La inversión prioritaria: personas y comunidades

Es habitual que en el ambiente de la política y de la economía se discurra sobre cuáles son los rubros que ameritan prioridad en cuanto a la demanda de inversiones.

También es común que las obras de infraestructura material ocupen los primeros lugares en las opiniones. La energía y las comunicaciones tienen un buen y fundamentado lugar en el podio de las preferencias de las dirigencias.

Pero debemos tener en cuenta que toda la infraestructura material tendrá sentido si existen personas con capacidad de usufructuar proactivamente de la misma. Su utilización adquiere plena justificación cuando existen personas con capacidad de usarla para generar valor en pro de su bienestar.

Son las personas con necesidades satisfechas y con previsibilidad de futuro las que habitualmente optimizan el uso de la infraestructura material, aportando esfuerzo y creatividad para la generación de abundantes nuevos y mejores bienes y servicios, obteniendo con ello mejores niveles de satisfacción y bienestar.

Concluimos que, de no existir personas con potencial de alcanzar plenitud en la satisfacción de sus necesidades, las infraestructuras materiales devienen subutilizadas por minorías o cuando no, ociosas.

Resulta necesario que la política y la economía apareen las prioridades de inversión en infraestructura material con las inversiones tendientes a generar una comunidad integrada por personas con potencialidad de plenitud.

Un programa de desarrollo económico debe obligadamente contemplar el crecimiento de la infraestructura material junto con el crecimiento de la infraestructura que demandan las acciones tendientes a lograr la igualdad de posibilidades de las personas para integrarse a su uso y goce.

Las personas con potencialidad de plenitud son el objeto y el medio por el cual se logra lo que llamamos el crecimiento económico.

Conviene entonces indagar sobre cuáles son los rubros prioritarios de lo que bien podemos llamar infraestructura de personas y comunidades. Al respecto observamos: la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la seguridad.

En cada uno de los rubros mencionados hay cuestiones esenciales que merecen ser destacadas para su atención.

La alimentación obliga a la atención de los sectores de menores recursos económicos, con programas que avienten los riesgos de desnutrición infantil y que propendan a que los suministros se realicen teniendo a las familias como protagonistas. Se trata de suministrar y capacitar para que el alimento llegue a destino con un aditivo imprescindible: el afecto.

El cuidado de la salud demanda una organización compleja, vasta y capilar que asegure el acceso a sus servicios a toda la población, sin distinciones devenidas de la capacidad retributiva de los demandantes. Para ello urge frenar el drenaje de recursos financieros que nominalmente están asignados a la salud, pero terminan siendo derivados a otros fines o drenados en corruptelas.

La educación requiere un replanteo de objetivos. No solamente es necesario ponerse al día con la capacitación en el uso de las nuevas herramientas que la tecnología ha puesto a disposición, sino que principalmente urge educar en valores. El respeto a la vida y a los derechos humanos deben encarnarse desde temprana edad para que se reflejen en una convivencia comunitaria armoniosa, con el diálogo como método de acordar y salvar diferencias de todo tipo.

La seguridad hoy tiene una amenaza de grandes dimensiones: la existencia de lo que bien podemos llamar la "economía del desvalor", que tiene a las adicciones como su objeto y origen. Una poderosa maquinaria, que ha acumulado riquezas incalculables y capacidad de corromper a todos los poderes institucionales, fomenta la existencia de una demanda de bienes y servicios nocivos para las personas. Las adicciones destruyen la voluntad de los individuos, condicionan su libertad, borran sus lazos afectivos, los convierten en seres incapaces de generar valor para su autosustentación y en una amenaza para su entorno.

En el tema de las adicciones, las políticas de seguridad deben conciliarse con las políticas de alimentación, cuidado de la salud y de la educación. Todo confluye en este punto: no se trata de proponer el aniquilamiento de la oferta de los bienes y servicios que la adicción insume, sino que también es imprescindible remediar y prevenir su demanda. Existe oferta, porque existe demanda.

Estamos acostumbrados a que toda vez que hablamos de políticas, pensamos en la acción de los distintos niveles estatales. Si bien es la política la disciplina que debe realizar la síntesis del bien común, la inversión en la infraestructura de personas y comunidades debe comprendernos y comprometernos a todos, cualquiera sea la tarea que desarrollamos.

Urge que la política en su conjunto, deponiendo rivalidades y confrontaciones degradantes, convoque a todos los actores sociales tales como iglesias y asociaciones de todo tipo (empresariales, sindicales, profesionales, científicas y del denominado tercer sector) para formular las pautas de políticas de Estado tendientes a asegurar la posible plenitud de las personas.

En este rubro, las iniciativas público-privadas resultarán imprescindibles.

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