Fue el ministro de la cuarentena. La cara visible del COE, de los anuncios de restricciones prolongadas y, también, de una campaña de vacunación impresionante. Surfeó escándalos de todo tipo: un memorándum mordaza para que los empleados sanitarios no hablaran con la prensa; la absurda negativa para que un padre pudiera ingresar en Córdoba para despedir a su hija antes de morir; una denuncia por un vacunatorio VIP en plena cuarentena; un médico trucho en el corazón del COE, con muertes a cuestas; y una atroz seguidilla de bebés muertos en el hospital Neonatal.
En medio del avance del coronavirus, Cardozo había ganado la atención de la opinión pública. Incluso, se lo describía como uno de los ministros más importantes del gobierno, con toda clase de alabanzas personales. Fue quizás este punto lo que le permitió durante un largo tiempo haber sobrevivido políticamente a los distintos escándalos.
Pero la espantosa historia en el interior del Neonatal que se empezó a develar en los últimos 15 días lo pusieron en una situación más que incómoda: el ministerio quedó en el centro de las sospechas judiciales y políticas por la hasta ahora incomprensible demora para radicar la denuncia formal a tiempo.
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Apenas el jueves 11 de este mes se conoció que el fiscal Raúl Garzón investigaba al menos cinco muertes más que sospechosas de bebés recién nacidos en el Neonatal, además de ocho casos en los que las criaturas sobrevivieron a gravísimas lesiones, el ministro Cardozo habló con Cadena 3 y reconoció que el Ministerio de Salud estaba al tanto desde hacía meses.
"Tuvimos el primer caso el 18 de marzo y ese primer caso nos alertó. Desde el 18 de marzo hasta el 6 de junio tuvimos 11 defunciones, en las cuales hubo cinco chicos sanos en los que no se condice en el estado en el que nacieron con la evolución que tuvieron. Nosotros judicializamos no sólo para que participe la Justicia sino para tener una autopsia".
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El dato, que en un primer momento intentaba dar una muestra de fortaleza institucional en este escándalo, terminó por ser letal para la suerte política (y es posible que también judicial) de Cardozo. ¿Cómo pudo ser que ante una seguidilla de muertes sin explicación dentro del Neonatal la Provincia no haya denunciado a la Justicia a tiempo?
La explicación oficial quedó envuelta en una serie de graves contradicciones. Cardozo dijo que su ministerio estaba al tanto de las muertes que comenzaron supuestamente el 18 de marzo, que se comenzó una investigación interna, administrativa, que los casos continuaron reproduciéndose y que para potenciar esta pesquisa propia, se incorporó al abogado Alejandro Escudero Salama, que comenzó a entrevistar a los empleados.
De marzo a junio se registraron estos 13 casos sin que la Justicia fuera anoticiada. ¿Cómo un hospital o un ministerio va a investigar por su cuenta las muertes dudosas sin dar aviso a quienes realmente deben investigar este tipo de casos?
El daño ha sido notable, coinciden ahora diversas fuentes que siguen bien de cerca la investigación del fiscal Garzón. No sólo que las muertes continuaron reproduciéndose mientras se efectuaba la presunta pesquisa administrativa, sino que no se preservaron pruebas claves, como residuos patógenos. Y en los tres primeros casos, ni siquiera se efectuaron las autopsias, por lo que se perdió una prueba esencial, que hoy es irrecuperable: con qué sustancia inocularon a esas criaturas.
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Cardozo, de manera ambigua, había asegurado que la Provincia sí fue la que denunció. Pero en Tribunales aseguran que esto no fue así.
Entre la noche del 6 de junio y la madrugada del 7, las dos últimas muertes registradas en la investigación hasta ahora fueron judicializadas por primera vez. No se trató de una preocupación institucional, sino que una médica se negó a firmar los certificados de defunción al no poder precisar la causa eficiente de los fallecimientos de esas criaturas.
Surge aquí una duda atroz: no se entiende el motivo por el que en las anteriores tres muertes, aún inexplicables, hubo médicos que sí firmaron esos certificados.
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Lo concreto es que en la noche del 6 de junio, una médica denunció la muerte sospechosa en la unidad judicial 18. Horas después, ya en la madrugada siguiente, un policía de guardia se presentó en la misma unidad judicial, ubicada a metros del Neonatal, y denunció una segunda muerte de una criatura recién nacida.
Una ayudante fiscal ordenó las autopsias de rigor y giró todo a la fiscalía de turno, la de Distrito 4 Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez (de licencia, reemplazada por Silvana Fernández). En esta fiscalía, jamás supieron hasta el 12 de agosto, que estas dos muertes estaban enmarcadas en ese contexto de una seguidilla más que llamativa y preocupante. Sólo tenían esos dos expedientes para averiguar si esos bebés habían muerto por causas naturales o por alguna otra cuestión. Pero jamás nadie de la Provincia le agregó esa información esencial para entender el dramatismo de lo que estaba sucediendo.
A todo esto, en los primeros días de julio, un particular (figura con nombre y apellido en la causa), se presentó en la Mesa de Entradas de Tribunales 2 para denunciar que tenía conocimiento de que en el Neonatal había más muertes que las consideradas "normales". Nunca trascendió qué nivel de precisión manejaba este denunciante. Esta causa fue a sorteo y recayó en la fiscalía de Raúl Garzón.
Ante esto, Garzón giró un oficio al Ministerio de Salud para que comenzara a responder algunas cuestiones claves. Y fue entonces, el 7 de julio, que la Provincia le blanqueó a la Justicia que ya estaba realizando una supuesta investigación administrativa desde hacía meses.
Pesquisa en la que presuntamente habían descartado que se hubiese tratado de un lote de vacunas o medicamentos adulterados, entre otras cuestiones. Incluso, se le respondió al fiscal que ya tenían un universo de 23 empleados bajo sospecha, de licencia (que luego se achicó a nueve). De ese grupo, surgió el nombre de la enfermera Brenda Agüero, que terminó imputada y detenida el viernes de la semana pasada.
El fiscal Garzón logró secuestrar varias historias clínicas, además de otra documentación, del interior del Neonatal. Pero la investigación tiene una mora que atenta contra sus potenciales resultados: algunos sectores del hospital, como la farmacia, sufrieron modificaciones, y es muy difícil establecer ahora si la escena del crimen (la sala de partos, la de las madres y la terapia intensiva) fueron alteradas o no.
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El viernes pasado, cuando acuso por homicidio (sólo por los dos casos del 6 de junio) a la enfermera Agüero, el fiscal Garzón también imputó por omisión de los deberes de funcionario público a la exdiretora del Neonatal, Liliana Asís, a la exjefa del Servicio de Neonatología, Marta Gómez Flores, y de Adriana Morales, a cargo del Departamento de Neonatología.
Estas imputaciones ponen en evidencia que el fiscal está analizando toda la cadena de responsabilidades en torno a la falta de denuncia judicial a tiempo. Y es aquí donde el nombre de Cardozo aparece en un lugar central, porque se descuenta que cada uno de los señalados responderá que le fue avisando a su superior.
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