Paz reducirá el salario de todo el gabinete para frenar las protestas en Bolivia

LA PAZ, Bolivia — En un intento por mitigar las crecientes protestas que demandan su renuncia, el presidente Rodrigo Paz anunció el lunes una drástica reducción de su salario y el de sus ministros, que se ajustará a la mitad. Además, el mandatario comunicó un perdón para las multas tributarias que afectan a los trabajadores informales. Esta decisión llega en medio de un clima de tensión social, con bloqueos que ya se extienden por cuatro semanas, provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles, así como un aumento en los precios.

El gobierno había intentado establecer un "corredor humanitario" para facilitar el paso de suministros básicos y vehículos atrapados en las rutas, pero la iniciativa fracasó ante la resistencia de algunos grupos que agredieron a fuerzas policiales y militares, según informes oficiales.

"Bolivia está en un momento delicado. Está en quiebra. Una minoría no puede gobernar. Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre. Estoy apostando por el diálogo y volveré a convocarlos", declaró Paz en la ciudad de Sucre. Sin embargo, su anuncio sobre cambios en el gabinete para incluir a sectores sociales no logró reducir la presión sobre su gobierno.

La Central Obrera Boliviana (COB), junto a sindicatos de campesinos y juntas vecinales que lideran las manifestaciones, no asistieron a la mesa de diálogo convocada el pasado domingo. La situación ha cobrado vidas, con cuatro fallecidos, tres de ellos por falta de atención médica a causa de los cortes, y uno más durante un operativo policial, según la Fiscalía, que ha iniciado investigaciones.

El presidente, quien carece de un partido político propio y de una base legislativa sólida, ha optado por no utilizar la fuerza pública ante la escalada del conflicto, y ha descartado la declaración de un estado de excepción, como demandan sectores empresariales. La falta de progreso en el diálogo ha mantenido polarizado al país, dividiéndolo entre quienes exigen su dimisión y quienes lo apoyan, pidiendo medidas más firmes para detener las protestas.

El obispo católico Giovanni Arana, que actúa como mediador en este conflicto junto a organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo, ha señalado que los esfuerzos por facilitar un diálogo "han caído en saco roto".

Por su parte, el expresidente Evo Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, ha propuesto la convocatoria de nuevas elecciones. El actual gobierno lo acusa de alentar y financiar las protestas, aunque analistas sostienen que Morales, enfrentando cargos judiciales, ha perdido capacidad de convocatoria y busca aprovechar la situación para recuperar protagonismo político.

Este lunes, una nueva marcha se dirigía al centro de La Paz, donde han tenido lugar violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía que resguarda la plaza Murillo, sede del Ejecutivo y el Legislativo. En las estaciones de servicio, largas colas de vehículos buscaban combustible, mientras que los líderes del transporte público denunciaban la falta de seguridad debido a los ataques a sus afiliados.

Según la Administradora de Caminos, el país reportaba el lunes un total de 54 puntos de bloqueo, la mayoría en La Paz. Varios analistas coinciden en que muchos de los movilizados apoyaron a Paz tras años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), atraídos por su promesa de ajustes graduales para superar la crisis económica más grave en cuatro décadas. "Hemos votado por Paz... y nos ha traicionado", expresó Esther Chura, dirigente agraria, mientras marchaba hacia La Paz.

El exgobernador de La Paz, Félix Patzi, advirtió que el problema ha dejado de ser reivindicativo para convertirse en político, sugiriendo que Paz debe redefinir su proyecto de gobierno incorporando a los sectores sociales que están en desacuerdo con su gestión.

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