de Salud por su responsabilidad en la muerte de cinco mujeres, pero en 2024, el Poder Judicial ordenó volver a preparar la denuncia en función del nuevo código procesal penal.

La denuncia por estas esterilizaciones forzadas surge de una estrategia del estado peruano hacia mujeres de bajos recursos y comunidades indígenas con el argumento de controlar la pobreza y la natalidad. Kimberly Taylor, una doctora en Antropología que fue testigo en la audiencia, explicó que tras años de investigación, concluyó que se trató de un “programa estatal de discriminación”. Ella describió cómo las campañas se realizaban con la coacción de personal militar y ofrecían incentivos a las mujeres para aceptar los procedimientos de ligadura de trompas.

La familia de Ramos Durand sostiene que su consentimiento fue obtenido mediante coacción. Marisela del Carmen Monzón Ramos, su hija, expresó que el fallecimiento de su madre devastó la estructura familiar, resaltando la importancia de su figura maternal. Entre lágrimas, la hija subrayó el impacto que tuvo su ausencia en la vida familiar.

El perito propuesto por el Estado peruano, Dr. Eduardo Manuel Buendía, argumentó que existía documentación que mostraba que el consentimiento había sido firmado, y que no había evidencias de coerción. No obstante, los abogados de la familia sostuvieron que el Estado se negaba a entregar esa documentación y que los intentos de justicia hasta la fecha han sido insuficientes, con repetidos archivos del caso en diversas instancias judiciales.

La familia de Celia Ramos espera que la Corte IDH no solo reconozca su sufrimiento, sino que también se haga justicia por la responsabilidad del Estado. Es un llamado a la verdad y a la rendición de cuentas en un tema que ha afectado a miles de mujeres en Perú.

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