La Muni: por qué no hablar de ciertas cosas
06/08/2025 | 11:42Redacción Cadena 3
El mal olor en la ciudad de Córdoba puso en evidencia, una vez más, un problema estructural que trasciende este caso particular: la falta de transparencia en la gestión pública. La comunicación estatal en Córdoba, y en muchos otros niveles del gobierno, sigue siendo reactiva, parcial y, en muchos casos, insuficiente. Este episodio es solo un síntoma de un mal mayor: la opacidad con la que se manejan cuestiones fundamentales que afectan la vida de los ciudadanos.
Tomemos el caso de los controles de velocidad en Córdoba. La Municipalidad aplica multas por exceso de velocidad, pero no siempre explica por qué los controles se realizan en lugares donde los límites de velocidad son cuestionables o las señalizaciones no son claras. ¿Cómo puede un conductor respetar una norma si no está debidamente informado? Otro ejemplo fue el corte de calles por la entrega de premios Sur en Teatro San Martín, que paralizó la avenida Vélez Sarsfield durante casi 24 horas sin previo aviso, generando un caos predecible en una ciudad que depende de la fluidez del tránsito. Nadie informó, nadie explicó. La Municipalidad actuó como si los ciudadanos no merecieran saber.
Pero el caso más emblemático de esta opacidad es el número de empleados municipales. Según el ex intendente Ramón Mestre, durante su gestión (2011-2019) se redujo la planta de empleados de 14.500 a 11.900, con un promedio de 330 funcionarios. Sin embargo, señaló que la actual gestión duplicó esa cifra a 600 funcionarios y que los empleados municipales superarían los 22.000 o 23.000, frente a los 10.000 declarados ante la Caja de Jubilaciones de Córdoba. ¿Cómo es posible que una diferencia tan abismal no esté clara? Hablamos de una institución pública, no de un club privado. ¿Cuántos son los monotributistas? ¿Cuántos los becarios? ¿Cuántos los contratados? ¿Y las tercerizaciones? Nadie lo sabe con certeza.
El tema de las tercerizaciones es particularmente inquietante. Si la Municipalidad tiene empleados asignados a tareas como el mantenimiento de espacios verdes, pero luego contrata empresas externas para realizar ese trabajo, ¿Qué función cumplen esos empleados? Este esquema se repite en áreas como el transporte público, donde empresas concesionarias abandonan el servicio, pero los empleados terminan absorbidos por la Municipalidad o por empresas como Tamse, sin que la planta de personal se reduzca. Y luego están las consultoras y las organizaciones no gubernamentales que reciben contratos municipales. ¿Cuánta gente vive de un cheque de la Municipalidad? Es un misterio absoluto, un agujero negro informativo.
Esta opacidad no es exclusiva de Córdoba. Es un estilo de gestión que se repite en municipios, provincias y hasta en el ámbito nacional. En San Francisco, por ejemplo, el intendente aplicaba un modelo similar, donde la información sobre el empleo público era un enigma. Pero en una república, los ciudadanos debemos saber cómo se utiliza el dinero proveniente de impuestos, es un derecho. La información pública no es un activo que los gobernantes puedan manipular para su conveniencia política, ocultando lo que no les favorece o destacando solo lo que les beneficia. Es un servicio público, tan esencial como el agua o la luz.
Hoy, la tecnología permite que cualquier vecino pueda consultar con un clic cuántos empleados paga la Municipalidad, cuánto se gasta en sueldos y para qué se destinan esos recursos. No se trata de exponer nombres o datos personales, sino de brindar números claros y accesibles. Sin embargo, la voluntad de transparentar brilla por su ausencia. La falta de información no solo impide evaluar la eficiencia de la gestión, sino que erosiona la confianza en las instituciones. Si no sabemos si la Municipalidad tiene 10.000 o 22.000 empleados, ¿Cómo podemos juzgar si los servicios que recibimos justifican los impuestos que pagamos?
La transparencia no es un lujo, es una obligación republicana.
