El Inmobiliario de Llaryora viene con rebajas, pero ya no es lo que era

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Por Adrián Simioni

Pagar impuestos nunca es una buena noticia. Pero esta vez, al menos en Córdoba, el impuesto inmobiliario urbano llegó con una novedad que el Gobierno presenta como alivio fiscal. Y, en parte, lo es. Según datos oficiales, alrededor de la mitad de los contribuyentes pagará menos que el año pasado: unos 500 mil propietarios verán una rebaja nominal del 25%, que en términos reales —si se descuenta la inflación— es todavía mayor. Otros 140 mil pagarán exactamente lo mismo que en 2025, lo que también implica una baja real cercana al 30%.

Incluso entre quienes enfrentarán aumentos, el ajuste máximo será del 28,3%, apenas en línea con la inflación. El costo fiscal de esta decisión ronda los 11 mil millones de pesos y, aun así, la recaudación total por el inmobiliario crecería apenas 15%, muy por debajo de la inflación del último año. A eso se suman los descuentos al contribuyente cumplidor, al pago anual y al pago online, además de las exenciones para jubilados y sectores sociales alcanzados por beneficios especiales.

Hasta acá, todo parece ordenado y razonable. Pero como esta columna se llama "La quinta pata del gato", vale detenerse en lo que no se dice tan fuerte.

Con el nuevo esquema, una misma propiedad puede pagar montos radicalmente distintos según quién sea su dueño. Si el año pasado dos contribuyentes pagaban 100 por un inmueble idéntico, este año uno puede pagar 75 y el otro 128,3. La diferencia es del 71%. No por el valor del inmueble, no por su ubicación ni por sus características, sino por el perfil patrimonial del propietario.

El criterio es claro: si tenés una sola propiedad, accedés al beneficio; si tenés dos o más, quedás afuera y pagás el aumento pleno. Ahí aparece el cambio de fondo. El impuesto inmobiliario deja de ser estrictamente un impuesto real, que grava un bien concreto, para transformarse —implícitamente— en un impuesto a la riqueza del contribuyente. Ya no importa solo el inmueble, importa quién lo tiene y cuántos otros bienes posee.

Desde el punto de vista jurídico y conceptual, no es un detalle menor. El inmobiliario ya tiene elementos progresivos: los inmuebles de mayor valor pagan más, incluso con alícuotas algo más altas. Pero ahora se suma una presunción de riqueza que está fuera del propio bien gravado. Dos personas con la misma casa, el mismo valor fiscal y el mismo barrio pagan impuestos muy distintos.

La pregunta es inevitable: ¿sigue siendo el mismo impuesto? ¿O estamos ante un cambio de naturaleza encubierto? Si uno tuviera ánimo litigante, podría preguntarse si este esquema resiste un análisis constitucional, precisamente por romper el principio de igualdad ante situaciones objetivamente iguales.

Además, hay un efecto colateral difícil de ignorar. Cuando la brecha es tan grande, el sistema empieza a incentivar conductas para esquivarla: poner un inmueble a nombre de un familiar, fragmentar patrimonios, buscar atajos legales. No porque la gente sea especialmente ingeniosa, sino porque el propio diseño del impuesto empuja en esa dirección.

El Gobierno puede exhibir números, alivio fiscal y un mensaje político claro. Pero el impuesto inmobiliario cordobés ya no grava solo inmuebles. Grava, cada vez más, a las personas. Y eso no es un cambio menor.

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